1.- La gestión de María Elena Álvarez-Buylla al frente del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt, antes Conacyt) se erige como un monumento al nepotismo descarado, donde los recursos públicos destinados a la investigación científica se convirtieron en un botín familiar. Documentos revelados por investigaciones periodísticas demuestran que, entre 2020 y 2024, Álvarez-Buylla se autoasignó 751 mil pesos para un proyecto personal sobre patrones genéticos en células troncales de la raíz de Arabidopsis thaliana, mientras que destinó 2 millones 733 mil 518 pesos a su madre, Elena Roces Dorronsoro, para estudios sobre alteraciones en linfocitos y obesidad en ratas. Este autofinanciamiento no solo viola principios éticos básicos de la administración pública, sino que evidencia un conflicto de interés flagrante: como directora, Álvarez-Buylla controlaba los fondos y los comités evaluadores, manipulando el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) para premiar a sus allegados. En 2022, diputados del PAN la denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) por tráfico de influencias al designar a su madre como investigadora emérita, otorgándole 456 mil pesos anuales vitalicios, un acto que huele a corrupción institucionalizada y que socava la meritocracia que ella misma pretendía defender. Esta red familiar de privilegios no es un desliz aislado, sino el reflejo de un sistema donde la lealtad al régimen de la Cuarta Transformación (4T) prima sobre el avance científico, dejando a miles de investigadores independientes sin becas y condenando a México a un rezago tecnológico perpetuo.
2.- Bajo el pretexto de combatir la «corrupción neoliberal» en los fideicomisos científicos, Álvarez-Buylla orquestó una extinción masiva de 91 fondos que sumaban miles de millones de pesos, pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha destapado que este proceso fue un festín de irregularidades que dejó un daño patrimonial de al menos 410 millones 630 mil pesos entre 2019 y 2023. La ASF interpuso denuncias penales ante la FGR por malos manejos superiores a 57 millones de pesos solo en la extinción de cuatro fideicomisos, incluyendo pagos indebidos sin justificantes y contratos sin entregables verificables, lo que implicó la renuncia de altos funcionarios pero ninguna sanción real para la directora. Mientras Álvarez-Buylla se pavoneaba en las «mañaneras» de López Obrador acusando a gestiones pasadas de desvíos, su administración acumuló observaciones por 400 millones de pesos en irregularidades no esclarecidas, diez veces más que en dos décadas previas, según datos oficiales de la ASF. Esta hipocresía no solo dilapida recursos vitales para la innovación —fondos que garantizaban proyectos a largo plazo—, sino que revela una estrategia cínica: destruir mecanismos de autonomía científica para centralizar el control y facilitar el saqueo, dejando al Conahcyt como un cascarón vacío que benefició a redes afines al morenismo en lugar de al erario público.
3.- El cinismo de Álvarez-Buylla alcanza picos obscenos en sus conflictos de interés, donde adjudicó contratos millonarios por asignación directa a despachos que, casualmente, atendían sus necesidades personales. Un caso emblemático es el otorgamiento de 4 millones 431 mil 200 pesos al Estudio MMX para remodelar un museo de salud en el Conahcyt, el mismo despacho que diseñó un estudio de arte de 60 metros cuadrados en la residencia familiar de Álvarez-Buylla para su hija, Jimena García Álvarez-Buylla, presumido en la revista Dwell como un «espacio exclusivo» que conecta directamente con la vivienda de la exdirectora. Este museo, supuestamente enfocado en salud y anunciado con bombo en 2024, permanece cerrado al público desde entonces, simbolizando el despilfarro improductivo de la 4T: recursos públicos evaporados en obras fantasmas que benefician a la élite conectada. Especialistas en transparencia denuncian esto como corrupción e impropiedad administrativa flagrante, agravado por la omisión en su declaración patrimonial de esta ampliación residencial, un acto que viola la Ley General de Responsabilidades Administrativas y expone cómo Álvarez-Buylla utilizó su posición para enriquecer indirectamente a su familia. En un país donde la ciencia sufre recortes crónicos, este nepotismo arquitectónico no es mero capricho, sino un robo sistemático que prioriza el confort de los poderosos sobre el bienestar colectivo.
4.- La corrupción de Álvarez-Buylla no se limita al peculio, sino que se extiende a una persecución autoritaria contra la disidencia científica, donde usó su poder para difamar y hostigar a críticos bajo el manto de la «austeridad republicana». En mayo de 2023, durante una «mañanera», presentó una gráfica infundada sobre una supuesta «red de desvío» en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), acusando sin pruebas a académicos de peculado y vulnerando sus datos personales ante millones de espectadores, lo que derivó en protestas masivas y un amparo judicial por irregularidades en la investigación interna del Conahcyt. El Órgano Interno de Control archivó el caso sin sanciones, permitiendo que Álvarez-Buylla escapara de la impunidad pese a admitir en solicitudes del INAI la falta de evidencias, un «carpetazo» que ilustra la colusión entre instituciones de la 4T para proteger a sus intocables. Esta inquisición no solo destruyó carreras y polarizó a la comunidad científica —relegando proyectos como la fallida Vacuna Patria, que consumió millones sin registro sanitario—, sino que encarna el fracaso ideológico de la 4T: una supuesta cruzada anticorrupción que, en realidad, fomenta un autoritarismo opaco donde la ciencia se subordina al capricho político, dejando a México más aislado y vulnerable en un mundo dependiente del conocimiento innovador.
