Washington, D.C.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos puso en marcha una auditoría exhaustiva a la red de 53 consulados de México en su territorio, una medida que podría derivar en el cierre de diversas sedes diplomáticas. Bajo las instrucciones del secretario de Estado, Marco Rubio, la administración de Donald Trump busca determinar si la operación de estas oficinas se alinea con los intereses nacionales estadounidenses o si representa un riesgo para la seguridad bajo la política de «Estados Unidos Primero».
La revisión, confirmada este jueves por fuentes federales, ocurre en el punto más crítico de la relación bilateral tras la muerte de dos agentes de la CIA en territorio mexicano y las recientes imputaciones contra políticos de alto nivel por parte del Departamento de Justicia. «Esta evaluación es necesaria para garantizar que las misiones extranjeras operen dentro del marco de la reciprocidad y el respeto a nuestras leyes», señalaron voceros gubernamentales en Washington, sugiriendo que la red consular mexicana, la más grande de cualquier país en suelo estadounidense, se ha expandido sin un escrutinio adecuado durante décadas.
Se prevé que el análisis se concentre inicialmente en las sedes ubicadas en estados fronterizos como Texas y California, así como en ciudades que mantienen políticas de santuario. La posibilidad de cierres ordenados por Rubio ha generado una alerta máxima en la cancillería mexicana, ya que estas oficinas son responsables de la asistencia legal y protección de millones de connacionales. Analistas sugieren que esta acción forma parte de una estrategia de presión directa hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum para forzar una mayor cooperación en materia de extradiciones y control fronterizo.
Hasta el momento, el personal diplomático de México en Estados Unidos mantiene sus funciones habituales, aunque bajo un clima de incertidumbre ante posibles notificaciones de desalojo. Por su parte, el Gobierno de México ha evitado emitir un pronunciamiento formal a la espera de conocer los criterios específicos de la auditoría, mientras que sectores pro-migrantes en ciudades como Los Ángeles y Chicago han comenzado a manifestar su preocupación por el impacto que la pérdida de servicios consulares tendría en la población vulnerable.
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