Zapopan, Jalisco.— En un operativo coordinado entre fuerzas federales, cinco presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada con el tráfico de personas, narcotráfico, secuestro y extorsión fueron detenidos en el estado de Jalisco. La estructura criminal, identificada como afín al grupo conocido como La Nueva Empresa, mantenía operaciones directas en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, hacia Estados Unidos, utilizando métodos sofisticados como el empleo de túneles clandestinos para el cruce de migrantes.
La captura se concretó este viernes 28 de agosto de 2026, luego de que elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ejecutaron tres órdenes de cateo simultáneas en los municipios jaliscienses de Zapopan y Tonalá.
Como resultado de las diligencias ministeriales, las autoridades detuvieron a dos hombres y tres mujeres. Entre los aprehendidos destaca Ana Florella «N», alias «La Tía» y/o «Flor», señalada como presunta operadora clave de la red, junto con Gilberto «N», alias «El Loco»; Martha Samara «N», alias «La Fresa»; José de Jesús «N»; y Mayra Saraí «N». Durante las intervenciones en los inmuebles, los agentes federales aseguraron dos vehículos tipo camioneta, dinero en efectivo, 31 teléfonos celulares, tabletas electrónicas, equipos de cómputo, memorias USB, terminales de pago y tarjetas SIM, indicios que ya forman parte de la carpeta de investigación.
La desarticulación de esta célula pone de relieve la expansión de las redes delictivas transnacionales hacia las rutas migratorias del norte del país, evidenciando los riesgos crecientes que enfrenta la población en movilidad en las inmediaciones de Ciudad Juárez. La investigación ministerial apunta a que la organización no solo lucraba con el traslado irregular de personas mediante infraestructura subterránea, sino que diversificaba sus operaciones ilícitas a través de la privación ilegal de la libertad y la extorsión a los propios migrantes.
Tras el aseguramiento, los cinco imputados y los objetos confiscados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público federal adscrito a la FGR, autoridad que definirá su situación jurídica en las próximas horas, mientras que los inmuebles cateados quedaron sellados y bajo resguardo institucional.
