Ciudad de México.- Rafael Espino de la Peña, uno de los fundadores de Morena y expresidente de la Comisión de Justicia del Senado, advirtió que la reforma judicial aprobada en el sexenio pasado vulnera la independencia del Poder Judicial y expone a México a un pronunciamiento condenatorio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su columna publicada este lunes en Contracorriente, Espino de la Peña calificó de “grave” la cesantía inmediata de casi 1,700 ministros, magistrados y jueces, al considerar que se violentaron sus derechos laborales y se les impidió el acceso efectivo a la justicia interna.
“El cierre de los mecanismos internos de impugnación habilita la competencia subsidiaria de organismos internacionales como la CIDH”, escribió el político chihuahuense, quien recordó que México ratificó en 1981 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José.
Espino de la Peña señaló que la petición presentada por 65 juzgadores cesados ya fue notificada al Estado mexicano, al que se le otorgó un plazo para responder los señalamientos de violaciones graves a derechos humanos.
Según sus palabras, la elección popular de jueces, magistrados y ministros somete a los impartidores de justicia a “la fuerza avasallante de lo político”, obligándolos a inmiscuirse en el ámbito electoral y alejándolos de los criterios técnico-jurídicos.
“La independencia judicial constituye el núcleo esencial del Estado constitucional. Sin ella se fractura la obligación de la judicatura para controlar la racionalización del poder, poniendo en grave peligro la viabilidad del Estado democrático”, sostuvo.
El fundador de Morena consideró que, de prosperar el caso ante la CIDH por su impacto estructural, el organismo podría emitir en un solo informe un pronunciamiento general de condena internacional.
Además, alertó que el país transita “de ser una democracia hacia una autocracia electoral”, en un contexto donde los juzgadores quedan “a merced” de factores externos que comprometen su neutralidad.
Espino de la Peña enfatizó que lo que está en juego es “la tutela efectiva de las libertades y derechos de todos los mexicanos”.
Su posición contrasta con la línea oficial de su partido, que defiende la reforma como un mecanismo para combatir la corrupción y democratizar el Poder Judicial. El exsenador ya había mostrado independencia en el pasado al votar en contra del llamado Plan B de la reforma electoral del sexenio de López Obrador.
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