Sobre mugreros y baches
En el escenario de la polarizada política chihuahuense, el reciente intercambio de acusaciones entre la gobernadora María Eugenia Campos Galván (PAN) y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (Morena), revela tensiones partidistas y fallas estructurales en la gestión pública. El incidente detonó el 27 de enero, cuando la camioneta de Campos cayó en un bache durante una gira en Juárez, ponchando una llanta. En un video difundido en redes, la mandataria recriminó al alcalde por el deterioro vial, exigiendo que «se ponga a trabajar» y atienda las demandas ciudadanas, que incluyen miles de reportes de baches que afectan la movilidad y generan accidentes, con pérdidas económicas y hasta vidas humanas. Pérez Cuéllar respondió rápidamente desde la Torre Centinela, un proyecto estatal de vigilancia con un retraso notable en su construcción, calificándolo de «mugrero» inútil para los juarenses, argumentando que los millones invertidos allí (estimados en miles de millones de pesos) debieron destinarse a pavimentación.
Este cruce de reproches trasciende un simple accidente vial y expone una guerra política preelectoral. Campos, en su segundo año de mandato, ha priorizado la Torre Centinela como emblema de seguridad, pero críticos la señalan como obra negra inconclusa tras dos años, ineficaz contra el alza de homicidios en Juárez, y un despilfarro ante necesidades básicas como infraestructura vial. Pérez Cuéllar, ex panista ahora morenista y aspirante a la gubernatura, usa el incidente para posicionarse como opositor, pero su administración enfrenta acusaciones de negligencia en baches crónicos, heredados pero no resueltos, y amplio nepotismo en el DIF municipal.
Esta confrontación distrae de soluciones colaborativas, como fondos federales o estatales para Juárez, que genera gran parte del PIB estatal pero sufre por baja inversión federal y estatal. Partidismo exacerbado por Morena-PAN divide recursos, perpetuando problemas: baches causan daños vehiculares anuales por millones, mientras la Torre, con cámaras y tecnología, no ha reducido delincuencia organizada. Público en redes exige unidad, no «aventarse la bolita», destacando que ambos niveles fallan en priorizar ciudadanos sobre egos políticos. En suma, este episodio subraya la política electoral y clientelismo en Chihuahua, donde acusaciones mutuas enmascaran ineficiencias sistémicas, urgiendo transparencia y rendición de cuentas para 2027.
Terna en el PRI para relevar a Dominguez
En el contexto de la crisis interna del PRI en Chihuahua, exacerbada por las críticas a Alejandro Domínguez —conocido como «el cabezón»— tras sus declaraciones contra la alianza con el PAN y el riesgo de perder el registro partidista, se vislumbra un relevo en el Comité Directivo Estatal (CDE). Domínguez, quien asumió en 2021, enfrenta presiones crecientes para dejar el cargo, agravadas por tensiones con panistas y una militancia dividida. A enero de 2026, persiste en su rol como dirigente estatal, según sus publicaciones en redes, donde enfatiza el compromiso con el progreso y el apoyo a Alito Moreno, pero el anuncio de Jorge Romero sobre el fin de coaliciones en 2026 acelera la necesidad de renovación.
Filiberto Terrazas, ex magistrado de Juárez, surge como aspirante con perfil judicial y arraigo fronterizo. En julio de 2025, se destapó para la alcaldía juarense por el PRI, alcanzando 22.7% en encuestas de Massive Caller, pero exploró candidaturas independientes o alianzas ciudadanas. Su informe de labores en agosto de 2025 generó rumores de buscar la dirigencia estatal, posicionándolo con posibilidades moderadas (35%), ideal para unificar sectores urbanos, pese a acusaciones de corrupción en el Poder Judicial y falta de base militante fuerte.
Armando Valenzuela Colomo, exalcalde de Ojinaga (2016-2018), representa el ala rural y tradicional. Líder local en divisiones priistas desde 2019, su gestión en el sureste le otorga apoyo en municipios periféricos, pero su bajo perfil estatal y escasa visibilidad en encuestas limitan sus chances a 20%, enfocado en contrarrestar fugas a Morena. Su trayectoria incluye roles en comisiones nacionales del PRI, aunque sin avances recientes notables.
José Luis Villalobos, diputado local y coordinador nacional de afiliación del PRI, cercano a Alito Moreno, ostenta el mayor potencial (45%). Presidente de la Comisión de Turismo desde septiembre de 2024, impulsó reformas en salud, turismo sostenible y foros regionales en 2025 para modernizar la ley estatal. Ranqueado como el cuarto mejor diputado PRI nacional en octubre de 2025 por Congresistas, su rol nacional, agenda participativa y críticas al gobierno federal (como el descarrilamiento del Tren Interoceánico en diciembre de 2025) lo posicionan como favorito para desplazar a Domínguez, fortaleciendo al partido rumbo a 2027 sin alianzas.
Este relevo podría revitalizar al PRI, enfrentando el ascenso de Movimiento Ciudadano y Morena, pero depende de la decisión del CEN, priorizando unidad ante el dominio panista y morenista. El declive general del PRI a nivel nacional, con pugnas internas, complica el panorama.
Opacidad en la UACH
El diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Chihuahua, ha intensificado la presión sobre la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). El 30 de enero, Estrada presentó una solicitud formal de información sobre el arrendamiento de inmuebles universitarios, demandando un listado completo de propiedades, el número de arrendamientos vigentes, aquellos destinados a eventos culturales como conciertos, y los montos recaudados. Esta iniciativa busca esclarecer el destino de recursos públicos, ante sospechas de manejo opaco en una institución que recibe subsidios estatales.
Sin embargo, la UACH rechazó la petición, argumentando que se trata de un «acto de autoridad», invocando su autonomía constitucional. Esta respuesta no solo evade la rendición de cuentas, sino que plantea un dilema crítico: ¿la autonomía universitaria sirve como escudo para eludir escrutinio público? En un país plagado por escándalos de corrupción en instituciones educativas, como desvíos en universidades autónomas de otros estados, esta negativa alimenta dudas sobre posibles irregularidades en contratos de arrendamiento, que podrían involucrar favoritismos o subutilización de bienes públicos.
Estrada, no conforme, anunció que elevará el tema en la próxima sesión legislativa, amparado en el artículo 66 de la Constitución local, para forzar respuestas. Esta acción de Morena, aunque impulsada por un partido en el poder federal, resalta una contradicción: mientras el gobierno nacional pregona austeridad, entidades locales como la UACH resisten la fiscalización. Esta demanda podría ser un avance hacia mayor rendición de cuentas, pero también un juego político en un estado gobernado por oposición. Si la UACH persiste en su hermetismo, no solo erosiona su credibilidad, sino que perpetúa un sistema donde el dinero público se maneja en sombras, perjudicando a estudiantes y contribuyentes. La sociedad chihuahuense merece claridad. El Congreso debe actuar con rigor, evitando que la autonomía se convierta en impunidad.
