WASHINGTON, D.C. – Mientras el presidente Donald Trump impulsa su promesa de deportaciones masivas, Estados Unidos está cerrando acuerdos con gobiernos autoritarios y con graves antecedentes de violaciones de derechos humanos en África para enviar a miles de migrantes que cuentan con protección legal contra el retorno a sus países de origen.
Diplomáticos estadounidenses, bajo fuerte presión de la Casa Blanca, ofrecen a estos países incentivos que incluyen pagos directos a fuerzas de seguridad, alivio de sanciones, levantamiento de restricciones de visado, financiamiento para salud pública y mejoras en su imagen ante Washington, según cables diplomáticos y documentos revisados por The New York Times.
Un cable de febrero enviado desde la oficina del secretario de Estado Marco Rubio instruía a los diplomáticos a ser explícitos: “Si están dispuestos a acoger a más personas, entonces podremos prestarles más ayuda”. También sugería preguntar abiertamente: “Sin hacer promesas, ¿qué tienen en mente?”.
El enfoque forma parte de la nueva doctrina “Estados Unidos primero en África”, que prioriza los acuerdos migratorios sobre la promoción de la democracia y los derechos humanos
Entre los países con los que Washington ha alcanzado o está negociando acuerdos se encuentran:
- Camerún y Ruanda, donde ya se han enviado migrantes.
- Guinea Ecuatorial, una autocracia conocida por la tortura sistémica, donde los deportados son retenidos en un hotel remoto custodiado por guardias armados.
- Esuatini (antigua Suazilandia), una monarquía absoluta, que mantiene a los migrantes en una prisión de máxima seguridad.
- Sudán del Sur, al borde de la guerra civil.
- República Centroafricana y República Democrática del Congo, países con sistemas judiciales disfuncionales y fuerzas de seguridad vinculadas a torturas y desapariciones.
Muchos de los migrantes enviados a estos terceros países habían recibido en Estados Unidos protecciones humanitarias (asilo, retención de deportación o TPS) precisamente porque enfrentaban persecución política, religiosa o étnica en sus naciones de origen. Ahora son trasladados a lugares donde no tienen vínculos y donde corren riesgos reales de ser reenviados a sus países pese a las órdenes de protección estadounidenses.
Condiciones de detención denunciadasLos testimonios y reportes de abogados revelan condiciones precarias:
- En Camerún, los migrantes están recluidos en un complejo en Yaundé con falta de electricidad, agua caliente y brotes de malaria.
- En Sudán del Sur, son retenidos en una casa cerrada bajo calor extremo y plagas de mosquitos.
- En Esuatini, permanecen en una prisión de máxima seguridad descrita como superpoblada y deteriorada.
- En Guinea Ecuatorial, algunos han contraído fiebre tifoidea en un hotel controlado por la familia gobernante.
- En Ghana, otros fueron alojados en un campo militar con servicios básicos deficientes.
Abogados denuncian que varios migrantes han perdido contacto con sus representantes legales durante meses. En algunos casos documentados, gobiernos como Guinea Ecuatorial y Camerún han devuelto deportados a sus países de origen, violando supuestamente las garantías dadas a Washington.
Incentivos económicos y políticos
Los beneficios para los países receptores son variados:
- El Salvador recibió millones de dólares y una mejora en la alerta de viaje del Departamento de Estado.
- Guinea Ecuatorial: levantamiento temporal de sanciones contra su vicepresidente y 7,5 millones de dólares.
- Esuatini: 5,1 millones de dólares.
- Sierra Leona: próximo desembolso de 1,5 millones de dólares.
- República Centroafricana: 85 millones de dólares canalizados a través de organizaciones internacionales.
- República Democrática del Congo: 50 millones de dólares para “acuerdos con terceros países”.
Stephen Miller, jefe adjunto de personal de la Casa Blanca, ha presionado personalmente al Departamento de Estado para acelerar y ampliar estos pactos.
Cuestionamientos legales y éticosCríticos, incluyendo la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, califican la estrategia como “externalización de responsabilidades migratorias”. Acusan a Estados Unidos de usar gobiernos extranjeros para eludir sus propias obligaciones de no devolución (non-refoulement).
Aunque el gobierno asegura que advierte a los países receptores que no deben reenviar a los migrantes a lugares de persecución, abogados y migrantes denuncian que esto ocurre en la práctica. Jueces federales estadounidenses, como Tanya S. Chutkan, han expresado preocupación por lo que parece una forma de “eludir las obligaciones de Estados Unidos”, aunque han reconocido limitaciones jurisdiccionales una vez que los migrantes salen del país.
El gobierno defiende la medida argumentando que permite cumplir simultáneamente con la ejecución de órdenes de deportación y las protecciones contra retorno al país de origen. Funcionarios afirman priorizar a personas con antecedentes penales, aunque documentos judiciales muestran que una proporción significativa de los afectados no los tiene.
El programa continúa expandiéndose, con cientos de migrantes ya detenidos en África a la espera de traslado y miles más bajo evaluación.
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