Washington, D.C.— En un giro geopolítico de proporciones monumentales para el mercado energético hemisférico, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que su administración concretó un acuerdo petrolero con Venezuela que otorgará a Estados Unidos el control mayoritario sobre más de 65,000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo. La transacción, negociada de manera conjunta por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en coordinación con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, busca reconfigurar el suministro global de energéticos y contener los altos precios de los combustibles.
De acuerdo con los detalles divulgados por un alto funcionario de la Casa Blanca, el entendimiento estructurado bajo una alianza con operadores privados otorga a Estados Unidos el control efectivo del 55 por ciento de la producción de una nueva empresa conjunta, perfilándola como la segunda petrolera privada más grande del mundo por volumen de reservas.
Con el respaldo institucional de Caracas, el acuerdo contempla concesiones a 100 años otorgadas a la iniciativa privada para la explotación de los yacimientos. El diseño financiero establece que el gobierno estadounidense se asegurará más de la mitad del valor del nuevo consorcio mediante participaciones accionarias y compromisos de compra garantizados a costo preferencial. Esta producción estará destinada primordialmente a reabastecer los menguados inventarios de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos y a satisfacer la demanda de las Fuerzas Armadas de la Unión Americana.
El anuncio presidencial ocurre en un momento de aguda presión económica y política en Washington, a casi dos meses de las elecciones intermedias y con un precio nacional de la gasolina que supera los 1.06 dólares por litro. Durante el último semestre, la confluencia de conflictos internacionales —particularmente la guerra con Irán— interrumpió una quinta parte del suministro mundial de crudo, vaciando las reservas comerciales y reduciendo los inventarios de emergencia estadounidenses a niveles no vistos desde principios de los años ochenta.
Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, defendió los términos del pacto al calificarlo como una victoria bilateral, señalando que para el pueblo venezolano representará la llegada de cerca de 100,000 millones de dólares en inversión privada, la creación de empleos mejor remunerados y un motor fundamental para la reconstrucción económica del país sudamericano, mientras la administración estadounidense confía en que la inyección de crudo logre estabilizar los mercados y aliviar el bolsillo de los consumidores norteamericanos.
