CIUDAD DE MÉXICO.- El panorama mediático y político de la nación experimentó una fuerte sacudida institucional tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien durante su conferencia matutina del lunes 25 de mayo de 2026 llamó de forma abierta a la población a no ver la programación de TV Azteca. La mandataria acusó a la televisora propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego de difundir mentiras descaradas y mantener una andanada de desinformación sistemática en contra de su gobierno, proponiendo de forma sarcástica la creación de una sección denominada el mitómano de la semana para exhibir las notas periodísticas del canal.
La postura presidencial elevó de inmediato el nivel de confrontación que el Gobierno Federal arrastra con el consorcio empresarial debido a la disputa por millonarios adeudos fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria. En una segunda comparecencia desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo defendió su pronunciamiento argumentando que se trató de una simple opinión personal al amparo de su derecho de réplica y no de un acto de censura estatal, descartando de manera tajante la revocación de concesiones para la transmisión de señales.
Acusaciones de censura
La respuesta institucional de TV Azteca se procesó mediante un duro comunicado oficial en el que calificó el boicot presidencial como un intento evidente de censura y una agresión directa a las libertades de expresión y de prensa en el país. La empresa defendió la vigencia y solidez de su audiencia masiva, sosteniendo que millones de ciudadanos no dejarán de consumir sus programas informativos, de entretenimiento y deportivos solo porque a la titular del Poder Ejecutivo le incomode que se visibilicen la violencia, la crisis de salud y los problemas de inseguridad pública que padece el territorio nacional.
La contraofensiva de la televisora de Salinas Pliego escaló al terreno político-judicial, acusando a la administración federal de operar bajo un esquema de complicidad al más alto nivel con el narcotráfico y el crimen organizado. El desplegado de la compañía hizo alusión directa a las indagatorias y órdenes de extradición solicitadas por cortes norteamericanas contra figuras de Morena, mencionando explícitamente a los gobernadores Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal, así como las investigaciones por corrupción que involucran a Andy y Bobby López Beltrán, hijos del expresidente de la república.
Alertas de organismos internacionales
El choque mediático encendió las alertas de diversas agrupaciones gremiales dentro y fuera del país, las cuales advirtieron sobre el progresivo deterioro de las garantías para el ejercicio informativo. La Sociedad Interamericana de Prensa, en concordancia con los pronunciamientos de la Alianza de Medios de México, calificó de desafortunadas las declaraciones de la mandataria federal por considerar que su investidura oficial agrava la estigmatización contra los comunicadores críticos. Los organismos internacionales indicaron que este tipo de boicots alimentan un ambiente adverso que expone a los reporteros a dinámicas de vulnerabilidad y hostigamiento en las diversas regiones de la nación.
Por su parte, los partidos de oposición en el Congreso de la Unión coincidieron en que el exhorto de Palacio Nacional refleja un preocupante rasgo de autoritarismo centralista que pretende decidir la manera en que los ciudadanos deben informarse. En el ámbito de las redes digitales, la confrontación dividió las opiniones entre sectores de la militancia oficialista que respaldan los cuestionamientos a la historia de privatización de la planta televisiva y sectores civiles que denuncian una flagrante violación a los principios constitucionales de tolerancia democrática.
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