Chihuahua, Chih.- Arturo Fernández Vélez, exsecretario de Hacienda durante la gestión del exgobernador Javier Corral, se encuentra prófugo de la justicia con tres órdenes de aprehensión vigentes por presuntos delitos de peculado que involucran desvíos de recursos públicos por cientos de millones de pesos.
Así lo confirmó Abelardo Valenzuela, fiscal Anticorrupción, quien detalló que el exfuncionario cuenta con una ficha roja de Interpol y alertas migratorias activas para su localización.Las investigaciones contra Fernández Vélez se concentran en tres carpetas.
La primera señala un desvío de 98.6 millones de pesos relacionado con la reestructuración de la deuda estatal. La segunda implica 243 millones de pesos, y la tercera, la más cuantiosa, asciende a 400 millones de pesos, vinculada a un préstamo presuntamente irregular gestionado con el Banco Bansi.
Valenzuela destacó que, en el caso de la primera carpeta, también hay órdenes de aprehensión contra Javier Corral y representantes del despacho López Elías Finanzas Públicas, acusado de recibir un contrato irregular.
La Fiscalía Anticorrupción ha intensificado sus esfuerzos con operativos en la Ciudad de México para localizar a los responsables del despacho, además de asegurar propiedades y cuentas bancarias ligadas a Fernández Vélez y sus familiares, con el propósito de reparar el daño al erario estatal.
El fiscal instó a los implicados, incluidos aquellos con fuero, a presentarse voluntariamente ante la justicia para esclarecer los hechos.
Sobre Corral, quien goza de inmunidad como senador, Valenzuela indicó que las investigaciones en su contra avanzan para robustecer las acusaciones. Asimismo, expresó su apoyo a la propuesta presidencial de eliminar el fuero constitucional, lo que facilitaría llevar al exgobernador ante los tribunales.
Valenzuela también abordó los “expedientes X”, investigaciones iniciadas en 2017 por la Fiscalía General del Estado que fueron desechadas por irregularidades como violaciones al debido proceso y casos de tortura. En contraste, aseguró que la Fiscalía Anticorrupción opera con autonomía, profesionalismo y apego a estándares internacionales, evitando el uso político o mediático de los casos
