Buenos Aires, Argentina.- El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció que instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos de su administración para iniciar un arbitraje internacional en contra de Reino Unido, al calificar como un «saqueo ilegal» la extracción de recursos mediante el proyecto petrolero Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
Durante el anuncio, el mandatario advirtió que si en un plazo de dos semanas el gobierno británico no detiene la explotación que considera ilegítima, el Estado argentino acudirá directamente ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El procedimiento gubernamental se fundamentará en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre the Derecho del Mar (Convemar), con la finalidad expresa de frenar la explotación de hidrocarburos en el área en disputa y evitar cualquier medida que agrave el diferendo territorial. A través de un comunicado emitido por la Oficina del Presidente, se enfatizó que la explotación unilateral de recursos naturales en las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes infringe el derecho internacional, generando un perjuicio irreparable a los derechos soberanos que reclama el país sudamericano.
Como sustento jurídico e histórico de su postura, el Ejecutivo federal recordó lo estipulado en la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU, la cual reconoce formalmente la existencia de una disputa de soberanía entre ambas naciones e insta a encontrar una solución pacífica mediante la vía diplomática. Asimismo, se invocó la Resolución 31/49, que demanda a las partes involucradas abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen el estatus de los territorios mientras persista el proceso de negociación recomendado.
En paralelo a la acción arbitral, la administración argentina implementó sanciones contra la empresa Thales UK Limited, luego de detectar operaciones de una aeronave con matrícula británica que cubrió la ruta entre las islas y Punta Arenas, en Chile, careciendo de la autorización oficial de Buenos Aires. Ante esto, Milei ordenó iniciar de manera urgente los procesos sancionatorios, denuncias penales y las gestiones diplomáticas pertinentes.
Esta nueva ofensiva legal y diplomática se inserta en una escalada de presión contra el proyecto Sea Lion, operado por las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. A inicios de septiembre, el gobierno argentino emprendió procesos punitivos y denuncias penales contra las corporaciones y proveedores vinculados a estas actividades hidrocarburíferas no autorizadas. La tensión bilateral se incrementó semanas atrás, cuando el propio Milei exigió desde la tribuna de la Asamblea General de la ONU la reanudación de las negociaciones de soberanía, advirtiendo que su gobierno tomaría cartas en el asunto frente a cualquier empresa que explote recursos sin el aval de la República Argentina.
