ASE la unanimidad que no convence
La ratificación por unanimidad de Héctor Acosta Félix como titular de la ASE en Chihuahua suena a un gran acto de concordia institucional, pero huele a pacto de impunidad disfrazado de madurez política. Cuando todos los partidos –del PAN al PRI pasando por Morena– cierran filas para mantener al mismo auditor, lo que realmente parece protegerse no es la transparencia, sino la certeza de que nadie será tocado de verdad. En un estado donde César Duarte saqueó miles de millones y donde Javier Corral prometió cárcel y terminó entregando medias cuentas, que PAN y Morena voten lo mismo solo confirma que la lucha anticorrupción es un espectáculo selectivo: se persigue al adversario de ayer, pero se cuida al funcionario que puede tener carpetas abiertas contra todos.
Corral y el espejo que no quiere ver
Resulta casi cómico que Javier Corral, el gran cruzado anticorrupción que llegó prometiendo limpiar Chihuahua y se fue dejando un estado igual o más endeudado que con Duarte, ahora se rasgue las vestiduras porque ratificaron al auditor que señaló sus propios desmanes. Sus amenazas de investigaciones federales suenan más a berrinche que a defensa de la legalidad. Pero el reclamo tiene un fondo de verdad que Morena prefiere ignorar: si sus diputados votaron a favor es porque saben que, en el fondo, Acosta Félix nunca será un peligro real para los grupos que hoy controlan el Congreso. Al final, la “madurez institucional” que celebra Olson San Vicente no es otra cosa que el acuerdo tácito de las élites chihuahuenses: todos tienen cola que les pisen, así que mejor mantener al perro guardián que ladra mucho… pero no muerde a nadie de los suyos.
Inconsistencias en la militancia de Morena
La postura de Javier Corral como senador de Morena sin estar afiliado al partido revela una profunda hipocresía en el sistema político mexicano. Mientras critica duramente a la bancada local por ratificar a un funcionario con supuestos lazos «MaruDuartistas», él mismo se beneficia de la estructura partidista sin comprometerse formalmente. Esta ambigüedad no solo debilita la cohesión interna de Morena, sino que también expone cómo figuras oportunistas utilizan el movimiento para avanzar agendas personales, traicionando los principios de lealtad y transformación que el partido pregona. Esta situación subraya la crisis de identidad en Morena, donde la militancia se convierte en un accesorio opcional para el poder.
La ratificación de Acosta Félix
La decisión unánime de ratificar a Héctor Acosta Félix como titular de la ASE, a pesar de las acusaciones de investigaciones por la FGR y la ASF, representa un acto de cinismo político que contradice los ideales anticorrupción de Morena. Cuauhtémoc Estrada defiende esta elección alegando un «análisis interno» y «responsabilidad legislativa», pero omite abordar las graves imputaciones que lo ligan a gobiernos panistas anteriores. Esta ratificación no solo perpetúa posibles redes de impunidad, sino que también erosiona la credibilidad del partido, revelando cómo intereses priman sobre la ética. Esto ilustra el doble rasero en la política mexicana, donde la «idoneidad» se mide por conveniencias en lugar de por integridad.
La «lucha» selectiva de Corral
Javier Corral, quien durante cinco años se autoproclamó paladín de la lucha anticorrupción, hoy critica con furia al auditor Héctor Acosta precisamente por investigar un presunto desvío de más de 90 millones de pesos ocurrido bajo su propia administración. Resulta grotesco que el exgobernador, que utilizó la Fiscalía Anticorrupción como garrote político contra sus adversarios, ahora se presente como víctima cuando las instituciones que él mismo ayudó a crear le piden cuentas. Su discurso de “manos limpias” se desmorona ante la evidencia de que la corrupción que combatió con tanto teatro era, en realidad, selectiva: feroz contra los opositores y complaciente con los propios. El hipócrita de Corral parece olvidar que fue él quien llevó a ASE a su amigo de décadas Héctor Acosta.
El Congreso que todo lo aprueba y nada fiscaliza
El coordinador del PAN, Alfredo Chávez, presume que la ratificación de Acosta Félix fue unánime porque “todas las bancadas” reconocieron su perfil técnico. Lo que omite es que ese mismo Congreso, dominado por una mayoría que incluye a su partido, lleva años funcionando como notaría de los ejecutivos estatales, aprobando cuentas públicas con observaciones millonarias sin mayor consecuencia. La unanimidad que tanto celebra no es prueba de independencia institucional, sino de un pacto tácito entre partidos para protegerse mutuamente. En Chihuahua, la “imparcialidad” del auditor parece consistir en no molestar demasiado a quien esté en turno.
El auditor designado por Corral ahora lo persigue
Es casi cómico el argumento de Chávez: Héctor Acosta fue nombrado en el sexenio de Corral, ergo el exgobernador no tiene autoridad moral para cuestionarlo. Lo que revela esa defensa es la lógica perversa del sistema político: los funcionarios no responden a la ley ni a la ciudadanía, sino a quien los designó. Si Acosta investiga hoy a Corral es porque cambió de amo, no porque de pronto le haya nacido una vocación fiscalizadora. El auditor no es un técnico imparcial; es un operador que, según convenga al bloque en el poder, puede archivar carpetas o reabrirlas. La institución no se fortaleció; simplemente cambió de patrón.
Los 90 millones que Corral no quiere explicar
El meollo del asunto sigue siendo el presunto desvío de más de 90 millones de pesos en una supuesta reestructura de deuda que nunca pasó por el Congreso. Ni Corral ha dado una explicación convincente, ni el actual gobierno de Maru Campos ha mostrado interés real en aclararlo. El PAN, que hoy exige respuestas con tono de escándalo, guardó un silencio cómplice cuando esos recursos se pagaron sin autorización legislativa. En Chihuahua la anticorrupción es un arma de campaña: se esgrime con furia contra el adversario y se guarda discretamente cuando toca a los amigos. Al final, los únicos que pagan la fiesta son los ciudadanos, mientras los actores políticos se turnan el papel de víctima y verdugo según les convenga el guion.
El viejo truco del “acuerdo con los nuestros”
Arturo Zubía denuncia lo que en política mexicana ya es un clásico: el gobierno federal negocia con un grupo minoritario afín (en este caso productores cercanos a Morena) y luego vende el resultado como “consenso del sector agrícola de Chihuahua”. No es la primera vez que se usa esta táctica: se elige a interlocutores que ya están domesticados, se les da micrófono, se firma un papelito y se declara que “ya se escuchó a los productores”. El resto queda fuera de la mesa y, de paso, desacreditado como “radical” o “opositor”. Es una maniobra de legitimación express que evita el verdadero conflicto y convierte la reforma en un hecho consumado.
Cuatro horas en la antesala, cero en la mesa
El contraste es brutal: la comitiva oficial del Congreso de Chihuahua espera cuatro horas y no la reciben; en paralelo, un grupo de productores “de confianza” entra, dialoga y sale con acuerdo firmado. No se necesita ser genio para entender la señal: quien no está alineado con el régimen simplemente no existe en la agenda federal. Esta exclusión deliberada no solo humilla al Poder Legislativo estatal (de mayoría opositora), sino que deja claro que la Secretaría de Gobernación no busca acuerdos reales, sino fotografía de unidad. El mensaje a los agricultores inconformes es directo: o se subordinan a los interlocutores designados por el gobierno, o quedan fuera del diálogo… y de cualquier posibilidad de incidir en una ley que les puede quitar el agua.
Observaciones “fraguadas” y un documento fantasma
Zubía va más allá y acusa que algunas de las “observaciones” que supuestamente se incorporarán a la reforma fueron cocinadas de antemano para justificar los cambios que el gobierno ya quería meter. Es la versión 2025 del “diálogo circular”: se simula escuchar, se redactan minutas con propuestas que en realidad benefician al proyecto original y se presenta todo como gran concesión. Mientras tanto, los verdaderos afectados siguen sin ver el texto final. Esa opacidad es la garantía de que la reforma pasará con las modificaciones más lesivas intactas, envueltas en el papel regalo de un supuesto consenso que nunca existió.
Más impuestos, menos empleo
El anuncio del Gobierno de Chihuahua de subir el Impuesto sobre Nómina del 3% al 4% no es una medida fiscal aislada; es la reedición del manual priista clásico que se copió y perfeccionó: cuando no alcanza el dinero, en lugar de recortar el gasto clientelar, se le echa la mano al bolsillo del que genera empleo. Un aumento del 33% en un solo jalón, disfrazado de “financiamiento para infraestructura”, llega precisamente cuando el paquete federal 2026 ya trae nuevos impuestos y derechos que golpean a las mismas empresas. El mensaje es claro: el sector productivo es visto como cajero automático del gobierno, no como aliado estratégico. En un estado que presume nearshoring y que compite con Texas por inversión, esta decisión es un autogol de proporciones épicas.
Pequeñas y medianas empresas: las grandes perdedoras (otra vez)
El CCE tiene razón en un punto irrebatible: el ISN es el impuesto más estúpido que puede existir si el objetivo real es generar empleo. Gravas directamente el acto de contratar gente; es como cobrarle extra al campesino por cada hectárea que siembra. El daño no lo absorben las maquiladoras grandes con márgenes holgados; lo pagan las pymes que representan más del 90% de las unidades económicas en Chihuahua y que ya operan con utilidades raquíticas. Cuando sumas el 1% adicional estatal al nuevo paquete de impuestos federales, muchas empresas medianas pasarán de la zona de supervivencia a la de cierre o despidos. El gobierno habla de “infraestructura”, pero lo que está construyendo es una escalera hacia la informalidad y el desempleo.
La gran ausente: la austeridad republicana que nunca llegó
Antes de pedirle un peso más al sector productivo, el gobierno de Maru Campos debería hacer lo que prometió en campaña: revisar el gasto corriente, eliminar duplicidades, transparentar los fideicomisos y reducir la burocracia dorada que sigue creciendo. El CCE lo dice con toda claridad: optimicen primero lo que ya tienen. Es increíble que en 2025 sigamos escuchando la misma excusa de siempre (“necesitamos más recursos”) sin que nadie presente una auditoría seria del gasto ejercido en los últimos cuatro años. La inclusión que ahora piden los empresarios en la mesa de análisis no es un capricho: es una exigencia democrática elemental. Si el gobierno insiste en tratar al sector productivo como enemigo en lugar de socio, Chihuahua terminará pagando muy caro el precio de su propia miopía fiscal.
