Culiacán, Sinaloa.- El gobernador Rubén Rocha Moya confirmó este martes que el municipio de Badiraguato, epicentro histórico del narcotráfico y tierra natal de Joaquín «El Chapo» Guzmán, ha sido escenario de ataques con drones cargados de explosivos, lo que ha desatado un éxodo masivo de familias aterrorizadas por la presencia de estos dispositivos aéreos utilizados por grupos criminales rivales. En una entrevista concedida el 28 de octubre, el mandatario estatal reveló que operativos de seguridad han permitido el decomiso de múltiples drones, mientras las autoridades atienden a cientos de desplazados que han huido de comunidades enteras en la sierra.
Rocha Moya describió el fenómeno como «repentino», destacando que «la gente les tenía miedo» a los drones, que no solo vigilan movimientos sino que lanzan artefactos explosivos para amedrentar y controlar territorio. «Se ha dado un fenómeno repentino de desplazamiento y lo hemos estado atendiendo. Hay un operativo allá y se han decomisado muchos drones, en efecto los estaban utilizando», afirmó el gobernador ante medios locales, al tiempo que subrayó que la situación «ya quedó atendida» gracias a la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública y fuerzas federales. Estos incidentes, que comenzaron a intensificarse desde septiembre, representan un salto cualitativo en la violencia interna del Cártel de Sinaloa, donde facciones como Los Chapitos y La Mayiza —liderada por figuras como Fausto Isidro Meza Flores, «El Chapo Isidro», y Ismael Zambada Sicairos, «Mayito Flaco»— disputan el control de rutas y plazas con tácticas de guerra moderna.
Bombardeo a la ‘Casa Rosa’: el símbolo atacado
Uno de los episodios más impactantes ocurrió en la comunidad de La Tuna, donde un video de 24 segundos, difundido ampliamente en redes sociales, capturó el momento en que un dron sobrevuela y lanza un explosivo contra la «Casa Rosa», la humilde vivienda pintada de rosa donde vivió María Consuelo Loera Pérez, madre del Chapo Guzmán, hasta su fallecimiento en diciembre de 2023 por complicaciones relacionadas con el COVID-19. En las imágenes, grabadas desde la perspectiva del operador del dron, se observa el aparato aproximándose a la estructura —reconocible por su color y su entorno rural con vegetación espesa— antes de soltar el dispositivo cerca de la entrada principal. Voces en off, con tonos de euforia y crudeza, comentan la acción: «Rico, a su put* madre», «Tiene que tronar, tiene que trunar el piso», «Cayó un ladito, cabrón», revelando la tensión y el cálculo detrás del ataque. Aunque no se registra la explosión en el clip, el impacto psicológico ha sido devastador, simbolizando la escalada en la disputa por el legado de la familia Guzmán, actualmente ocupada por Aureliano Guzmán Loera, «El Guano», hermano del Chapo.
Este bombardeo, cuya fecha exacta no ha sido precisada por las autoridades pero que trascendió este lunes, no es aislado. Habitantes de Bacacoragua, otra comunidad en Badiraguato, reportaron que los ataques con drones iniciaron el 16 de septiembre, obligando a familias enteras a abandonar sus hogares en medio de la noche por el zumbido constante de estos aparatos. «No podíamos dormir, era como un enjambre de avispas mortales», relató una vecina anónima que huyó con sus hijos, según testimonios recogidos por medios locales. La zona, enclavada en la serranía sinaloense, se ha convertido en un tablero de ajedrez letal, con accesos bloqueados por grupos armados y cortes de energía que aíslan aún más a los pobladores.
Decomisos en campamentos: el arsenal aéreo del crimen
Las fuerzas de seguridad no han permanecido inertes ante esta amenaza aérea. El pasado 6 de octubre, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa irrumpió en un campamento clandestino en Badiraguato, donde hallaron un arsenal destinado a la fabricación y uso de drones armados. Entre los decomisos figuran siete drones inhabilitados, 10 cargadores con 250 cartuchos útiles, material táctico variado y componentes para armar artefactos explosivos improvisados. Además, se descubrió un área de almacenamiento con sustancias químicas, incluyendo 27,800 litros de propilenglicol en tambos y bidones, un químico comúnmente usado en la elaboración de explosivos caseros. Elementos del Ejército mexicano, en recorridos por poblados como San José del Llano, Soyatita y Huixiopa, fueron quienes localizaron estos sitios, desmantelando lo que parecía una base operativa para lanzar ataques coordinados desde la sierra.
Estos hallazgos confirman el uso sistemático de drones por parte del crimen organizado, una táctica que ha evolucionado de la mera vigilancia a ofensivas directas, similar a lo reportado en otros focos de violencia como Tepuche, a 20 kilómetros al norte de Culiacán. El gobernador Rocha enfatizó que estos operativos, en curso desde hace semanas, buscan neutralizar la capacidad aérea de los grupos, aunque admitió que la guerra interna ha dejado un saldo trágico: más de 1,800 muertos y 2,400 desapariciones forzadas en Sinaloa desde septiembre de 2024, tras la captura de Ismael «El Mayo» Zambada en Estados Unidos, un evento que desató la fractura en el cártel.
Éxodo forzado: familias sin refugio en la capital
La estela de terror ha provocado un desplazamiento sin precedentes, con decenas de familias abandonando sus comunidades en Badiraguato ante la imposibilidad de conciliar el sueño bajo la sombra de los drones. Pueblos como Huixiopa, La Tuna, Bacacoragua, La Lapara, El Chorro, La Palma, Potrero de la Vainilla, San José del Barranco y Sabanillas han quedado semidesiertos, controlados por células armadas que imponen vigilancia permanente y bloquean caminos. Cifras oficiales hablan de al menos 100 familias afectadas, equivalentes a unas 450 personas, aunque organizaciones civiles elevan la estimación a más de 700 individuos en fuga.
Estos desplazados han recalado en Culiacán, la capital sinaloense, donde sobreviven en albergues improvisados, casas de familiares o campamentos espontáneos junto al basurero municipal, dependiendo de comedores comunitarios para alimentarse y careciendo de acceso a educación, atención médica y servicios básicos. La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides) ha desplegado brigadas para asistirlos, pero el gobernador Rocha reconoció que el fenómeno «nos dio un susto» por su rapidez. En la última semana, el estado ha registrado medio centenar de asesinatos, principalmente en Culiacán, donde el 88.3% de la población se siente insegura, según datos del INEGI de septiembre.
Esta oleada de violencia, que transforma la sierra en un campo de batalla tecnológica, pone en jaque la frágil paz de Badiraguato, un municipio que alguna vez fue sinónimo de poder narco y ahora clama por protección estatal. Mientras los drones zumban en el horizonte, las familias rezan por un cese al fuego que parece cada vez más lejano.
