Ciudad de México.- Una investigación periodística basada en documentos oficiales del Servicio de Administración Tributaria reveló que el órgano fiscalizador resolvió dejar sin efectos un crédito fiscal por un monto de 362 millones de pesos a nombre de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1. El movimiento contable se procesó de forma oficial durante el mes de diciembre de 2018, coincidiendo con el inicio de la pasada administración federal. El beneficiario es identificado por el Gabinete de Seguridad Nacional como uno de los principales líderes regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación y presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
La resolución técnica fue emitida formalmente por la Administración General de Recaudación del SAT bajo el amparo del artículo 86 del Código Fiscal de la Federación, ordenando archivar el expediente de cobro. La justificación legal vertida en los archivos internos de la dependencia hacendaria determinó que el adeudo millonario, vinculado a una empresa que el propio SAT catalogó de manera definitiva como fantasma, era de cobro incosteable debido a la insolvencia del deudor. Al momento en que las autoridades hacendarias firmaron la cancelación del cobro, el implicado se encontraba recluido en un penal federal cumpliendo una sentencia penal dictada desde el año 2012, lo que imposibilitaba la localización de cuentas bancarias o activos financieros a su nombre.
Especialistas en la materia precisaron que la aplicación de este criterio administrativo no constituye una condonación, un perdón fiscal ni la extinción jurídica de la deuda, sino una medida contable para depurar la cartera vencida del gobierno federal. No obstante, el reportaje difundido por plataformas independientes como Narcopolíticos destacó que el verdadero núcleo del caso radica en la inacción institucional por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación, instancia que no ejerció ninguna acción penal ni persecución por delitos de defraudación fiscal o simulación de operaciones comerciales contra el líder delictivo.
El expediente cobra vigencia en la agenda pública luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmara que, tras haber sido absuelto de varios cargos y quedar en libertad en noviembre de 2022, Álvarez Ayala retomó el control de las células criminales en el estado de Michoacán. Investigaciones complementarias de la revista Proceso evidenciaron que, a pesar de los antecedentes delictivos de sus propietarios y de la cancelación del millonario crédito, el entramado comercial del sospechoso continuó operando de forma regular en el mercado nacional de metales preciosos y joyería fina.
Autor
PUBLICIDAD
