Chihuahua, Chih.- La diputada morenista Elizabeth Guzmán Argueta levantó la voz en el Congreso local para exigir al Gobierno estatal que cumpla con los procedimientos legales y coordine de manera efectiva la atención a las familias damnificadas por las intensas lluvias de octubre en los municipios de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes. En un voto razonado durante la discusión de un punto de acuerdo impulsado por la panista Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías, Guzmán denunció que el Ejecutivo estatal no ha presentado la solicitud formal de declaratoria de emergencia ante la Coordinación Nacional de Protección Civil, un paso indispensable para activar los apoyos federales extraordinarios.
Las precipitaciones, que azotaron la región noroeste de Chihuahua a mediados de octubre, dejaron un rastro de devastación que aún persiste un mes después. El desbordamiento del río Piedras Verdes provocó inundaciones masivas en colonias como Juárez y Cuauhtémoc de Nuevo Casas Grandes, anegando viviendas, destruyendo caminos rurales y arrasando cultivos en una zona agrícola clave del estado. Autoridades locales reportaron el rescate de al menos seis personas atrapadas por las corrientes, una de ellas con fractura de cadera, junto con cuatro mascotas.
Además, se confirmó una muerte en la zona fronteriza, atribuida a los estragos del temporal, mientras que la evaluación de daños continúa, con cientos de familias evaluando pérdidas en sus hogares y vehículos arrastrados por el agua. En Casas Grandes, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas estatal desplegó 15 unidades de maquinaria pesada y 27 trabajadores para limpiar escombros, pero la respuesta inicial fue calificada por vecinos como insuficiente ante la magnitud del desastre.
Omisión estatal genera “falsas expectativas” en la ciudadanía
Guzmán, con años de experiencia en la defensa de causas sociales en el Congreso, no escatimó en críticas al Ejecutivo encabezado por la gobernadora panista Maru Campos. “El Gobierno del Estado no ha solicitado formalmente la declaratoria de emergencia”, enfatizó la legisladora durante la sesión, al respaldar su solidaridad con las familias afectadas y elogiar la “fortaleza y solidaridad del pueblo chihuahuense, que sin esperar a nadie se organiza, limpia, rescata y reconstruye”. Sin embargo, insistió en que el exhorto panista al Gobierno federal contenía un “error de procedimiento” que no podía ignorarse, ya que sin la petición estatal, la Federación queda imposibilitada de intervenir con recursos directos.
“No se trata de burocracia, se trata de legalidad y eficacia institucional”, aclaró Guzmán, advirtiendo que esta omisión genera “falsas expectativas hacia la ciudadanía, haciéndole creer que la Federación no actúa, cuando en realidad el procedimiento ni siquiera se ha iniciado por parte del Gobierno del Estado”. La delegada de Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez, corroboró esta versión al precisar que no se ha levantado un padrón de afectados precisamente por la falta de esa solicitud oficial, un requisito para activar programas de emergencia social o natural. Guzmán cuestionó directamente la ausencia de la gobernadora en las zonas golpeadas: “¿Ha acudido personalmente a las zonas afectadas? Lo que hemos visto son declaraciones a la distancia, sin presencia efectiva en el territorio. Y eso no es coordinación, es omisión”.
El debate en el pleno legislativo reflejó las tensiones políticas en Chihuahua, donde el PAN controla el Ejecutivo y Morena busca fortalecer su influencia en el Congreso. Mientras Reyes Calzadías impulsaba el llamado a la Federación para incluir a los municipios en la lista de zonas damnificadas, Guzmán presentó una moción de procedimiento para redirigir el exhorto: ahora, el Congreso insta al Gobierno estatal, vía la Secretaría General de Gobierno y la Coordinación Estatal de Protección Civil, a informar si ya se envió la petición federal, conforme a la Ley General y la Ley Estatal de Protección Civil. La propuesta fue aprobada por mayoría, un paso que podría presionar al Ejecutivo a mover ficha antes de que el invierno agrave la vulnerabilidad de las comunidades rurales.
En su intervención, Guzmán defendió el esquema federal actual, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que prioriza la entrega directa y transparente de recursos sin intermediarios. “La Federación está lista para actuar, pero conforme a la ley. La ley no se interpone en la solidaridad: la garantiza. Los recursos federales no se administran con discursos, sino con procedimientos que aseguran que lleguen a quienes realmente los necesitan”, subrayó la diputada, quien también respaldó el labor de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel.
Un dardo certero lo lanzó contra el extinto Fondo de Desastres Naturales (Fonden), al que describió como “un instrumento corrupto y discrecional”. “No se extraña la ayuda, se extraña el negocio. Hoy los apoyos llegan directo al pueblo, sin corrupción ni demoras”, remató, evocando escándalos pasados donde fondos se desviaban en burocracia opaca. Esta visión contrasta con las críticas panistas, que en sesiones previas han acusado a la Federación de lentitud en respuestas a desastres, como las inundaciones que también afectaron a Ciudad Juárez en octubre, dejando más de 20 colonias bajo el agua y cientos de damnificados sin mención en los puntos de acuerdo de hoy.
Guzmán cerró su voto con un llamado a la unidad institucional: “En los momentos difíciles no se necesita protagonismo, se necesita coordinación. El pueblo no pide discursos, pide resultados. Y quienes representamos su voz seguiremos defendiendo con firmeza la verdad, la ley y la justicia social”. Mientras las evaluaciones de daños concluyen en la región –con reportes preliminares de viviendas colapsadas y pérdidas agrícolas millonarias–, la pelota queda en la cancha del Gobierno estatal. La espera de las familias de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes se prolonga, entre el lodo seco y la promesa de una ayuda que, según Guzmán, solo llegará si se respeta el marco legal.
