Sheinbaum atenta contra los DD. HH.
Claramente las cosas están cambiando en México, y no todo para bien. La contumacia del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que se refiere a desoír las recomendaciones de la ONU sobre lo violatorio que es a los Derechos Humanos la prisión preventiva oficiosa, llega a niveles inverosímiles. No es falta de entendimiento, es peor: parece capricho, infantilismo. Lamentablemente, la presidenta Claudia Sheinbaum no se atreve a corregir la plana en un asunto tan claramente injusto para miles de mexicanos. Solamente en las cárceles de Chihuahua hay dos mil personas que llevan años sin sentencia porque no se logra comprobar su culpabilidad. Hay casos extremos en que, luego de cinco años o más de prisión preventiva, el interno demuestra su inocencia y simplemente se le libera, después de haber destruido su vida.
En el país son 60 mil
Según datos oficiales, hay 60 mil reos sin sentencia y con más de dos años de prisión preventiva oficiosa en las cárceles del país. Son muchas las causas, entre ellas ser pobre, no tener dinero para pagar un abogado, y la abulia de los abogados de oficio, cuya ineficiencia es más que conocida. Estos cargos suelen ser puestos burocráticos para abogados sin clientes. La medida, además de ser injusta, es onerosa para el erario y destruye, hasta sus raíces, aquello que supuestamente beneficia a todos: «primero los pobres».
Justicia solo para quienes pueden pagarla
En estos días de modorra de fin de año, el Diario Oficial de la Federación publicó el aumento del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Al ver la gravedad de los delitos, podría uno estar de acuerdo, al menos con la mayoría de ellos. Lo lamentable es que, en la práctica, la ley se manipula y los jueces de control, por comodidad o por otras razones, la aplican prácticamente de manera generalizada. Solo se salvan quienes tienen dinero para pagar disimulos.
Otro llamado de la ONU
En sus redes oficiales, la oficina de los Derechos Humanos de la ONU escribió:
“Ante la publicación en el #DOF de la reforma sobre Prisión Preventiva Oficiosa (#PPO), reafirmamos que esta figura contraviene #DerechosHumanos. La #PPO, lejos de expandirse y endurecerse, debería eliminarse. Según mecanismos internacionales, es una #DetenciónArbitraria”.
Viola al menos 11 derechos
La medida, endurecida por el gobierno de Claudia Sheinbaum, viola, según enumera la ONU, los siguientes derechos:
- La presunción de inocencia.
- El debido proceso.
- El derecho a la integridad personal.
- La independencia judicial.
- La persecución eficaz de los delitos.
- El derecho a la libertad personal.
- La igualdad ante la ley.
- El deber de fundar y motivar la medida privativa de la libertad.
- El derecho a la revisión judicial.
- El enfoque de derechos humanos en la seguridad pública.
La medida entró en vigor el primer día del presente año, ayer primero de enero.
La soga al cuello
Por supuesto, la aplicación de la ley seguirá siendo “por el bien de todos, primero para los pobres”, ya que se requeriría ser estúpido, no ingenuo, para creer que habrá justicia y equidad en la prisión preventiva oficiosa para delitos como el “uso de programas sociales con fines electorales y corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones”. Si esto fuera remotamente cierto, Ignacio Ovalle estaría en prisión desde hace más de cinco años por el mega fraude de Segalmex.
En fin, la medida se aplica con criterio político. Nunca un “ciervo de la nación”, aun confeso, estará en prisión por usar programas sociales con fines electorales. Es innegable el cambio que inició con el gobierno de Andrés Manuel; el asunto importante aquí es: ¿a dónde nos llevará?
