Ciudad de México.- El ejercicio del periodismo en México enfrenta un nuevo y complejo frente de vulnerabilidad que avanza de forma silenciosa a través de las instituciones del Estado. Más allá de la histórica y persistente violencia física que ha cobrado la vida de casi 180 comunicadores desde el año 2000, los periodistas y críticos se enfrentan hoy a una estrategia de asfixia legal. Políticos, candidatos y funcionarios públicos de diversos niveles de gobierno están recurriendo a demandas civiles, penales y electorales para amedrentar, multar y desgastar económicamente a quienes cuestionan sus gestiones.
Esta tendencia al alza quedó en evidencia durante el año 2025, cuando la organización Artículo 19 documentó una cifra récord de 69 casos de acoso judicial, lo que representó un incremento de más del triple respecto al periodo anterior. El uso instrumental de la ley ha escalado a tal nivel que la Sociedad Interamericana de Prensa catalogó por primera vez al país en una situación de alta restricción para la libre expresión. Defensores de los derechos humanos y expertos en la materia coinciden en que el objetivo de estas figuras no es la legítima reparación de un daño moral, sino someter a los reporteros a litigios extenuantes y costosos que fuercen la autocensura colectiva.
Dentro de esta coyuntura, el caso de Élfego Riveros, reportero de la emisora comunitaria Radio Teocelo en el estado de Veracruz, se ha consolidado como el ejemplo paradigmático de cómo se están desvirtuando herramientas legales legítimas. Tras producir una cápsula radial de corte satírico sobre el nepotismo electoral, una candidata del Partido Verde se sintió aludida y promovió un juicio por violencia política de género. En abril de 2025, un tribunal federal declaró culpables a Riveros y a cuatro colegas más bajo el argumento de que la pieza minimizaba la trayectoria de la actora al supeditarla a una figura masculina con poder.
Las sanciones impuestas a los comunicadores de Radio Teocelo reflejan el carácter desproporcionado de este esquema punitivo: multas equivalentes a más de un mes de sueldo, la orden de retirar todos los contenidos relacionados, la exigencia de disculpas públicas y su inclusión en el registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia de género. El efecto de este veredicto generó una ola de indignación y escaló a nivel nacional, provocando amonestaciones colaterales para decenas de personas que criticaron la resolución, lo que para Riveros confirma que la libertad de expresión se convierte en letra muerta cuando se afecta a los círculos de poder.
El acoso judicial se replica con distintas variantes en todo el territorio nacional. En el ámbito de la nota policiaca, el reportero Rafael León pasó casi un mes bajo arresto domiciliario en Coatzacoalcos tras ser acusado de terrorismo por la fiscalía de Veracruz, que argumentó que sus coberturas sobre el crimen organizado generaban pánico en la población; los cargos penales se retiraron parcialmente solo después de que la presidencia de la república cuestionara la solidez jurídica del caso. Asimismo, en el estado de Campeche, la presión legal y la persecución fiscal obligaron al diario Tribuna de Campeche a cerrar sus talleres impresos y migrar exclusivamente al formato digital, enfrentando incluso una orden judicial transitoria que pretendía someter todos sus textos sobre la gobernadora Layda Sansores a una revisión y autorización judicial previa a su publicación.
Esta crisis de libertades se profundiza ante la postura ambivalente del poder político en México. Mientras legisladoras oficialistas como la senadora Martha Lucía Mícher defienden el uso de estas leyes argumentando que las mujeres políticas son víctimas de un sector periodístico con tintes misóginos, la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una narrativa dual. Si bien la mandataria federal asegura de manera pública que en el país se respeta la libertad de expresión por encima de todo y que a nadie se le persigue por sus ideas, en la práctica ha respaldado las acciones judiciales de miembros de su partido y ha llegado a convocar a boicots ciudadanos contra empresas de comunicación críticas de su proyecto de gobierno, enviando una señal que, según analistas, legitima e impulsa las represalias legales en los estados.
