¡Si las encuestas votaran!
Si la gubernatura de Chihuahua fuera decidida por las encuestas, en los tiempos recientes Enrique Serrano Escobar habría sido gobernador y su sucesor hubiera sido Juan Carlos Loera de la Rosa. En ambos casos no todas las encuestas los daban ganadores, pero si la mayoría ¿Entonces porque ocuparse de las encuestas? Una reflexión mínima sobre lo anterior, nos lleva a pensar que ocuparse de ellas es un buen pasatiempo en los mentideros políticos mientras llegan las elecciones y ahí lo que menos importan son las encuestas sino lo que observamos en las campañas y lo que dicen las encuestas que se mandan a hacer para tomar decisiones; se deben consultar las encuestas que no son para ser publicadas, sino para planeación de campañas. Ya en campaña dice más la dermis que Mitofsky.
Las encuestas hoy
Si las elecciones estuvieran a la vuelta de la esquina y las encuestas reflejarán la verdad, tendríamos que en los mésese diciembre y enero, la campaña de la senadora Andrea Chávez Treviño aflojó en las últimas semanas y pasó de dominante a tener una intención del voto en el rango del 28 al 30 por ciento y quien se mantenía en segundo lugares presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar pasa por un buen momentum y se mueve entre el 33 y 36.5 por ciento de las preferencias, esto en base a las encuestas más recientes de firmas como GobernArte, Polister, Question Mark y Mitofsky (publicadas entre finales de 2025 y enero de 2026), y en discreto segundo plano con sólo un dígito la delegada del Bienestar Mayra Chávez Jiménez. Ergo, si las encuestas votaran sería candidato de Morena el alcalde de Juárez Pérez Cuéllar…pero las encuestas no votan y regularmente pierden como lo vimos líneas arriba.
¿Qué dice la dermis?
El juego esta empezando, todo lo que vimos el año pasado fueron actos de campaña anticipado, ilegales, mal disfrazados, pero generalizados y normalizados desde que el país se tapizó con espectaculares de #EsClaudia, con un perfil en negro profundo de una mujer de con cola de caballo como la que usa la presidente Claudia Sheinbaum, por lo tanto no tiene la menor importancia, hasta que la tenga, si Morena que controla los institutos electorales decide que así sea…muy improbable por cierto, sería escupir para arriba. Bien, lo que dice la dermis, es que debemos estar atentos a Mayra Chávez, la de discreto y modesto dígito, sobre todo porque lo ha obtenido sin hacer absolutamente nada, salvo estar al frente de la dependencia que entrega becas y pensiones.
El Predial del PAN
Los dimes y diretes sobre el impuesto predial entre partidos políticos revelan una hipocresía flagrante y un uso descarado del tema para fines electorales. El alcalde morenista de Juárez Cruz Pérez Cuéllar ha exhibido públicamente el adeudo del PAN en predial —superior a 9.5 millones de pesos acumulados desde 2012—, impulsando un plebiscito para cobrarlo o rematar propiedades, mientras compara este incumplimiento con el pago puntual de casi 376 mil cuentas ciudadanas en 2025. El PAN responde acusando al alcalde de «desesperación» por denuncias en su contra y promete pagar, pero evade explicar por qué arrastró la deuda durante años. Críticamente, Morena usa este caso para atacar la «incongruencia» opositora, ignorando que su propia administración ha aprobado ajustes catastrales que impactan el predial; es un juego de espejos donde nadie asume responsabilidad real, y el contribuyente queda como testigo de un circo político.
Doble estándar en valores catastrales
La aprobación de tablas de valores unitarios de suelo y construcción para 2026 en Juárez y otros municipios chihuahuenses ha desatado críticas cruzadas entre PAN y Morena, exponiendo un doble estándar ruinoso. El Congreso —con mayoría panista— ratificó incrementos moderados (promedio 3-5% en Juárez), pero diputadas panistas como Xóchitl Contreras denuncian alzas acumuladas de hasta 300-400% entre 2022 y 2026 en algunas zonas, tildándolas de voraces. Morena responde ironizando que el PAN critica incrementos mientras su comité municipal adeuda millones en predial. Ambos bandos solo defienden al ciudadano cuando están en oposición: una vez en control municipal o del Congreso, avalan o justifican actualizaciones como «necesarias» para finanzas públicas, perpetuando un sistema donde los ajustes catastrales sirven más para recaudar que para mejorar servicios, y las críticas son mera herramienta de desgaste.
El plebiscito arma política
La escalada en Juárez alrededor del adeudo panista, con notificaciones formales y amenazas de embargo, convierte el predial en un instrumento de confrontación partidista sin precedentes. El morenista califica el incumplimiento de «abuso» mientras resalta que el PAN recibió más de 54 millones en prerrogativas en 2025 sin pagar sus obligaciones fiscales locales. El PAN contraataca recordando que la deuda se originó en periodos donde Pérez Cuéllar tuvo influencia en el partido y acusa chantaje político. Esta polémica distrae del problema estructural: la baja eficiencia recaudatoria y el mal uso de recursos municipales. En lugar de resolver adeudos institucionales de manera técnica, se politiza para ganar puntos electorales, erosionando la confianza ciudadana y demostrando que el predial es pretexto perfecto para descalificaciones mutuas en un estado donde la alternancia partidista no ha mejorado la equidad fiscal.
Ciudadanos como rehenes
En Chihuahua y Ciudad Juárez, los habitantes terminan como víctimas colaterales de los dimes y diretes sobre predial, mientras PAN y Morena priorizan su narrativa sobre soluciones reales. Mientras el alcalde morenista presiona al PAN por 9.5 millones adeudados y critica su «incongruencia», la oposición denuncia incrementos que afectan hogares sin mejoras en seguridad o infraestructura. Las tablas de valores aprobadas para 2026 limitan alzas a niveles inflacionarios en muchos casos, pero las quejas por aumentos históricos persisten sin que nadie proponga una reforma genuina. Críticamente, este ciclo vicioso perpetúa desconfianza: los partidos usan el predial como arma retórica para atacar al rival, mientras protegen sus prerrogativas millonarias y evaden responsabilidades compartidas en el desfalco de servicios públicos. El ciudadano paga más, pero nunca ve resultados proporcionales, confirmando que en Chihuahua el cálculo político siempre prevalece sobre el bienestar colectivo.
El Hercules y la soberanía
El aterrizaje de un avión militar estadounidense Lockheed Martin C-130J Super Hercules en el Aeropuerto Internacional de Toluca ha desatado una ola de especulaciones y críticas en el panorama político mexicano, sobre todo en un momento de alta tensión bilateral con Estados Unidos bajo la segunda administración Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia del 19 de enero de 2026, aseguró que la aeronave no transportaba tropas extranjeras ni realizaba operaciones militares en suelo nacional, sino que se trataba de un vuelo logístico autorizado desde octubre de 2025 por la Sedena para capacitar personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esta explicación esta muy guanga EE.UU aterrizo en un aeropuerto civil para que se viera y se comentara es otra presión más de Donald Trump, por eso no estan desencaminados los rumores de intervención estadounidense contra el narcotráfico, pero pone en evidencia una dependencia creciente en la cooperación binacional que pone en riesgo la autonomía mexicana en materia de seguridad.
Uso conveniente de la legalidad
Las declaraciones de Sheinbaum minimizan las implicaciones soberanas de permitir que una aeronave militar extranjera aterrice en un aeropuerto civil como Toluca en lugar de una instalación castrense, algo inusual que podría interpretarse como un intento deliberado para despertar el escrutinio público. Aunque la presidenta argumentó que no era necesario el permiso del Senado porque no había “tropas extranjeras”, aquí presidente resbala, porque si la tripulación de esemoustro de los aires sólo requiriera de un sólo hombre necesariamente seria un militar norteamericano. En un país con memoria histórica de intervenciones estadounidenses —desde la Operación Cóndor hasta las presiones migratorias recientes—, este episodio refuerza la sospecha de que México está cediendo soberanía en acuerdos poco transparentes con Washington.
¿Capacitación o preludio de una intervención?
El ambiente internacional agrava la crítica: con Donald Trump de regreso en la Casa Blanca y sus declaraciones explícitas sobre “ataques por tierra” contra el narcotráfico mexicano, el aterrizaje del Hercules se percibe como un posible preludio a acciones más agresivas. Sheinbaum defiende la colaboración como “bilateral” y menciona que personal mexicano viajó a Estados Unidos para recibir entrenamiento del Comando Norte, pero esta postura puede leerse como una capitulación encubierta: México acepta capacitación estadounidense para calmar presiones, en vez de fortalecer capacidades propias la Fuerza Area Mexicana tiene aviones Hercules y hay soldados mexicanos que los saben tripular, todo esto más parece otro movimiento de Trump para arrinconar a Sheinbaum. Esta asimetría de poder se agrava cuando el propio Trump califica a los cárteles como “gobernantes reales” de México, cuestionando directamente la legitimidad del gobierno morenista.
Opacidad deliberada
Otro punto débil de las declaraciones presidenciales es la falta de transparencia. Aunque Sheinbaum descartó cualquier operación fuera de protocolo, no ofreció información concreta sobre el contenido de la capacitación, los participantes, la duración, los costos o el alcance del acuerdo. Esta omisión invita a sospechar que se trata de un arreglo más amplio en inteligencia o combate al crimen organizado. Opositores del PAN y PRI han exigido que el Senado revise el caso, argumentando que toda presencia militar extranjera —aunque sea logística— debe ser sometida a escrutinio para evitar precedentes peligrosos. La opacidad erosiona la credibilidad de un gobierno que se presentó como defensor de la soberanía, pero que ahora parece actuar con pragmatismo al borde de la complacencia.
Contradicciones del morenismo
El incidente del Hercules expone las contradicciones internas del proyecto morenista: mientras Claudia Sheinbaum proyecta una imagen de firmeza nacionalista heredada de López Obrador, hechos como este revelan una vulnerabilidad estructural ante las asimetrías con Estados Unidos, agravadas por la crisis del fentanilo y la migración. Si este tipo de “capacitaciones” se normalizan sin debate público ni rendición de cuentas, México corre el riesgo de una erosión paulatina de su soberanía, abriendo la puerta a intervenciones futuras justificadas bajo el argumento de “seguridad compartida”. Las palabras calmantes de la presidenta, en última instancia, podrían leerse como una admisión implícita de que la independencia mexicana es cada vez más condicional y depende de la voluntad de Washington.
