Ciudad de México.- El Senado aprobó por unanimidad la reforma constitucional que elimina las “pensiones doradas” en organismos paraestatales y empresas públicas como CFE, Pemex y la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Con 116 votos a favor, el pleno avaló la modificación al artículo 127 de la Constitución, que establece un tope máximo para las pensiones equivalente a la mitad del salario mensual de la presidenta de la República, alrededor de 70 mil pesos.
La medida, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, tendrá carácter retroactivo y aplicará a altos mandos de organismos descentralizados, empresas del Estado, banca de desarrollo y fideicomisos públicos. Se estima un ahorro anual de aproximadamente 5 mil millones de pesos, recursos que actualmente se destinan a entre 3 mil 404 y 5 mil 600 exfuncionarios con jubilaciones superiores a 100 mil pesos e incluso hasta un millón en algunos casos.
Posturas puntuales de senadores en elpleno.
- Javier Corral Jurado (Morena): Defendió la retroactividad de la reforma al argumentar que la Constitución es una norma fundamental superior a las leyes ordinarias, por lo que puede operar sobre situaciones pasadas. Precisó que no se elimina el derecho a la pensión, sino que se limita la existencia de montos excesivos en la “burocracia dorada”, estableciendo un tope razonable alineado con la austeridad.
- Francisco Ramírez Acuña (PAN): Respaldó la reforma al reconocer que existen pensiones excesivas e injustificables que deben cesar. Sin embargo, expresó preocupación constitucional por posibles impactos en derechos humanos, particularmente en seguridad social, derechos adquiridos y los principios de progresividad y no regresividad. Criticó que la reforma no incluya a todas las instancias públicas, como Fuerzas Armadas, instituciones educativas y otras entidades, y advirtió que fijar el tope al salario presidencial variable podría sentar precedentes riesgosos para derechos vigentes.
- Luis Donaldo Colosio Riojas (Movimiento Ciudadano): Anunció el respaldo de su bancada a la reforma por considerarla un reclamo de justicia social y en línea con la austeridad. No obstante, cuestionó la exclusión de las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial, así como el uso del salario de la persona titular del Ejecutivo como referencia para el tope, ya que es fluctuante y podría generar incertidumbre jurídica. Alertó sobre obstáculos para cumplir el objetivo sin cometer abusos, enfatizando la necesidad de reglas claras que den certeza y apliquen igual para todos.
Durante la discusión, senadores de Morena resaltaron el fin de privilegios históricos, mientras que la oposición (PAN, PRI y MC) apoyó la eliminación de excesos pero propuso ajustes como basar el tope en UMAs para mayor estabilidad jurídica, propuestas que fueron rechazadas.
El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su revisión y posible ratificación.
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