Ciudad de México.- El gobierno federal de Claudia Sheinbaum enviará al Congreso de la Unión, el próximo 20 de noviembre, la iniciativa de reforma para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, un cambio largamente demandado por los trabajadores mexicanos. Esta propuesta, que forma parte de los 100 compromisos del sexenio, busca equilibrar la vida laboral con el tiempo personal, tras años de debate en foros y mesas de diálogo con sindicatos, empresarios y expertos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al mando de Marath Bolaños, ha coordinado la elaboración del proyecto, descartando iniciativas previas como la del Partido del Trabajo presentada en octubre, para priorizar la versión presidencial.
La reducción no será inmediata. Según el borrador, se implementará de forma gradual en cinco etapas: 46 horas en 2026, 44 en 2027, 42 en 2028, 41 en 2029 y las 40 horas plenas en 2030. Esta escalonada busca mitigar impactos en el sector productivo, especialmente en industrias con turnos continuos. El esquema mantendrá cinco días de trabajo por dos de descanso, sin obligar a que estos coincidan con sábado y domingo, y limitará la aplicación en el sector primario solo a trabajadores formales, dejando fuera a jornaleros informales. Pruebas piloto en empresas se discuten para evaluar viabilidad.
Avance gradual y consenso político
En el Congreso, la iniciativa llegará a la Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados mayoritarios impulsarán su dictamen antes del 15 de diciembre, cierre del periodo ordinario de sesiones. De aprobarse allí, pasará al Senado para ratificación en el mismo plazo. Si no se logra consenso, el debate se reanudaría el 1 de febrero de 2026. La bancada de Movimiento Ciudadano, en la oposición, ha manifestado respaldo explícito. La diputada Patricia Mercado enfatizó que esta reforma responde a la necesidad de que los mexicanos recuperen tiempo para vivir, y su grupo legislativo la respaldará para avanzar en derechos laborales.
Los sindicatos celebran el avance, viéndolo como un triunfo tras movilizaciones históricas. Federaciones obreras argumentan que las 48 horas actuales generan agotamiento y afectan la salud familiar. Sin embargo, el sector empresarial observa con reserva. Coparmex y Concamin, en reuniones técnicas, han pedido flexibilidad en la transición para evitar despidos o aumentos desproporcionados en costos operativos. Representantes patronales sugieren que la reforma incluya incentivos fiscales para pymes que adapten horarios, y advierten sobre posibles presiones en cadenas de suministro globales.
Expertos en derecho laboral destacan que esta modificación alinearía a México con estándares de la Organización Internacional del Trabajo, que recomienda máximo 40 horas. Analistas estiman que beneficiaría a unos 30 millones de asalariados formales, potenciando productividad al reducir ausentismo por estrés. No obstante, critican la exclusión del sector informal, que abarca a más de la mitad de la fuerza laboral, y urgen extensiones futuras. El gobierno insiste en que el consenso alcanzado garantiza una transición ordenada, con énfasis en la formalización laboral como complemento.
La presentación del 20 de noviembre, coincidiendo con el aniversario de la Revolución Mexicana, envía una señal política de continuidad en la agenda social de la Cuarta Transformación. Si se aprueba antes de fin de año, la reforma entraría en vigor en el primer trimestre de 2026, marcando un hito en la legislación obrera mexicana. Mientras tanto, trabajadores en todo el país esperan que este paso concrete un derecho postergado por décadas, en un contexto de inflación y precariedad que agrava la explotación diaria.
