La acusación de ingratitud
El voto en contra de Javier Corral a la reforma constitucional que extinguió siete órganos autónomos, como el INAI y el IFT, generó una tormenta interna en Morena, al punto de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, lo tildó públicamente de «malagradecido» por no alinearse con la mayoría oficialista. Esta decisión, aprobada con 86 votos a favor y 42 en contra el 28 de noviembre de 2024, no sorprendió porque Corral, exgobernador panista convertido en morenista, había defendido históricamente la autonomía de estos entes durante su trayectoria opositora. Críticos dentro del partido argumentan que su disidencia no solo diluyó la cohesión de la Cuarta Transformación, sino que envió «mensajes equívocos» en un momento clave para consolidar el poder legislativo, recordándole que su candidatura al Senado fue avalada por Morena pese a acusaciones de corrupción en su contra por la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Este episodio expone las fisuras en la integración de ex-opositores al bloque oficial, donde la lealtad partidaria choca con convicciones personales, potencialmente erosionando la disciplina que ha sido pilar de las reformas lopezobradoristas.
La inclusión controvertida de la retroactividad
En la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo el 1 de octubre, Javier Corral, como presidente de la Comisión de Justicia, inicialmente impulsó la eliminación de un artículo transitorio que aplicaba retroactividad a juicios en curso, argumentando que violaba el principio constitucional de irretroactividad de las leyes (artículo 14). Sin embargo, durante la votación en el pleno, el transitorio resucitó pese a su propuesta, lo que generó ausentismo de Corral y otros senadores morenistas como Enrique Inzunza y Geovanna Bañuelos, evitando avalar explícitamente la medida. Opositores como la priista Claudia Anaya Mota la calificararon de «regresiva» y un «caballo de Troya» para limitar derechos humanos, al restringir suspensiones en casos de interés nacional como lavado de dinero o concesiones energéticas, beneficiando agendas presidenciales como la soberanía sobre el litio. Esta maniobra, vista como un «ajuste sobre las rodillas» por la senadora de MC Amalia García, cuestiona la técnica legislativa de Morena y posiciona a Corral como un disidente táctico, cuya influencia en comisiones no bastó para frenar lo que él mismo describió como «resquicios abusivos» convertidos en herramienta autoritaria.
Tensiones internas en Morena
La disidencia de Corral en la extinción de órganos autónomos no solo provocó el vituperio de Noroña, quien le recordó en vivo que «te acaban de salvar de la cárcel» al bloquear su extradición a Chihuahua, sino que avivó rumores de pugnas por la coordinación de la bancada morenista en el Senado. Fuentes cercanas indican que Corral maniobra con aliados para desplazar a Adán Augusto López, acusándolo de corrupción en campañas y chayotes a influencers, lo que pone en riesgo la mayoría calificada para reformas clave como la judicial o electoral. Esta ambición, calificada de «vulgar» por analistas en X, transforma a Corral en un «refugiado político» que, rescatado de procesos penales por desvío de recursos bajo el gobierno de Maru Campos, ahora amenaza la realpolitik de la 4T diseñada por AMLO para blindar la sucesión sheinbaumista. Críticos lo ven como un ex panista infiltrado que diluye la agenda transformadora, evocando traiciones pasadas y cuestionando si su senaduría plurinominal, confirmada por el TEPJF pese a su doble nacionalidad, justifica el costo de una bancada fracturada.
La aparente contradicción ideológica
Nombrado secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía por sugerencia de Palacio Nacional en mayo de 2025, Javier Corral enfrenta críticas por defender una ley de telecomunicaciones que, según opositores, revive la «Ley Televisa» que él mismo combatió como diputado panista en 2010, al limitar la libertad de expresión y favorecer concesiones estatales. Antes censor de abusos gubernamentales y televisoras, ahora conduce «conversatorios» que, bajo su liderazgo, arriesgan avalar errores en la iniciativa oficialista, como la priorización de audiencias sobre regulaciones estrictas, lo que lo convierte en «nueva estrella de la ley telecom» para detractores como los de MC. Esta metamorfosis ideológica, destacada en columnas como Bajo Reserva, ilustra cómo exopositores como Corral adaptan su discurso a la 4T, pero generan escepticismo: ¿defiende la vehemencia opositora de antaño o se somete a la agenda sheinbaumista? Su trayectoria como impulsor de desafíos constitucionales contra monopolios mediáticos choca con esta aparente sumisión, alimentando narrativas de oportunismo que erosionan su credibilidad como garante de derechos comunicacionales en un Senado mayoritariamente oficialista.
Acusaciones de uso político de la justicia
El respaldo de Morena a la candidatura de Corral, avalada por el TEPJF en abril de 2024 pese a impugnaciones del PRI por su nacionalidad estadounidense adquirida al nacer en El Paso, se interpreta como un trueque político: a cambio de su voto disciplinado, el partido lo «salvó» de una orden de aprehensión por desvío de 98 millones de pesos emitida por la Fiscalía de Chihuahua bajo Maru Campos. Críticos lo equiparan a «robar votos» en el Senado, similar al caso de Miguel Ángel Yunes, denunciando que la 4T usa la justicia como presión selectiva para incorporar disidentes. Este episodio, que incluyó un fallido intento de captura en CDMX en agosto de 2024, pinta a Corral como un político rescatado no por inocencia, sino por utilidad estratégica, lo que socava su narrativa anticorrupción como exgobernador que persiguió a César Duarte. En un contexto de retaliaciones estatales, su integración a Morena revela las grietas del federalismo mexicano, donde acusaciones de venganza política entre Chihuahua y el centro cuestionan si su senaduría fortalece o debilita la imparcialidad legislativa.
El legado de disidencia en un Senado oficialista
En sesiones de comisiones como Justicia, Corral ha estallado contra senadoras morenistas por alterar dictámenes fuera de procesos formales, evocando el espíritu de Porfirio Muñoz Ledo al espetar «así no se legisla» durante debates sobre la retroactividad en la Ley de Amparo en octubre de 2025. Esta postura, respaldada por su propuesta de eliminar términos como «ley procesal» para evitar inconstitucionalidades, lo posiciona como un fiscal interno que, pese a su alineación general con Morena, defiende técnica jurídica sobre prisa política, ganando aplausos de opositores pero aislamiento en su bancada. Analistas ven en esto un patrón: su voto contra la extinción de organismos y ausencias selectivas diluyen la mayoría calificada, arriesgando el «Plan C» sheinbaumista. Como ex panista con historial de desafiar leyes como la Televisa, Corral encarna la tensión entre convicción y lealtad partidaria, pero críticos argumentan que su disidencia crónica lo hace inadecuado para un Senado donde Morena exige obediencia, potencialmente catalizando una oposición «progre buena ondita» que fracture la 4T desde adentro.
