La diligencia, que se realizó de manera virtual, tenía como objetivo principal resolver la impugnación presentada por sobrevivientes de presuntos abusos contra la determinación de la Fiscalía General de la República (FGR) emitida en junio de 2025. En esa fecha, durante la gestión del entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, la dependencia resolvió no ejercer acción penal en la investigación abierta desde 2019 por los delitos de delincuencia organizada y trata de personas. La FGR argumentó en su momento que los hechos denunciados no encuadraban jurídicamente en esos tipos penales, pese a que la carpeta incluía testimonios de víctimas, peritajes y evidencias recabadas durante siete años.
Ahora, bajo la administración de la fiscal general Ernestina Godoy, la propia dependencia federal respalda la solicitud de las víctimas para que el juez revoque esa resolución. De prosperar la impugnación, la FGR podría reabrir las indagatorias y, eventualmente, formular imputaciones contra Joaquín García y otros líderes de la iglesia. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves en su conferencia matutina que Godoy se ha acercado directamente a las denunciantes y busca “que se revoque el no ejercicio de la acción penal” para continuar con la investigación. “Si se revoca, la fiscalía va a continuar con la investigación”, precisó la mandataria.
Las víctimas, entre la esperanza y la desconfianza
El caso remite a denuncias presentadas en 2019 por exintegrantes de la congregación, entre ellas Sochil Martín y Sharim Guzmán, quienes acusaron a Joaquín García y a un círculo cercano de integrar una red de explotación sexual y control que habría afectado a decenas de fieles, incluidas menores de edad. Las quejas llegaron a la FGR tras el arresto de Naasón Joaquín García en junio de 2019 en California, Estados Unidos, donde fue procesado por cargos de abuso sexual. En 2022, el líder religioso se declaró culpable ante un tribunal de Los Ángeles de tres cargos relacionados con abuso de menores y fue condenado a 16 años y ocho meses de prisión. Actualmente cumple esa sentencia en una cárcel californiana y enfrenta además cargos federales adicionales en Nueva York por conspiración de crimen organizado y tráfico sexual.
En México, sin embargo, la investigación federal parecía haber llegado a un punto muerto con la resolución de junio de 2025. Las víctimas calificaron esa decisión como un “carpetazo” y una traición. “Me siento engañada. Me robaron la esperanza”, declaró Sochil Martín en entrevista reciente. La activista y exintegrante de La Luz del Mundo, junto con su esposo Sharim Guzmán, ha insistido en que la FGR reconoció la existencia de hechos que podrían constituir delito pero optó por no perseguirlos penalmente. “No puedes decir que no hay delito y al mismo tiempo admitir que sí hay hechos que podrían serlo”, señaló por su parte Ada Camarena, otra exmiembro y creadora de contenido que ha documentado el caso.
Las denunciantes sostienen que las pruebas aportadas —testimonios, documentos financieros y peritajes psicológicos— eran suficientes para avanzar. Además, argumentan que la impunidad en México contrasta con la condena obtenida en Estados Unidos, donde sus declaraciones fueron clave. “El problema es que en México hay un casamiento, un pacto, entre el Gobierno y La Luz del Mundo”, reprochó Martín, quien en septiembre pasado entregó una carta a Sheinbaum pidiendo celeridad en el caso.
La Iglesia La Luz del Mundo, fundada en 1926 por Aarón Joaquín González en Guadalajara, cuenta con millones de fieles en varios países y su sede principal, conocida como La Hermosa Provincia, se ubica en la zona metropolitana de la capital jalisciense. Joaquín García asumió el liderazgo en 2014 tras la muerte de su padre, Samuel Joaquín Flores. La congregación ha negado sistemáticamente las acusaciones y mantiene que se trata de persecución religiosa. Sus abogados han cuestionado la validez de las denuncias y han pedido en diversas ocasiones el cierre definitivo del expediente.
Con la audiencia diferida al 27 de abril a las 17:15 horas en el mismo complejo de Puente Grande, el futuro del caso queda en suspenso. Si el juez falla a favor de las víctimas, la FGR retomaría las pesquisas, lo que podría incluir nuevas diligencias, citatorios y, eventualmente, órdenes de aprehensión. De lo contrario, el no ejercicio de la acción penal se mantendría y el expediente quedaría archivado en México, pese a la condena en Estados Unidos y las insistentes demandas de justicia de las sobrevivientes.
Por ahora, las víctimas y sus representantes legales se preparan para analizar a fondo el expediente en las próximas dos semanas. “Vamos por la impugnación directa porque están revictimizando a las víctimas”, afirmó Guzmán en días recientes. El desenlace de esta diligencia no solo definirá si se reactiva la investigación federal, sino que también pondrá a prueba el compromiso de las nuevas autoridades con la persecución de delitos de alto impacto en el ámbito religioso y de trata de personas.
