Han transcurrido exactamente 113 años desde aquella noche oscura de marzo de 1913 en que Abraham González Casavantes, gobernador constitucional de Chihuahua y uno de los pilares del maderismo en el norte del país, fue ejecutado sin juicio ni piedad por órdenes del régimen usurpador de Victoriano Huerta. El 7 de marzo de 1913 –no el 17, como a veces se confunde en relatos populares–, el político chihuahuense de 48 años cayó bajo las balas de oficiales federales leales al golpe de Estado que había derrocado y asesinado al presidente Francisco I. Madero apenas semanas antes.
Abraham González no era un militar de primera línea, sino un organizador incansable. Nacido el 7 de junio de 1864 en Guerrero, Chihuahua, provenía de una familia acomodada pero se convirtió en el principal enlace del antirreeleccionismo en el estado. Fue el hombre que reclutó y respaldó a figuras como Pascual Orozco y, sobre todo, a Francisco Villa, a quien conoció antes de la Revolución y a quien impulsó como líder militar. Como gobernador provisional desde 1911 y luego constitucional, González representaba la esperanza maderista de reformas agrarias y justicia social en una entidad dominada por el poderío económico de los Terrazas-Creel.
La Decena Trágica (del 9 al 19 de febrero de 1913) cambió todo. Tras el asesinato de Madero y Pino Suárez, Huerta consolidó el poder y ordenó eliminar a los leales maderistas que pudieran organizar resistencia. En Chihuahua, el general Antonio Rábago Maldonado detuvo a González el 3 de marzo de 1913 bajo cargos fabricados de rebelión. Se le comunicó que sería trasladado a la Ciudad de México para ser juzgado, pero el traslado era una farsa.
En la madrugada del 6 al 7 de marzo, mientras el tren federal avanzaba por la línea del Ferrocarril Central Mexicano rumbo al sur, el convoy fue detenido entre las estaciones de Horcasitas y el Cañón de Bachimba (cerca de Mápula, unos 65 km al sur de la capital chihuahuense). Oficiales como el mayor Benjamín Camarena, Hernando Limón, el teniente Federico Revilla y el capitán Manuel Rodríguez –jefe de la escolta– bajaron al gobernador y a su sobrino, el coronel Fernando González y González. Abraham fue ejecutado de inmediato: algunas versiones hablan de fusilamiento, otras de que fue arrojado bajo las ruedas del tren para simular un accidente. Su cuerpo fue sepultado apresuradamente en el lugar, sin honras fúnebres.
El crimen no fue un acto aislado. Formaba parte de la purga sistemática del huertismo contra el maderismo. Sin embargo, en Chihuahua tuvo un efecto contrario al deseado: en lugar de intimidar, avivó la llama rebelde. Pancho Villa, que había sido protegido y promovido por González, juró venganza. Ese asesinato contribuyó directamente a radicalizar la División del Norte y a fortalecer la resistencia constitucionalista que, meses después, derrocaría a Huerta.
Hoy, 113 años después, el nombre de Abraham González pervive en bustos, calles y escuelas de Chihuahua. Su muerte simboliza el costo humano de la traición en la Revolución Mexicana: un líder civil, hombre de leyes y confianza de Madero, sacrificado para aplastar la esperanza democrática en el norte. En un estado que aún carga las cicatrices de aquellos años turbulentos, recordar su ejecución no es solo rememorar un hecho histórico, sino reconocer que la lucha por la justicia y contra el autoritarismo sigue vigente.
Porque, como escribió un cronista de la época, “mataron al gobernador, pero no pudieron matar la idea que representaba”. Y esa idea –la de un México más justo– encendió la hoguera que consumiría al usurpador.