Chihuahua, Chih.- El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 a favor del fuero federal, declarando su competencia para conocer del delito de peculado agravado imputado al senador y exgobernador Javier Corral Jurado, así como a otros involucrados.
La decisión, notificada recientemente, confirma la atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la defensa de Corral solicitara esta intervención. Según un comunicado difundido por Cinthia Chavira, esposa del exmandatario, y atribuido al despacho Shutte And Delsol, la solicitud se fundamentó en argumentos legales sólidos y, principalmente, en la necesidad de garantizar los fines constitucionales del proceso penal.
El texto señala que en Chihuahua no se permitiría a los imputados presentar pruebas ni argumentos, lo que afectaría los derechos de las víctimas, la sociedad y el acceso a la verdad, justicia y reparación del daño. “Se buscó un tribunal que los escuche, que permita defenderse y resuelva conforme a Derecho”, indica el despacho.
La FGR ejerció su facultad de atracción y dos jueces de distrito federales coincidieron en la competencia federal. Tras audiencias extensas con alegatos y pruebas de las partes, se ordenó a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) y al juez de control local desistir del asunto y remitir los expedientes. El Tribunal Colegiado ratificó este criterio, abriendo la vía para que las autoridades federales analicen el fondo del caso.
La investigación se origina en un reporte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre pagos por 98.6 millones de pesos a López Elías Finanzas Públicas, S.C., durante la administración Corral (2016-2021). El monto, entregado en dos exhibiciones de 49.3 millones cada una (3 de diciembre de 2019 y 5 de agosto de 2020), correspondía supuestamente a estudios para la reestructuración de la deuda estatal, pero no se presentó evidencia de su realización. La ASE observó que esa función correspondía a personal de la Secretaría de Hacienda estatal.
Este es el mismo caso que motivó una fallida orden de aprehensión contra Corral el 14 de agosto de 2024 en la Ciudad de México, antes de que adquiriera fuero senatorial. También hay órdenes vigentes contra el exsecretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez (prófugo desde 2023) y Pedro L. E., dueño del despacho (tercer prófugo en la causa 3050/2024)
.La resolución marca un cambio de jurisdicción en medio de tensiones entre autoridades locales y federales. Previamente, la FACH había defendido la competencia estatal, argumentando que el peculado afecta exclusivamente el patrimonio de Chihuahua. Ahora, el expediente pasa a la FGR para su análisis y resolución definitiva.
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