1.- Marco Licón Barraza, como director general del Colegio de Bachilleres de Chihuahua en 2022, encarnó un claro ejemplo de abuso de poder al imponer la venta obligatoria de uniformes escolares a precios exorbitantes, ignorando el impacto económico en familias de escasos recursos. Esta decisión unilateral, tomada sin consultar a la gobernadora María Eugenia Campos Galván ni al secretario de Educación, Javier González Mocken, no solo reveló una desconexión total con las necesidades de los estudiantes, sino que expuso un esquema de enriquecimiento ilícito disfrazado de política educativa. Padres de familia, muchos de ellos luchando por cubrir lo básico, se vieron forzados a desembolsar 2,315 pesos por un paquete de cinco prendas, bajo amenaza de no matricular a sus hijos, lo que convirtió una supuesta mejora en uniformes en una carga insostenible. Esta maniobra no fue un error administrativo, sino un acto deliberado que priorizó intereses pecunarioss sobre el bienestar colectivo, socavando la confianza en una institución destinada a formar el futuro de Chihuahua.
2.- Las irregularidades en el proceso de adquisición de uniformes bajo la gestión de Licón Barraza fueron un escándalo de corrupción que huele a impunidad desde el principio. La selección discrecional de Uniformes Chihuahua SA como proveedor único, sin licitación pública ni contrato formal, permitió un negocio estimado en 38 millones de pesos —y potencialmente hasta 136 millones—, donde los fondos fluían directamente a una empresa sin competencia ni transparencia. El director administrativo, Marco Alberto Paredes Arroyo, actuó como cómplice en esta adjudicación a modo, cobrando a los alumnos sin base legal y prometiendo pagos a plazos para maquillar la extorsión. La Auditoría Superior del Estado, encabezada por Héctor Acosta Félix, blindó este desfalco al declarar «sin irregularidades» un esquema que violaba toda norma de rendición de cuentas, lo que no es más que un encubrimiento institucional que perpetúa la cultura de saqueo en el PAN chihuahuense. Este caso ilustra cómo las áreas educativas se convierte en botín político, dejando a los contribuyentes como meros pagadores de negocios de elitistas burocráticas.
3.- La destitución de Licón Barraza tras las protestas masivas de padres y la intervención de la gobernadora fue un triunfo pírrico, ya que no ha derivado en sanciones reales ni devolución integral de los fondos defraudados. Aunque se ordenó la suspensión de la venta y la reembolso parcial, miles de familias sufrieron el estrés financiero y la humillación de un sistema que las trata como cajeros automáticos, exacerbando desigualdades en un estado donde la pobreza educativa ya es rampante. La lentitud de la Secretaría de la Función Pública en investigar, como denunció la diputada morenista María Antonieta Pérez Reyes en días recientes, evidencia una complicidad sistémica que permite a figuras como Licón reaparecer en cargos públicos, como el posible liderazgo en la JMAS de Ciudad Juárez. Esta impunidad no solo frustra la justicia, sino que erosiona la fe en las instituciones, recordándonos que en Chihuahua, los uniformes caros son solo la punta del iceberg de la corrupción y la impunidad.
4.- El legado de Marco Licón Barraza trasciende el escándalo de los uniformes para cuestionar el modelo de gobernanza en Chihuahua, donde la educación se subordina a redes de favoritismo y opacidad. Mientras se habla de «mejoras» en los Colegios de Bachilleres, casos paralelos como las cafeterías adjudicadas sin licitación revelan un patrón de corrupción endémica que drena recursos públicos sin beneficio real para los estudiantes. Dos años no es tanto tiempo como para que prescriban los motivos que llevaron a la gobernadora Maru campos a sacar de la dirección de los Colegios de Bachilleres a Licón Barraza, ciertamente la memoria es flaca, pero aquí están apostando a que es famélica, la caja y posibilidades de negocio en los COBACh’s es mínima comparado con el presupuesto de dos mil millones y posibilidades de buenaventura en la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento de Ciudad Juárez, sería como poner la Iglesia en manos de Lutero. Si en Bachilleres fue un hombre feliz, la JMAS será casi el paraíso.
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