Los Ángeles, California.- El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el despliegue de 46 millones de dólares provenientes de fondos aprobados por los votantes para financiar las labores de limpieza y restauración del río Tijuana, ubicado en la frontera entre este estado y México. La medida busca contener un problema sanitario de gran escala que, de acuerdo con la Comisión Internacional de Límites y Aguas, ha provocado el flujo de más de 378 mil millones de litros de aguas residuales sin tratar, basura y químicos industriales desde el año 2018.
Los recursos económicos asignados se derivan de la Proposición 4, una medida de bonos por 10 mil millones de dólares avalada en 2024 para proyectos climáticos y de recursos naturales. Por mandato, al menos el 40 por ciento de este presupuesto debe ser invertido en las comunidades más vulnerables y afectadas por la contaminación ambiental. Los 46 millones de dólares estarán disponibles a través de subvenciones competitivas destinadas a proyectos que mitiguen bacterias, aborden riesgos a la salud pública y restauren la zona afectada.
La contaminación transfronteriza impacta directamente a comunidades de bajos ingresos y de origen latino en San Diego, privándolas del acceso a las playas y exponiéndolas a aire contaminado. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han advertido que las aguas residuales emiten sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico que genera dolores de cabeza, náuseas, asma e irritación, y cuyos efectos nocivos a largo plazo apenas comienzan a ser estudiados. En febrero pasado, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin, estimó que resolver esta problemática tomará un par de años.
Aunque organizaciones ambientales como San Diego Coastkeeper celebraron la inyección de recursos, sus representantes advirtieron que la cifra es solo una pequeña fracción de lo que se requiere para solucionar de fondo la crisis de infraestructura. Ante este panorama, el gobernador Newsom urgió a la administración de Donald Trump a cumplir con los acuerdos de modernización de plantas de tratamiento firmados el año pasado, señalando que el gobierno federal tiene la obligación moral de aportar soluciones duraderas a un problema que no puede ser resuelto únicamente con recursos estatales.
