Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público procedió al congelamiento de las cuentas bancarias de Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, luego de que el gobierno de Estados Unidos emitiera sanciones en su contra por su presunta vinculación con operaciones financieras ilícitas y redes criminales.
La medida implementada por el organismo mexicano alcanzó de manera directa a un total de cuarenta y seis objetivos, divididos en veintiuna personas físicas y veinticinco empresas. Entre los afectados por el bloqueo financiero también figuran Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres, y Pedro Ariel Mendívil García, quien se desempeñara como director de Seguridad Pública en el municipio de Mexicali.
Esta acción gubernamental en territorio nacional responde de manera directa a la decisión anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la cual incorporó a Carlos Torres dentro de una lista de actores señalados de formar parte o colaborar con estructuras financieras y de lavado de recursos ligadas al Cártel de Sinaloa, específicamente vinculadas con la facción encabezada por Ismael Zambada Imperial, conocido como el Mayito Flaco.
De acuerdo con los reportes de inteligencia financiera y las indagatorias previas que han llevado a cabo instancias como la Fiscalía General de la República, la red en la que se le involucra operaba mediante esquemas de sobornos, utilización de empresas fachada y la supuesta protección a células delictivas con presencia en la región noroeste del país a cambio de beneficios económicos y de operación. Las investigaciones apuntan a que los recursos de procedencia presuntamente ilícita eran canalizados para influir en ámbitos políticos y adquirir bienes patrimoniales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aclaró que el bloqueo de las cuentas bancarias operadas en el sistema financiero mexicano constituye una medida de carácter preventivo orientada a proteger el sistema económico nacional y evitar el flujo de capitales de dudosa procedencia, mientras las autoridades competentes continúan con las investigaciones formales para deslindar responsabilidades legales de cada uno de los implicados.
