CIUDAD DE MÉXICO. — A poco más de medio año de haber asumido la titularidad de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes en la Fiscalía General de la República (FGR), la salida de Ulises Lara López continúa generando reacciones y cuestionamientos en el ámbito político y de seguridad nacional. Aunque en un inicio su dimisión fue atribuida formalmente a motivos personales, diversas versiones periodísticas e investigaciones internas apuntan a presuntas indagatorias de contrainteligencia en su contra.
Lara López, quien fuera uno de los colaboradores más cercanos de la actual fiscal general Ernestina Godoy desde su paso conjunto por la fiscalía capitalina, dejó el cargo federal en julio de este año. Sin embargo, revelaciones difundidas por columnistas especializados apuntan a que su separación del puesto estuvo precedida por presuntas irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones.
Entre los señalamientos centrales destacan indicios que lo vincularían con filtraciones de información estratégica y presuntos acuerdos con actores involucrados en redes de contrabando de hidrocarburos —conocido como huachicol fiscal—, destacando entre las líneas de indagatoria el caso relacionado con la liberación de José Antonio Cortés, alias El Titán, vinculado a actividades ilícitas del Cártel del Noreste.
Asimismo, las pesquisas de contrainteligencia habrían arrojado que el exfuncionario federal presuntamente operaba como fuente de información para agencias de inteligencia de Estados Unidos sin la autorización formal correspondiente, una situación que presuntamente se habría prolongado durante varios años.
Ante estas acusaciones, Ulises Lara emitió un posicionamiento público en el que rechazó de manera categórica haber incurrido en conductas contrarias a la ley. El exfuncionario sostuvo que durante su gestión se condujo con estricto apego al marco normativo y a las obligaciones institucionales, al tiempo que descalificó las versiones parciales difundidas en medios y señaló que cualquier aclaración debe realizarse a través de las vías legales formales.
Hasta el momento, las instancias federales no han confirmado formalmente la existencia de una carpeta de investigación con cargos criminales contra el ex fiscal especial, aunque las indagatorias de carácter administrativo y de control interno permanecen abiertas para deslindar responsabilidades.
