El pasado alcanza a Cruz
La reunión realizada este sábado en las instalaciones del Hotel San Francisco en la capital del estado, denominada bajo la consigna «Unidos por la Transformación», no respondió a un simple ejercicio de rutina organizativa de Morena. Desde la perspectiva de la estrategia política, la convocatoria encabezada por el edil juarense Cruz Pérez Cuéllar constituyó una operación de contención de daños destinada a neutralizar la narrativa de repudio que los grupos fundadores del movimiento guinda han logrado posicionar con fuerza a lo largo y ancho de la entidad.
Las imágenes recientes de un remolque agrícola recorriendo las calles de Delicias con mantas que tachan al precandidato de «rata, víbora y chapulín», sumadas a la proliferación del esténcil del roedor estampado sobre la publicidad oficial de #EsCruz en las bardas de los principales municipios, instalaron en la opinión pública la percepción de un rechazo unánime por parte de las bases históricas del partido. Frente a ese cerco gráfico y mediático, Pérez Cuéllar necesitaba con urgencia una fotografía que contrapusiera un salón lleno con más de 200 operadores, consejeros estatales e integrantes de la estructura de la Secretaría de Bienestar para enviar el mensaje de que el desacuerdo es solo de una minoría radical.
Sin embargo, el intento por legitimar su «morenización» ante el electorado del centro-sur tropezó con las paradojas de su propio presídium. La presencia destacada de Miguel La Torre Sáenz en la mesa principal ofreció la estampa perfecta del pasado que alcanza al alcalde con licencia. Lejos de representar a la militancia originaria que abrió brecha en la izquierda local, La Torre encarna la misma escuela del panismo tradicional en la que ambos militaron de manera simultánea durante años, cuando Cruz dirigía el PAN estatal y su hoy aliado encabezaba el comité municipal capitalino.
Al final, la escenografía montada en el corazón de la capital del estado sirvió para demostrar el músculo operativo y la alianza hegemónica que Pérez Cuéllar sostiene con la estructura de programas sociales en la entidad, pero terminó confirmando la sospecha de sus detractores internos. Al rodearse de sus antiguos compañeros del partido blanquiazul para intentar sellar la unidad de la Cuarta Transformación, Cruz Pérez Cuéllar no logró borrar la mancha de su sinuosa trayectoria política; al contrario, evidenció que las raíces de su proyecto político siguen ancladas en el pragmatismo de donde provienen.
Una bronca imponer a Pérez Cuéllar
La hiperactividad territorial del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, contrasta de forma evidente con el bajo perfil y la aparente parálisis operativa de la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño. En el tablero del análisis político, este despliegue de fuerza por toda la entidad parece reflejar una realidad institucional: la decisión sobre la candidatura a la gubernatura para 2027 se perfila desde la cúpula del partido por la propia dirigencia nacional que encabeza Ariadna Montiel, quien tras asumir la presidencia de Morena consolida el control del aparato organizativo y teje acuerdos definitivos con figuras clave como Citlalli Hernández.
En esta ecuación pragmática, Chávez Treviño parece haber quedado marginada por su abierta y profunda filiación con el grupo del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, un sello de origen que le resta margen de maniobra frente al nuevo bloque hegemónico del partido. Ante la percepción de que la balanza interna está inclinada en favor de Pérez Cuéllar, la fracción de militantes fundadores y los simpatizantes de la senadora han intensificado su ofensiva, atizando las protestas de calle, la difusión de mantas y la pega de gráficos para recordar los flancos vulnerables del edil juarense: un historial marcado por el nomadismo partidista y al menos 13 carpetas de investigación abiertas por presunta corrupción, con el escándalo del llamado «mochilagate» como botón de muestra.
Frente al avance del aparato institucional de la dirigencia nacional y el municipio fronterizo, la estrategia de Andrea Chávez parece haberse reducido a una postura pasiva, apostando únicamente a que el edil se desplome por el propio peso de sus expedientes judiciales y la resistencia social. Sin embargo, el obstáculo central que enfrenta la conducción del partido radica en la realidad demoscópica: las mediciones de opinión pública otorgan a Chávez Treviño una ventaja consistente de prácticamente tres a uno sobre el munícipe, superándolo por más de 30 puntos en la intención de voto.
El dilema de fondo para Morena trasciende la simple disciplina partidista. Pretender imponer a un perfil con un denso equipaje de imputaciones y rechazo en las bases frente a la figura con mayor arrastre popular en las muestras demoscópicas abre una grieta estructural. Las contradicciones entre la negociación de cúpula impulsada desde la presidencia del partido y las preferencias reales del electorado presagian un escenario de fractura, en el que el conflicto interno podría convertirse en el principal obstáculo para que el oficialismo logre ganar la gubernatura de Chihuahua.
El caso Ruffo, cortina de humo
El proceso penal emprendido contra el exgobernador bajacaliforniano Ernesto Ruffo Appel no puede analizarse únicamente bajo el cristal de la técnica jurídica. Más allá de las responsabilidades individuales que deban deslindarse en los tribunales, el expediente abierto en su contra se perfila como un caso de manual de justicia selectiva. Se trata de un aparato de procuración de justicia instrumentalizado con un propósito político claro: arrebatar el control de la conversación pública y tender un manto de sombra sobre una cascada de escándalos que salpican a las más altas esferas del régimen.
La celeridad con la que las autoridades desempolvan investigaciones contra figuras de la oposición contrasta con la parálisis institucional frente a las acusaciones que afectan al grupo en el poder. La retórica oficial busca sepultar en el olvido los sismos políticos desatados tras la detención y traslado a Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, un episodio que expuso las entrañas de la complicidad criminal en el noroeste del país. Mientras el exmandatario sinaloense Rubén Rocha Moya se mantiene inamovible pese a los constantes señalamientos sobre su contubernio con el crimen organizado y la lista de personajes extraditables de su entidad, el aparato persecutor opta por mirar hacia otro lado. Lo mismo ocurre con Adán Augusto López, inmune ante los supuestos nexos de su entorno con el grupo delictivo La Barredora.
El expediente Ruffo funciona como un chivo expiatorio fabricado para sofocar la agenda mediática. La estrategia de distracción intenta sepultar las investigaciones sobre el redituable negocio del huachicol, una red en la que abundan indicios que comprometen al exsecretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, y a sus sobrinos, los hermanos Farías Laguna. Del mismo modo, el foco mediático sobre el político panista busca amortiguar el impacto de los señalamientos por financiamiento ilícito y triangulación de recursos que pesan sobre dirigentes como Mario Delgado, operadores como Jesús Ramírez y el círculo cercano de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La cortina de humo responde también a la urgencia de desviar la atención de las fallas de infraestructura en las obras insignia del sexenio pasado, como los recurrentes descarrilamientos en el Ferrocarril Interoceánico, cuya supervisión estuvo vinculada a Gonzalo «Bobby» López Beltrán. A este escenario se suma la inquietud generada por la disposición manifestada por Marina del Pilar Ávila Olmeda para viajar a Panamá y sostener encuentros informativos con agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), una vía de filtración que amenaza con destapar pactos inconfesables.
En este contexto, la reactivación de juicios contra viejos referentes de la oposición no busca el esclarecimiento de la verdad ni el combate a la impunidad. La acusación contra Ruffo Appel opera como un distractor calibrado para que la opinión pública no debata sobre la corrupción sistémica de las élites morenistas ni sobre los expedientes que la justicia estadounidense continúa integrando al otro lado de la frontera.
