Washington, D.C.- El presidente Donald Trump abrió un nuevo frente en su política migratoria al firmar dos órdenes ejecutivas destinadas a limitar la aplicación de la ciudadanía estadounidense por nacimiento y endurecer los controles contra el llamado “turismo de parto”, meses después de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos rechazara su intento inicial de eliminar de manera general este derecho para hijos de inmigrantes indocumentados.
Las nuevas medidas representan una segunda ofensiva de la administración Trump para modificar la interpretación vigente de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que establece el derecho a la ciudadanía para las personas nacidas en territorio de Estados Unidos, con excepciones históricas muy específicas.
A diferencia de la orden ejecutiva emitida al inicio de su segundo mandato, que pretendía negar la ciudadanía automática a hijos de personas sin estatus migratorio regular y que enfrentó una serie de impugnaciones judiciales hasta quedar bloqueada, el nuevo paquete busca concentrarse en casos particulares y reforzar los mecanismos administrativos para restringir la elegibilidad.
Trump justificó las nuevas acciones al afirmar que la decisión de la Corte Suprema fue “injusta” y que su gobierno buscará otras vías para modificar el sistema. Desde la Oficina Oval sostuvo que Estados Unidos enfrenta un problema derivado de la interpretación actual de la ciudadanía por nacimiento y que su administración continuará impulsando cambios en materia migratoria.
Una de las órdenes ejecutivas establece nuevas restricciones para los hijos de personas consideradas “enemigos extranjeros”, incluyendo integrantes de organizaciones terroristas internacionales, representantes diplomáticos o individuos vinculados con gobiernos considerados adversarios por Washington. También plantea negar el beneficio cuando exista presunto fraude en los procedimientos migratorios de los padres.
La segunda medida está dirigida al denominado turismo de parto, una práctica en la que algunas personas viajan temporalmente a Estados Unidos con el propósito de dar a luz y obtener la ciudadanía para sus hijos. Aunque las autoridades estadounidenses ya cuentan con normas que permiten negar visas cuando ese sea el objetivo principal del viaje, la administración Trump busca incrementar los controles consulares y los mecanismos de detección.
De acuerdo con estimaciones del Instituto de Política Migratoria, cada año podrían registrarse alrededor de 26 mil nacimientos relacionados con esta práctica, una cifra que ha sido utilizada por sectores conservadores como argumento para modificar las reglas migratorias.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos civiles y especialistas constitucionales anticiparon una nueva batalla legal. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos argumentan que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para modificar mediante órdenes administrativas un derecho protegido por la Constitución.
Los críticos de la medida sostienen que la ciudadanía por nacimiento no depende de la condición migratoria de los padres y que restringirla implicaría crear una categoría de menores nacidos en Estados Unidos sin pleno reconocimiento constitucional.
El abogado Cyrus Mehta calificó las nuevas disposiciones como una interpretación incompatible con la Decimocuarta Enmienda y señaló que la propuesta pretende responsabilizar a los hijos por las acciones o condiciones migratorias de sus padres.
En la misma línea, representantes de la ACLU advirtieron que la Suprema Corte ya se ha pronunciado sobre la protección constitucional de la ciudadanía por nacimiento y anticiparon que cualquier intento de modificarla mediante una orden ejecutiva enfrentará nuevamente un proceso judicial.
