Morena: candidatos en 40 días
Las palabras cambian, pero los hechos permanecen. Morena insiste en llamar «defensores de la Cuarta Transformación» a quienes encabezarán su estrategia rumbo a las elecciones de 2027, aunque en los hechos desempeñarán el papel que en cualquier otro partido corresponde a un precandidato.
Así lo confirmó Citlalli Hernández durante una entrevista en Radio Fórmula, donde aseguró que el proceso interno avanza conforme a lo previsto y que, a más tardar en los primeros días de septiembre, el partido habrá definido a los 17 perfiles que representarán a Morena en las entidades donde se renovarán las gubernaturas.
El anuncio estuvo acompañado por una imagen cuidadosamente diseñada. Dos afiches de estética inspirada en estilo soviético sirvieron de fondo a la entrevista: uno con Claudia Sheinbaum levantando el brazo izquierdo en actitud de convocatoria y otro con Andrés Manuel López Obrador retratado con una abundante cabellera blanca y unas quijadas marcadas, una representación gráfica que busca reforzar el imaginario épico de la Cuarta Transformación.
Más allá de la propaganda, lo relevante fue el mensaje político. Citlalli Hernández defendió la legalidad de las actividades que Morena realiza en los estados y rechazó que puedan calificarse como actos anticipados de campaña. Como ejemplo se abordó la jornada encabezada por Andrea Chávez en la ciudad de Chihuahua, donde simpatizantes realizaron actividades en cruceros y posteriormente celebraron un mitin político.
Para la dirigencia nacional, ese tipo de eventos forman parte de la organización interna del movimiento y no vulneran la legislación electoral. Sus críticos sostienen exactamente lo contrario: consideran que se trata de actividades cuyo propósito es posicionar electoralmente a quienes terminarán siendo candidatos, aunque todavía no puedan recibir esa denominación.
Es una discusión que Morena conoce bien. Desde hace varios procesos electorales el partido ha recurrido a figuras como «coordinadores» o «defensores» para evitar utilizar la palabra «precandidato». El eufemismo ha servido como instrumento político y jurídico, pero conforme avanza el calendario pierde eficacia. Cuando en septiembre existan únicamente 17 «defensores», uno por cada estado, será difícil sostener que no se trata, en los hechos, de los futuros candidatos del partido.
En Chihuahua, además, el proceso dista mucho de mostrar la conciliación que Citlalli Hernández asegura existe a nivel nacional. Los dos grupos con mayor peso político continúan moviendo sus piezas sin señales claras de una negociación definitiva.
Por un lado se encuentra el bloque que respalda a Andrea Chávez, identificado con el grupo político de Tabasco y con importantes respaldos a nivel nacional. Del otro permanece el equipo del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, cuya principal alianza política se construye alrededor de Ariadna Montiel y de una estructura territorial consolidada en Ciudad Juárez.
Ambos proyectos mantienen presencia, activan estructuras y envían mensajes de fortaleza. Ninguno actúa como si la candidatura estuviera definida, precisamente porque no lo está. Esa realidad contrasta con el discurso de unidad que la dirigencia nacional intenta proyectar.
Todo indica que Morena llegará a septiembre con un método definido, pero no necesariamente con un consenso construido. La encuesta elegirá un nombre, pero difícilmente resolverá por sí sola la disputa entre dos grupos que desde hace meses compiten por el control político de Chihuahua.
En política, los eufemismos tienen una vida útil limitada. A partir de septiembre podrán seguir llamándose «defensores de la Cuarta Transformación», pero para la opinión pública, para sus adversarios y probablemente para los propios militantes de Morena, serán simplemente los precandidatos a las gubernaturas. Y en Chihuahua, al menos por ahora, la fotografía sigue mostrando un partido que aún busca la unidad que se muestra elusiva.
Mayra Chávez cambia de tono
Durante meses, Mayra Chávez construyó una imagen de funcionaria institucional. Su paso por la Delegación de Bienestar en Chihuahua se caracterizó por un bajo perfil, escasas confrontaciones públicas y una disciplina política que parecía responder a la estrategia del gobierno federal de mantener separados los programas sociales de la disputa electoral. Ese estilo cambió de manera abrupta.
En un video difundido en sus redes sociales, la delegada abandonó la prudencia para lanzar una crítica directa contra la gobernadora Maru Campos. El cambio de tono no pasó inadvertido, sobre todo porque ocurrió apenas unos días después de que la propia mandataria estatal reclamara públicamente que la presidenta Claudia Sheinbaum no le concedía audiencia. En cuestión de días, la relación institucional dio paso a un intercambio de mensajes con evidente contenido político.
La coincidencia difícilmente puede verse como un hecho aislado. En política, los cambios de comportamiento suelen responder más al calendario electoral que al estado de ánimo de los actores. Y todo indica que la sucesión de 2027 ya comenzó a modificar las estrategias dentro de Morena.
El viraje de Mayra Chávez puede interpretarse como una señal de que ha decidido dejar atrás el papel exclusivamente administrativo para comenzar a construir un perfil electoral. Desde hace meses su nombre aparece entre los posibles aspirantes de Morena a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, una posición que representa el segundo cargo político más importante del estado y la administración de un presupuesto cercano a los mil millones de pesos mensuales.
Un obstáculo de peso: Andrea Chávez
Dentro de Morena persiste la percepción de que la prioridad de la senadora es la candidatura al Gobierno del Estado. No obstante, también circula con insistencia la versión de que, si esa nominación terminara favoreciendo al alcalde Cruz Pérez Cuéllar, Andrea Chávez podría aceptar competir por la alcaldía de Juárez. Lejos de representar un retroceso político, la presidencia municipal de la frontera sería una plataforma de enorme poder territorial, presupuestal y electoral.
Ese escenario modifica por completo las aspiraciones de cualquier otro contendiente. Si Andrea Chávez decidiera competir por Juárez, el margen de maniobra para otros perfiles de Morena se reduciría considerablemente. En ese contexto, Mayra Chávez tendría incentivos para comenzar desde ahora la construcción de una identidad política propia y elevar su nivel de confrontación con el gobierno estatal, un recurso frecuente entre quienes buscan posicionarse frente al electorado de la Cuarta Transformación.
Por supuesto, nada de esto significa que exista una decisión tomada. Morena aún no define sus candidaturas y las encuestas internas, los acuerdos políticos y las negociaciones nacionales serán determinantes. Pero en política importa tanto lo que ocurre como la percepción de lo que puede ocurrir. Y hoy esa percepción ya está influyendo en los movimientos de los actores.
El mensaje de Mayra Chávez parece responder menos a una diferencia coyuntural con Maru Campos que al inicio de una nueva etapa en su trayectoria política. La funcionaria que durante meses privilegió la discreción comienza a hablar como una aspirante en campaña.
En política, el tono casi siempre revela el momento. Y el de Mayra Chávez indica que la competencia interna de Morena, particularmente por Ciudad Juárez, ha dejado de ser una especulación para convertirse en una realidad que ya condiciona el comportamiento de sus principales figuras. Hay quienes todavía no anuncian su candidatura, pero ya empezaron a actuar como si estuvieran disputándola.
Israel, el agua y la política
En tiempos de polarización, los hechos suelen ser las primeras víctimas. Eso ocurrió con el convenio firmado entre la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua y MASHAV, la agencia de cooperación internacional del Estado de Israel. Lo que comenzó como un acuerdo de intercambio técnico terminó convertido en una disputa política donde abundaron las consignas y escasearon las precisiones.
Conviene empezar por el principio. El convenio no tiene como propósito entregar el agua de Chihuahua a un gobierno extranjero, privatizar el recurso ni ceder facultades sobre su administración. Su contenido establece un esquema de cooperación para compartir conocimientos sobre eficiencia hídrica, reducción de fugas, reutilización de aguas residuales, tecnologías de riego y otros mecanismos de gestión del agua. En otras palabras, se trata de un acuerdo de asistencia técnica, una figura común entre gobiernos e instituciones de distintos países.
La elección de Israel tampoco es casual. Más allá de las posiciones políticas que cada quien pueda tener sobre ese país, su capacidad para administrar un recurso escaso es ampliamente reconocida. En pocas décadas logró convertir un territorio con severas limitaciones hídricas en un referente mundial gracias a la desalinización, el reúso masivo de aguas tratadas y el desarrollo del riego por goteo. Esa experiencia ha sido aprovechada por gobiernos de distintas regiones del mundo mediante convenios similares.
Entonces, ¿de dónde surge la controversia?
El debate no nació por el contenido técnico del convenio, sino por su procedimiento administrativo. El colectivo Salvemos los Cerros sostuvo que el acuerdo carecía del registro correspondiente ante instancias federales, argumento sustentado en respuestas obtenidas mediante solicitudes de transparencia. Se abrió así una discusión jurídica sobre el cumplimiento de la normatividad aplicable.
Ese cuestionamiento es válido y forma parte del control ciudadano sobre los actos de gobierno. Si existieron omisiones administrativas, corresponde a las autoridades aclararlas y, en su caso, corregirlas. Sin embargo, conforme avanzó la polémica, el debate comenzó a alejarse de ese terreno para instalarse en el de la confrontación política.
Fue entonces cuando aparecieron afirmaciones sobre una supuesta privatización del agua, la pérdida de la soberanía hídrica e incluso la entrega del recurso a un gobierno extranjero. Ninguna de esas acusaciones ha sido respaldada, hasta ahora, por el texto del convenio, por una resolución judicial o por documentos oficiales que las acrediten. El problema dejó de ser lo que el acuerdo decía para convertirse en lo que algunos aseguraban que decía.
La incorporación de organizaciones identificadas con causas ajenas al manejo del agua, particularmente vinculadas con el conflicto entre Israel y Palestina, terminó por modificar el sentido original de la protesta. El convenio pasó de ser un asunto de legalidad administrativa a convertirse en un vehículo para expresar posiciones ideológicas y políticas que poco tenían que ver con la gestión hídrica de Chihuahua.
Ese ambiente también explica las pintas realizadas en Palacio de Gobierno y otros edificios públicos durante las manifestaciones. No puede atribuirse esa conducta a todos los participantes ni afirmarse que representara a la totalidad del movimiento, pero sí refleja que la protesta había rebasado el ámbito técnico y jurídico para convertirse en una expresión de confrontación política. Cuando una movilización deriva en actos de esa naturaleza, el debate sobre el fondo suele quedar desplazado por la intensidad de la protesta.
En política ocurre con frecuencia que un tema técnico termina siendo utilizado como bandera de causas mucho más amplias. Eso parece haber sucedido en este caso. La discusión sobre un convenio de cooperación internacional terminó absorbida por narrativas ideológicas y por una polarización que simplificó un asunto complejo hasta convertirlo en una disputa de buenos contra malos.
Eso no significa que el convenio deba quedar exento de revisión. Toda actuación gubernamental debe ser transparente y estar sujeta al escrutinio público. Pero tampoco ayuda construir un debate sobre afirmaciones que no han sido demostradas. Criticar el procedimiento es una cosa; atribuir al convenio consecuencias que no se desprenden de su contenido es otra muy distinta.
Al final, la evidencia disponible apunta a una conclusión sencilla: el verdadero debate debió centrarse en la legalidad y la transparencia del acuerdo. Todo lo demás —la supuesta entrega del agua, la privatización del recurso o la pérdida de la soberanía— terminó formando parte de una narrativa política que, hasta ahora, no ha encontrado respaldo en los hechos conocidos. Esa es, quizá, la mejor lección de esta controversia: cuando la política sustituye a la evidencia, la discusión pública deja de buscar respuestas y comienza a fabricar enemigos.
