Boletas planchadas, puerta al fraude
La reciente controversia política en torno a las reglas de cómputo electoral ha colocado nuevamente en el centro del debate público la actuación del Instituto Nacional Electoral y la credibilidad de los comicios en el país. En este contexto, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, realizó una demostración física ante medios de comunicación para evidenciar la imposibilidad material de introducir una papeleta electoral en una urna sin que esta presente dobleces.
Durante su intervención en la sede legislativa, el líder partidista sostuvo que el criterio adoptado por la autoridad electoral respecto a las llamadas boletas planchadas —aquellas que se localizan dentro de los depósitos sin marcas de doblez— representa una amenaza directa para la legalidad de los procesos de votación. Con una papeleta en las manos, simuló el ejercicio de intento de introducción por la ranura convencional, demostrando físicamente que el tamaño del documento impide su paso a menos que sea doblado previamente por el ciudadano.
Este ejercicio busca visibilizar una contradicción técnica y logística. La premisa central de la denuncia radica en que cualquier papeleta localizada de forma completamente lisa en el interior de una urna debió ingresar por mecanismos ajenos al sufragio libre, tales como el relleno irregular de urnas. Históricamente, en procesos federales previos como los desarrollados en el año 2000, 2006, 2012, 2018 y 2024, la aparición de este tipo de documentos sin dobleces ha sido históricamente combatida e interpretada por los representantes de los partidos como un indicador de manipulación anómala, debido a que la dinámica ordinaria de votación obliga físicamente a doblar la boleta para sufragar en secreto y depositarla.
La decisión del órgano electoral de establecer un protocolo para revisar, separar y eventualmente contabilizar estos sufragios ha sido interpretada por la oposición como una flexibilización peligrosa que legaliza prácticas fraudulentas. Mientras los defensores de la medida argumentan que se busca dar cauce institucional a cualquier papel encontrado para evitar la anulación injustificada de votos emitidos por ciudadanos, los críticos señalan que esto abre la puerta a la convalidación de bloques de votos impresos e introducidos masivamente sin la participación del electorado.
Ante este escenario, la dirigencia del partido tricolor anunció que interpondrá los recursos legales correspondientes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de llevar el caso ante instancias internacionales para denunciar lo que califican como un riesgo sistemático para la democracia mexicana. La discusión sobre la manipulación física del material electoral subraya la tensión permanente entre los partidos de oposición y las autoridades encargadas de organizar y calificar las elecciones, exigiendo mayor rigor técnico y transparencia en los criterios de fiscalización y cómputo de votos.
Este video muestra la postura y los argumentos del partido sobre la decisión del instituto electoral respecto a las papeletas sin doblez.
Arranca el calendario electoral
El tablero chihuahuense de cara al proceso electoral 2026-2027 dibuja una compleja arquitectura de contrastes regionales y fracturas internas que definen la ruta hacia la gubernatura. En este contexto, se inicia formalmente el calendario electoral y tanto Cruz Pérez Cuéllar como Andrea Chávez ya cuentan con licencia de sus cargos públicos para buscar la candidatura. A diferencia de las lecturas nacionales centradas en variables macroeconómicas o de seguridad general, la contienda en el estado se articula en función del desempeño administrativo de los alcaldes y de la habilidad de los partidos para suturar sus propias fisuras territoriales.
Por un lado, el Partido Acción Nacional (PAN) arriba con una ventaja táctica clara en la definición de su carta principal: Marco Bonilla se perfila como un candidato competitivo y consolidado para la gubernatura, respaldado por el balance de su gestión en la capital. No obstante, el blanquiazul enfrenta un punto débil geográfico al carecer de perfiles con el mismo peso competitivo en Ciudad Juárez, la plaza electoral más densa e indispensable del estado. Ante este escenario, la estrategia panista apuesta por el contraste directo de resultados entre administraciones, desafiando al electorado a evaluar la eficiencia operativa de los gobiernos locales frente al oficialismo.
En la acera opuesta, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) experimenta una dinámica inversa y accidentada. Aunque el partido guinda lidera las preferencias generales en Chihuahua, lo hace en medio de una fractura abierta y pública entre sus dos cartas fuertes: Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez. Esta polarización interna ha generado un cisma en la estructura partidista; mientras Morena padece una notable escasez de cuadros competitivos con arraigo en la ciudad de Chihuahua, en la frontera norte concentra su mayor bastión de fuerza a través de Pérez Cuéllar.
Así, mientras el PAN articula su proyecto en torno a la contundencia de sus gobiernos municipales y perfiles definidos, Morena navega con su precandidato puntero —aún sin amarrar la designación definitiva— apostando el todo por el todo a la maquinaria de control territorial y a la poderosa capacidad de movilización el día de la jornada electoral, en una disputa donde las cicatrices de la selección interna amenazan con fracturar su votación.
Dura disputa política en Baja California
La revelación periodística sobre una presunta investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de la senadora con licencia Julieta Ramírez desató un cruce de acusaciones sobre los límites entre el periodismo, la presión electoral y la seguridad binacional.
Por un lado, el reportaje de la unidad de investigación N+ Focus reveló que la aspirante de Morena a la gubernatura de Baja California aparece como firmante en un acuerdo preliminar de colaboración, conocido como proffer agreement, vinculado a expedientes abiertos desde 2022 en San Diego. Este mecanismo jurídico es utilizado por fiscales estadounidenses para evaluar si una persona investigada puede aportar información útil a cambio de condiciones específicas, aunque no equivale por sí mismo a una acusación judicial formal en un tribunal.
Por otro lado, la respuesta de la clase política oficialista fue inmediata y frontal. La propia legisladora negó categóricamente los señalamientos, los calificó como una farsa elaborada para dañar su imagen y retó públicamente a los medios a mostrar el documento físico original. Asimismo, la dirigencia nacional de Morena y coordinadores parlamentarios salieron en su defensa, argumentando que se trata de una campaña coordinada de desprestigio impulsada por adversarios políticos para frenar su avance en el proceso sucesorio rumbo a 2027.
En el fondo, el episodio refleja el impacto de las filtraciones vinculadas a agencias extranjeras en las disputas partidistas mexicanas. Mientras la oposición utiliza los indicios periodísticos para cuestionar la probidad de los perfiles en funciones, el oficialismo los encapsula dentro de la categoría de guerra sucia electoral, evidenciando que la frontera norte se ha convertido en un escenario sensible donde los tiempos judiciales de Estados Unidos y los tiempos políticos locales convergen de manera inevitable.
