Lima, Perú.- El Congreso de Perú aprobó este jueves una moción para declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un gesto que profundiza la crisis bilateral entre ambos países. La decisión, impulsada por acusaciones de «inaceptable injerencia en asuntos internos», se produce en medio de la controversia por el asilo político otorgado por México a Betssy Chávez, ex primera ministra durante el fallido autogolpe de Pedro Castillo en 2022. Con 63 votos a favor, 34 en contra y dos abstenciones, el pleno legislativo peruano ratificó la medida, que no tiene efectos legales directos pero simboliza un quiebre profundo en las relaciones diplomáticas.
La votación se enmarcó en un debate acalorado donde legisladores peruanos, como el congresista Ernesto Bustamante, defendieron la soberanía nacional. «El Perú siempre ha mantenido una política exterior basada en el respeto mutuo y la no injerencia», argumentó Bustamante al sustentar la moción, aludiendo a declaraciones de Sheinbaum que, según el Congreso, desconocen el cambio de poder en Perú y se refieren a Castillo como «presidente legítimo», lo que califica como «conducta hostil».
Un eco del pasado: la sombra de AMLO y el apoyo a Castillo
Esta no es la primera vez que el Congreso peruano recurre a esta declaratoria contra un líder mexicano. En mayo de 2023, el mismo pleno aprobó una resolución similar contra el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por sus repetidas manifestaciones de apoyo a Pedro Castillo tras su destitución. Aquella medida surgió de lo que Perú calificó como «violación al principio de no injerencia», un pilar de la doctrina Estrada mexicana, que promueve la no intervención en asuntos internos de otros Estados.
El contexto histórico se agrava con la actual crisis. Castillo, quien en diciembre de 2022 disolvió inconstitucionalmente el Congreso e intentó instaurar un «gobierno de excepción», permanece detenido y enfrenta cargos por rebelión. Sheinbaum, en su calidad de presidenta desde octubre de 2024, ha continuado la línea de su antecesor al criticar el proceso judicial contra el exmandatario peruano, lo que Lima interpreta como una intromisión sistemática. Fuentes diplomáticas peruanas señalan que estas posturas han erosionado años de cooperación en foros regionales como la CELAC y la OEA.
Rechazo tajante desde la Ciudad de México: «Planteamientos falsos»
La respuesta mexicana no se hizo esperar. Horas después de la votación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado oficial en el que rechazó categóricamente la declaratoria. «El Gobierno de México rechaza la declaración de persona non grata contra la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, aprobada por el Congreso de Perú en esta fecha, al estar motivada por planteamientos falsos», se lee en el texto difundido en redes sociales.
La SRE enfatizó que México «no ha intervenido en modo alguno en los asuntos internos del Perú, fiel a sus principios normativos de política exterior y a su sólida tradición diplomática». Respecto al asilo a Chávez, la dependencia subrayó que se concedió «en estricto apego al derecho internacional aplicable en la materia, el cual resulta vinculante tanto para México como para Perú». Además, recordó que la Asamblea General de la ONU ha calificado el asilo político como «un acto pacífico y humanitario, que no puede ser considerado inamistoso por ningún otro Estado».
En círculos diplomáticos mexicanos, la medida peruana se percibe como un gesto político interno del Congreso limeño, dominado por fuerzas conservadoras, más que como una política de Estado. Sin embargo, el impacto podría extenderse a la cooperación económica y migratoria entre ambos países, que comparten lazos comerciales por unos 2 mil millones de dólares anuales.
El nudo del conflicto: el asilo a Betssy Chávez y la Convención de Caracas
En el centro de la tormenta se encuentra Betssy Chávez, quien desde el lunes se refugia en la residencia de la embajada mexicana en Lima. Acusada de rebelión y conspiración contra el Estado por su rol en el fallido golpe de Castillo —estuvo presente en Palacio de Gobierno mientras el exmandatario leía su mensaje a la nación el 7 de diciembre de 2022—, Chávez niega toda participación y califica las imputaciones como persecución política. Procesada junto a Castillo, enfrenta una pena de hasta 35 años de prisión si es declarada culpable.
El canciller peruano, Hugo de Zela, confirmó el asilo y anunció de inmediato la ruptura de relaciones diplomáticas con México, aunque aclaró que no implicará un «asalto a la embajada». De Zela criticó la aplicación de la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático, que Perú alega está siendo «tergiversada». «Originalmente se trataba de proteger a los habitantes de las Américas de persecuciones políticas, pero ha habido varios casos en los que se pretende utilizarlo para personas que han cometido delitos comunes», sostuvo el funcionario en entrevista con CNN, anticipando que juristas peruanos evaluarán opciones legales para cuestionar el refugio.
Mientras tanto, el presidente peruano José Jerí reveló en exclusiva a CNN que el viernes se anunciará si se otorga o no el salvoconducto a Chávez para su salida del país. Esta resolución podría marcar el punto de inflexión: si se deniega, México podría invocar mecanismos de la OEA para mediar, escalando el conflicto a instancias multilaterales.
Hacia un futuro incierto: ¿reparación o aislamiento?
La declaratoria contra Sheinbaum, aunque simbólica, agrava un deterioro que comenzó con el apoyo mexicano a Castillo y se intensificó con el asilo a Chávez. Analistas regionales advierten que Perú busca enviar un mensaje a otros gobiernos de izquierda en América Latina, reafirmando su alineación con posturas más conservadoras en la región. Por su parte, México insiste en su tradición humanitaria, pero enfrenta críticas internas por un «aislamiento diplomático» que podría complicar su agenda en foros como el G20, donde Perú es socio clave.
Con la ruptura diplomática ya consumada, ambas naciones navegan por aguas turbulentas. El anuncio del salvoconducto este viernes podría abrir una ventana a la desescalada o, por el contrario, precipitar una crisis mayor, recordando episodios como el de la embajada mexicana en La Paz en 1961. En un continente marcado por la polarización, este roce entre Lima y Ciudad de México subraya las fragilidades de la solidaridad latinoamericana.
