Buenos Aires, Argentina.- La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei se convirtió en ley tras su aprobación definitiva en el Senado el 27 de febrero de 2026.
Denominada Ley de Modernización Laboral, el proyecto obtuvo 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones en la Cámara alta, luego de que Diputados introdujera modificaciones y eliminara el artículo referido a descuentos en licencias médicas.
La norma, que consta de más de 200 artículos, modifica aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo vigente desde 1976, introduciendo cambios profundos en las relaciones laborales para, según el oficialismo, adaptarse a un mercado más dinámico.
Entre los cambios más destacados se encuentra la posibilidad de extender la jornada diaria hasta 12 horas sin pago adicional de horas extras, siempre que se respete el descanso mínimo de 12 horas y no se supere el tope semanal de 48 horas.
También permite fraccionar las vacaciones en períodos de al menos siete días y ajusta el régimen de indemnizaciones por despido sin causa, reduciendo la base de cálculo al excluir conceptos como aguinaldo, vacaciones, premios o propinas, lo que implica un abaratamiento significativo del costo de los despidos para las empresas.
Además, se extiende el período de prueba de tres a seis meses en general, hasta ocho meses para pymes y un año en el sector de la construcción, facilitando la terminación de contratos sin indemnización durante ese lapso.
La ley incorpora herramientas como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y fondos de cese por convenio colectivo como alternativas al sistema indemnizatorio tradicional.
Permite el pago de salarios en moneda extranjera de manera opcional, elimina la ultraactividad de los convenios colectivos (es decir, su vigencia automática una vez vencidos) y promueve un blanqueo laboral para formalizar trabajadores informales sin multas para los empleadores.
En materia sindical, limita aspectos del derecho a huelga mediante la ampliación de sectores obligados a garantizar guardias mínimas —incluyendo servicios esenciales como educación, transporte y salud— y regula con mayor precisión la actividad sindical, las cuotas gremiales y las asambleas en el lugar de trabajo, restringiendo su impacto en la producción.
Además, introduce cambios en la justicia laboral para desalentar la «industria del juicio», como la creación de un fuero laboral en la Ciudad de Buenos Aires y reducciones en cargas sociales para nuevas contrataciones.
El gobierno argumenta que estas medidas buscan reducir la informalidad laboral —que afecta a alrededor del 45% de la fuerza de trabajo— y fomentar la generación de empleo registrado mediante mayor flexibilidad para las empresas, incentivando inversiones en pymes y un traspaso de competencias laborales al ámbito local.
El presidente Milei celebró la sanción como un paso histórico hacia la modernización y la liberación de fuerzas productivas, afirmando en redes sociales: «Histórico. Tenemos modernización laboral».
Figuras oficialistas como la senadora Patricia Bullrich defendieron la iniciativa argumentando que «los trabajadores hoy quieren trabajar con más libertad».
Sin embargo, la reforma ha generado fuertes reacciones en contra. Sectores sindicales y opositores criticaron la norma por considerar que retrocede en derechos conquistados históricamente —algunos vigentes desde 1929, como la jornada de ocho horas— y favorece principalmente a los empleadores, en un contexto de alta inflación, despidos masivos y caída del poder adquisitivo.
La Confederación General del Trabajo (CGT) marchó a Tribunales el 2 de marzo de 2026 para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley, argumentando que viola la Constitución y tratados internacionales al precarizar el empleo, limitar la huelga y fragmentar la negociación colectiva.
La norma, que consta de más de 200 artículos, modifica aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo vigente desde 1976, introduciendo cambios profundos en las relaciones laborales para, según el oficialismo, adaptarse a un mercado más dinámico.
Entre los cambios más destacados se encuentra la posibilidad de extender la jornada diaria hasta 12 horas sin pago adicional de horas extras, siempre que se respete el descanso mínimo de 12 horas y no se supere el tope semanal de 48 horas.
También permite fraccionar las vacaciones en períodos de al menos siete días y ajusta el régimen de indemnizaciones por despido sin causa, reduciendo la base de cálculo al excluir conceptos como aguinaldo, vacaciones, premios o propinas, lo que implica un abaratamiento significativo del costo de los despidos para las empresas.
Además, se extiende el período de prueba de tres a seis meses en general, hasta ocho meses para pymes y un año en el sector de la construcción, facilitando la terminación de contratos sin indemnización durante ese lapso.
La ley incorpora herramientas como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y fondos de cese por convenio colectivo como alternativas al sistema indemnizatorio tradicional.
Permite el pago de salarios en moneda extranjera de manera opcional, elimina la ultraactividad de los convenios colectivos (es decir, su vigencia automática una vez vencidos) y promueve un blanqueo laboral para formalizar trabajadores informales sin multas para los empleadores.
En materia sindical, limita aspectos del derecho a huelga mediante la ampliación de sectores obligados a garantizar guardias mínimas —incluyendo servicios esenciales como educación, transporte y salud— y regula con mayor precisión la actividad sindical, las cuotas gremiales y las asambleas en el lugar de trabajo, restringiendo su impacto en la producción.
Además, introduce cambios en la justicia laboral para desalentar la «industria del juicio», como la creación de un fuero laboral en la Ciudad de Buenos Aires y reducciones en cargas sociales para nuevas contrataciones.
El gobierno argumenta que estas medidas buscan reducir la informalidad laboral —que afecta a alrededor del 45% de la fuerza de trabajo— y fomentar la generación de empleo registrado mediante mayor flexibilidad para las empresas, incentivando inversiones en pymes y un traspaso de competencias laborales al ámbito local.
El presidente Milei celebró la sanción como un paso histórico hacia la modernización y la liberación de fuerzas productivas, afirmando en redes sociales: «Histórico. Tenemos modernización laboral».
Figuras oficialistas como la senadora Patricia Bullrich defendieron la iniciativa argumentando que «los trabajadores hoy quieren trabajar con más libertad».
Sin embargo, la reforma ha generado fuertes reacciones en contra. Sectores sindicales y opositores criticaron la norma por considerar que retrocede en derechos conquistados históricamente —algunos vigentes desde 1929, como la jornada de ocho horas— y favorece principalmente a los empleadores, en un contexto de alta inflación, despidos masivos y caída del poder adquisitivo.
La Confederación General del Trabajo (CGT) marchó a Tribunales el 2 de marzo de 2026 para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley, argumentando que viola la Constitución y tratados internacionales al precarizar el empleo, limitar la huelga y fragmentar la negociación colectiva.
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