Nueva York, EE.UU.- Una amplia red de corrupción que involucra a altos mandos policiales y funcionarios de Sinaloa al servicio de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa fue revelada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en una acusación formal presentada ante un tribunal federal en Manhattan.
El documento judicial, que también señala al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios actuales y exfuncionarios, detalla cómo elementos de las fuerzas de seguridad estatales y municipales habrían facilitado el tráfico de drogas, protegido operaciones del cártel y suministrado recursos tácticos a cambio de sobornos millonarios.
Entre los casos más explícitos destacan dos mandos policiales. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, es acusado de recibir más de 100 mil dólares mensuales para no interferir en las actividades de “Los Chapitos”. Según la fiscalía estadounidense, entre 2023 y 2024 alertó al menos en 10 ocasiones sobre redadas planeadas contra laboratorios de drogas, lo que permitió al grupo evacuar personal, sustancias y equipo antes de los operativos.
Por su parte, José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector y comandante de la Policía Estatal de Sinaloa, enfrentaría cargos por vender municiones, cargadores y equipo balístico de uso oficial al cártel. La acusación indica que desviaba armamento destinado a las fuerzas de seguridad para fortalecer a los sicarios que custodiaban laboratorios y rutas de tráfico. Además, se le señala por manipular registros policiales para liberar a detenidos vinculados al grupo y por colocar a otros oficiales corruptos en puestos clave. Recibía alrededor de 6 mil dólares mensuales como parte de la llamada “narconómina”.
La acusación describe un esquema sistemático en el que mandos como Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez (alias “Cholo”), Juan Valenzuela Millán (alias “Juanito”) y otros coordinaban detenciones selectivas contra rivales de “Los Chapitos”, permitían el porte de armas y el narcomenudeo abierto, y utilizaban incluso patrullas y radios oficiales para mover drogas. A cambio, los funcionarios recibían pagos que oscilaban entre los 100 mil y 300 mil pesos mensuales, según los cargos.
El fiscal federal Jay Clayton y la DEA enfatizaron que el Cártel de Sinaloa no podría operar con tal libertad sin el apoyo de autoridades corruptas. La imputación incluye cargos por conspiración para importar narcóticos (fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina), posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y en algunos casos, secuestros y homicidios. Ninguno de los acusados se encuentra actualmente bajo custodia estadounidense.
En México, el caso ha generado fuertes reacciones políticas y legales. Algunos de los implicados, como Mérida Sánchez, han tramitado amparos para evitar posibles detenciones o extradiciones. Las autoridades mexicanas han confirmado la recepción de solicitudes de extradición, aunque el proceso judicial sigue su curso.
Esta indagatoria forma parte de los esfuerzos continuos de Estados Unidos por desmantelar las estructuras que permiten el flujo masivo de fentanilo hacia su territorio, destacando la profunda infiltración del crimen organizado en instituciones de seguridad y gobierno estatal. El expediente se suma a otras acciones recientes contra “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes lideran una de las facciones más violentas y productoras de fentanilo del cártel.
