Chihuahua, Chih.- Elementos de la Guardia Nacional continúan deteniendo a conductores de la plataforma Uber y asegurando sus automóviles en los aeropuertos de Chihuahua y Ciudad Juárez, en clara desobediencia a una resolución federal que les permite operar libremente, denunció el diputado local Francisco Sánchez Villegas, coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano. Al menos diez intervenciones de este tipo se han registrado en las últimas horas, afectando no solo a los trabajadores digitales sino también a los pasajeros que optan por estos servicios en las terminales aéreas.
La escalada de estas acciones federales se produce apenas dos días después de que una jueza federal emitiera una suspensión definitiva a favor de Uber, prohibiendo expresamente a la Guardia Nacional realizar detenciones por recogidas o entregas de usuarios a través de la aplicación en más de 70 aeropuertos del país, incluyendo los de la región norte. El fallo, dictado por la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa, responde a un juicio de amparo interpuesto por la empresa desde hace más de una década, argumentando la falta de sustento legal en tales operativos. La medida provisional se mantendrá vigente hasta la resolución definitiva del caso, y Uber la ha calificado como un paso clave para modernizar la movilidad en México, especialmente de cara a la Copa Mundial de Fútbol 2026 que albergará el territorio nacional.
Acusaciones de contubernio con taxistas aeroportuarios
Sánchez Villegas no escatimó en críticas al calificar las detenciones como «una violación absoluta a la suspensión definitiva otorgada por un juez federal», y exigió a las autoridades federales un inmediato cese de hostilidades contra los prestadores de servicios digitales. «Es momento de que estas autoridades respeten esta suspensión y que permitan la prestación del servicio de estas plataformas a los usuarios de los aeropuertos», enfatizó el legislador durante una conferencia de prensa este miércoles, donde detalló que los operativos coinciden sospechosamente con los reclamos de las compañías de taxis concesionados en las terminales, que han perdido cuota de mercado ante la competencia de apps como Uber.
El diputado naranja fue más allá al advertir sobre un posible «contubernio» entre la Guardia Nacional y los taxistas del aeropuerto, sugiriendo que las acciones de los elementos federales responden a presiones de intereses económicos locales en lugar de a un mandato legal. «Tal pareciera que existe una colaboración indebida, ya que las detenciones benefician directamente a esas empresas que no están respetando la resolución judicial», apuntó, subrayando que esta intromisión irregular no solo pone en riesgo los ingresos de cientos de choferes en Chihuahua —muchos de ellos jefes de familia dependientes de la plataforma—, sino que también vulnera el derecho de los ciudadanos a elegir libremente su medio de transporte al llegar o partir de las ciudades.
Exhorto legislativo para blindar el estado de derecho
Ante esta situación, Sánchez Villegas anunció que impulsará un Punto de Acuerdo en el Congreso del Estado de Chihuahua, dirigido tanto a la Guardia Nacional como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno Federal, para obligar el acatamiento inmediato de la suspensión judicial y garantizar el respeto al marco legal. La iniciativa, que podría someterse a votación en los próximos días, busca además instar al Ejecutivo federal a actualizar las normativas en materia de transporte digital, alineándolas con la realidad tecnológica y turística del país.
El legislador de Movimiento Ciudadano insistió en que estas violaciones no son aisladas, sino parte de un patrón de resistencia por parte de autoridades y sectores tradicionales ante la irrupción de las plataformas digitales, que han democratizado el acceso al transporte en zonas como los aeropuertos, donde los taxis concesionados suelen cobrar tarifas elevadas. Fuentes de Uber consultadas por este medio recordaron que el fallo judicial aplica estrictamente a viajes iniciados vía app dentro de las zonas aeroportuarias, y reiteraron su llamado a las instancias federales para que promuevan regulaciones inclusivas que fomenten la conectividad, vital para eventos como el Mundial 2026 que atraerá millones de visitantes a México.
Hasta el cierre de esta edición, ni la Guardia Nacional ni la SCT habían emitido un posicionamiento oficial sobre las denuncias, aunque el tema ya genera revuelo en círculos legislativos y empresariales de la entidad, donde la economía del transporte representa un pilar clave para la recuperación post-pandemia.
