Chihuahua en el podio de la violencia
Mientras Chihuahua ocupa el tercer lugar nacional en criminalidad según las cifras más recientes de incidencia delictiva y homicidios dolosos, el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, eligió encabezar este sábado un acto masivo en Evolution Discoteque. Esta realidad incómoda —que sitúa al estado entre los más violentos del país— contrasta de forma brutal con la narrativa de “progreso” y “participación ciudadana” que se busca proyectar. En lugar de concentrarse en operaciones de inteligencia, desarticulación de células criminales o estrategias efectivas para bajar los índices de violencia, Loya prioriza un evento público que genera aplausos y visibilidad mediática.
Cazando votos; que esperen los delincuentes
Gilberto Loya ya no persigue delincuentes: persigue popularidad y votos rumbo a la gubernatura de 2027 por el PAN. El acto de toma de protesta de las Redes Vecinales no es más que una precampaña encubierta financiada con recursos públicos. En vez de estar en campo supervisando operativos nocturnos, coordinando inteligencia o exigiendo resultados a sus mandos, el secretario invierte tiempo y logística estatal en un mitin disfrazado de ceremonia cívica. Esta estrategia revela que su prioridad actual no es la seguridad de los chihuahuenses, sino construir imagen de “hombre fuerte” que le permita posicionarse como candidato natural del PAN.
Uso electoral de las Redes Vecinales
Lo que debería ser un mecanismo genuino de prevención del delito y participación ciudadana se ha convertido en un instrumento de proselitismo político. Loya utiliza las más de 400 redes vecinales como escenario para cosechar lealtades territoriales en Ciudad Juárez, bastión panista clave. Mientras el estado sigue reportando tasas alarmantes de homicidios, extorsiones y narcomenudeo que lo mantienen en el tercer lugar nacional de criminalidad, el secretario prefiere “empoderar” vecinos con fotos y juramentos en un antro, en lugar de entregar resultados concretos que reduzcan el miedo y la violencia real en las colonias.
La teatralidad de la precampaña
La elección de Evolution Discoteque —un antro nocturno— para un acto supuestamente dedicado a la prevención del delito resulta simbólicamente reveladora. Busca proyectar una imagen moderna, juvenil y cercana, diferenciándose de otros aspirantes panistas más tradicionales. Sin embargo, el contraste entre el lugar de fiesta y la grave situación de seguridad en Chihuahua expone la naturaleza electoral del evento: más marketing político que política pública seria. Mientras Loya construye su precampaña, los números rojos de criminalidad siguen acumulándose sin que se observe una estrategia integral que enfrente de fondo el problema.
El costo para Chihuahua
Este tipo de actos precampañeros prematuramente erosionan la neutralidad institucional de la Secretaría de Seguridad Pública y generan dudas legítimas sobre el uso de recursos estatales con fines partidistas. Desde una perspectiva crítica más profunda, Gilberto Loya ha decidido priorizar su aspiración a la gubernatura por encima de su responsabilidad actual. Chihuahua merece un secretario que persiga delincuentes con eficacia, no un precandidato que persigue votos. Mientras el estado permanezca en el tercer lugar nacional de criminalidad, eventos como este solo confirman que la imagen y la narrativa electoral están por encima de la rendición de cuentas y los resultados verificables. La verdadera prueba para Loya —y para el PAN— será si su proyecto va más allá de las fotos en Evolution Discoteque o si simplemente representa una extensión de precampaña disfrazada de gestión pública.
Recordando el “destape” de Tony
El diputado federal Tony Meléndez fue presentado este 18 de marzo por el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, como Defensor de México en Chihuahua. Durante el evento realizado en la Cámara de Diputados, Moreno Cárdenas colocó al vocalista de Conjunto Primavera —quien actualmente representa al Distrito V federal— al frente de una nueva figura partidista diseñada para consolidar la estructura priista en el estado. Junto a él fue designado el también diputado Alex Domínguez, en un acto que marca el arranque prematuro de la estrategia tricolor rumbo a las elecciones de 2027.
Habemus candidato
La designación de Meléndez como Defensor de México ha sido interpretada de inmediato como un virtual destape hacia la gubernatura de Chihuahua. Fuentes cercanas al PRI señalaron que esta nueva denominación busca posicionar a los perfiles más visibles del partido como aspirantes naturales a la candidatura oficial, en un contexto donde el tricolor busca recuperar terreno tras los últimos comicios. Analistas locales consideran que el anuncio equivale a un lanzamiento anticipado, pues los “defensores” serán los encargados de recorrer el estado y construir la base electoral de cara al proceso interno.
Recula Tony Meléndez
No obstante, el propio Tony Meléndez desmintió cualquier intención de competir por el cargo ejecutivo. En declaraciones recientes, el legislador aclaró de forma tajante que “no contempla contender por la gubernatura de Chihuahua”, y enfatizó que su principal compromiso sigue siendo con su carrera musical al frente del Conjunto Primavera. Meléndez subrayó que mantiene una agenda llena de compromisos artísticos que le impiden asumir una postulación de esa magnitud.
PRI deberá ajustar estrategia
Con esta aclaración, el cantante-diputado cierra de momento el capítulo de especulaciones sobre su futuro político inmediato, aunque deja abierta la puerta a otras responsabilidades partidistas. Mientras tanto, el PRI chihuahuense deberá redefinir su estrategia de precampaña, pues la figura de los Defensores de México continúa siendo el eje central del proyecto de “Alito” Moreno para el 2027 en Chihuahua, uno de los estados más disputados del norte del país.
La parálisis legislativa
El fallo del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua que declara la omisión legislativa del Congreso del Estado en materia de elección directa de regidurías expone, una vez más, la crónica incapacidad de la clase política local para cumplir con plazos constitucionales y con demandas ciudadanas razonables. A pesar de que la reforma fue aprobada en legislaturas anteriores —incluso con el voto favorable del PAN— y de que organizaciones civiles como Plan Estratégico la impulsan desde 2017, el tema ha permanecido enterrado durante tres legislaturas. El resultado es previsible: una ciudadanía que sigue sin poder elegir directamente a quienes supuestamente la representan en los cabildos municipales.
“Congeladora” para control partidista
El coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada, tiene razón al señalar que su grupo ha presentado varias iniciativas, pero yerra al presentar el problema como un simple capricho del PRIAN. La realidad es más incómoda: quien controla la mayoría en el Congreso —actualmente PRI y PAN— ha decidido mantener el statu quo que les permite negociar regidurías en lo oscurito, dentro de las planillas cerradas. Esa “congeladora” no es un accidente burocrático; es un mecanismo deliberado para preservar el poder de los partidos sobre los cargos y evitar que los ciudadanos puedan castigar o premiar directamente a sus representantes territoriales. El Tribunal ha tenido que intervenir porque los legisladores, simplemente, no quisieron hacer su trabajo en tiempo y forma.
Un derecho ciudadano secuestrado
La elección directa de regidores por demarcación territorial no es un capricho de Morena ni una ocurrencia reciente. Es una reforma que busca corregir una de las mayores distorsiones de la democracia municipal en México: regidores invisibles, elegidos por arrastre y leales más a su alcalde-patrón que a su colonia o sector. Postergar su implementación hasta 2027 —y ahora obligar al Congreso a legislar bajo presión judicial— revela el temor real de las cúpulas partidistas a perder control sobre las cuotas de poder. Mientras tanto, los municipios siguen con cabildos donde la rendición de cuentas es difusa y la cercanía con la ciudadanía, inexistente. El fallo del Tribunal no resuelve el problema; solo obliga a los mismos actores que lo dilataron durante años a moverse a regañadientes.
¿Cumplirán o buscarán otra dilación?
Ahora que el Tribunal ha marcado claramente la omisión, el Congreso ya no tiene excusa legal para seguir postergando el tema. Sin embargo, la historia legislativa de Chihuahua invita al escepticismo: las mayorías han demostrado sobrada habilidad para frenar, diluir o revertir reformas que amenazan sus intereses. Si PRI y PAN deciden, otra vez, ralentizar la discusión o aprobar reglas incompletas que desvirtúen el espíritu de la elección directa, habrán confirmado que su prioridad no es fortalecer la democracia local, sino mantener el control clientelar de los ayuntamientos. La sociedad civil, que inició este proceso hace casi una década, deberá seguir vigilante; porque, lamentablemente, en Chihuahua la ampliación de derechos ciudadanos suele requerir más presión externa que voluntad interna de los partidos.
