Chihuahua, Chih.- En un contexto de balaceras y miedo persistente, más de 10 mil estudiantes de Guachochi y comunidades aledañas volvieron este lunes a las aulas presenciales, rompiendo una semana de suspensión que dejó huella en la frágil rutina serrana. La medida, impulsada por la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), responde a la estabilización aparente tras el sangriento enfrentamiento del 26 de octubre, que cobró siete vidas inocentes y dejó un rastro de siete heridos, entre ellos un docente con dos décadas de servicio en la región. Francisco Hugo Gutiérrez Ávila, titular de la dependencia, enfatizó que el retorno se da «bajo vigilancia y coordinación con autoridades locales», priorizando la integridad de alumnos y maestros en una zona donde el plomo ha desplazado a cientos de familias indígenas.
El anuncio del secretario llega como un bálsamo temporal para una comunidad que aún lidia con el eco de los disparos. «Obviamente que en el caso de la situación que prevaleció en Guachochi generó preocupación y, de manera prudente, se tomó la decisión de tener clases a distancia. Hoy ya están regularizadas en la ciudad y en las comunidades cercanas», explicó Gutiérrez Ávila durante una conferencia matutina, donde reiteró el compromiso del gobierno estatal por blindar el derecho a la educación en la Sierra Tarahumara. Según reportes de la SEyD, el subsecretario de Educación Básica, Arturo Parga Amado, notificó el viernes a directivos y padres de familia que todo estaba listo para el reinicio, asegurando que las clases virtuales durante la suspensión no interrumpieron los objetivos pedagógicos. Sin embargo, en algunas localidades remotas, el temor persiste: madres rarámuris confiesan en privado que dudan en enviar a sus hijos al colegio, temiendo que el frágil cese al fuego entre cárteles se rompa de nuevo.
El fuego cruzado que paralizó la sierra
La suspensión de actividades inició el 28 de octubre, apenas dos días después de la madrugada fatídica en las colonias Turuseachi y El Lobito, epicentros de una refriega entre células rivales del crimen organizado. Lo que comenzó como una disputa territorial entre «Los Cheyennes» —encabezados por Alberto Hernández Peña, alias «El Cheyenne»— y la facción de Guadalupe L. B., conocido como «El Palapas», derivó en una masacre colateral que sesgó vidas ajenas al narco. Siete civiles murieron atrapados en el fuego cruzado: Luis Ever Cruz Palma, profesor de 44 años de la Escuela Primaria Federal Timoteo Martínez, quien contaba con 20 años de labor en la zona; Alicia B. T., de 43 años; Roberto R. R., de 39; y otros no identificados de inmediato, incluyendo reportes iniciales de una niña y una mujer. Al menos siete más resultaron heridos, entre ellos familiares del docente, quienes viajaban en una camioneta confundida con vehículos de los agresores. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que los agresores descendieron a pie al poblado, desatando una balacera que duró más de 40 minutos y que se extendió por calles y caminos vecinales. Civiles que caminaban o conducían fueron alcanzados sin piedad, en un recordatorio brutal de cómo la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa y «La Línea» ha convertido la sierra en un tablero de ajedrez mortal. El fiscal de la Zona Sur, Guillermo Hinojos Hinojos, atribuyó el ataque directamente a «Los Cheyennes», señalando que las indagatorias avanzan para capturar al líder Hernández Peña, cuya irrupción en 2024 ha avivado una ola de violencia con más de 160 homicidios en Guachochi desde entonces. Inmediatamente, 16 escuelas primarias optaron por el cierre presencial, mientras la Universidad Tecnológica de la Tarahumara migró a modalidad virtual, afectando a miles de jóvenes en un radio que abarca Balleza y Guadalupe y Calvo, zonas consideradas las más calientes del estado.
El magisterio local no se quedó callado: tras la muerte de Cruz Palma, un paro espontáneo de profesores exigió garantías, un grito que resonó en el Congreso de Chihuahua, donde diputadas como Edith Palma Ontiveros pidieron coordinación interinstitucional para blindar la región. Gutiérrez Ávila, en respuesta, prometió apoyo institucional a la familia del fallecido y evaluaciones diarias con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Una normalidad frágil ante la sombra del narco
El regreso a clases no es un triunfo rotundo, sino un paso cauteloso en un año que ya suma 14 homicidios en Guachochi, parte de los 165 acumulados desde 2022 por disputas que han desplazado a comunidades enteras de rarámuris, ódamis y pimas. La Sierra Tarahumara, cuna de paisajes imponentes y tradiciones ancestrales, padece una crisis humanitaria ignorada por el Estado central: enfrentamientos recurrentes, como los de mayo en Baborigame o julio en Llano Grande, han forzado migraciones masivas y acoso a defensores de derechos indígenas. Autoridades como el director de Ficosec advierten que las fuerzas locales están rebasadas, clamando operativos federales permanentes que el fiscal general, César Jáuregui Moreno, juró mantener hasta capturar a los responsables.
En Guachochi, el alcalde José Miguel Yáñez Ronquillo expresó condolencias y urgió refugio seguro para las familias, mientras el gobierno estatal evalúa criterios parentales para futuros cierres. Gutiérrez Ávila subrayó que «la prioridad es la seguridad», pero en las aulas, los niños vuelven no solo con mochilas, sino con el peso de una sierra que sangra. El timbre suena de nuevo, pero el silencio de las víctimas advierte: la paz es tan efímera como el amanecer tarahumara.
