Ciudad de México.- El escándalo que involucra al senador de Morena y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, estalló el 25 de septiembre, cuando se reveló ingresos no declarados por 79 millones de pesos entre 2023 y 2024, provenientes de una red de empresas privadas, algunas clasificadas como «fantasmas» por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otras que obtuvieron contratos por adjudicación directa durante su gubernatura en Tabasco.
Estos documentos, que detallan transferencias bancarias y declaraciones fiscales, no figuran en sus declaraciones patrimoniales públicas presentadas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), lo que ha generado acusaciones de opacidad, posible evasión fiscal y conflictos de interés. La discrepancia es evidente: en 2023, López reportó solo 7 millones de pesos en su declaración patrimonial, pese a ingresos reales de al menos 22 millones ante el SAT; en 2024, declaró 58.1 millones al SAT, pero solo 625 mil 793 pesos en la contraloría del Senado.
¿Filtración o Investigación Periodística?
La pregunta central —»¿De dónde salieron los documentos con la información de los ingresos de Adán Augusto López?»— no tiene una respuesta oficial concluyente hasta el 29 de septiembre. La presidenta Claudia Sheinbaum negó categóricamente durante su conferencia matutina del lunes que su gobierno haya filtrado los datos del SAT, enfatizando: «No andamos filtrando documentos. Eso se acabó desde el gobierno anterior, porque nosotros no somos iguales». Descartó también la teoría de «fuego amigo» interno contra el senador, en medio de especulaciones sobre rivalidades dentro de Morena por su rol como coordinador de la bancada en el Senado y posibles aspiraciones futuras. Sheinbaum insistió en que, de detectarse irregularidades, se turnarían a la Secretaría de la Función Pública o la Fiscalía General de la República (FGR), pero aclaró que «hasta el momento no hay ninguna investigación» formal contra López.
El origen aparente de la información radica en una investigación periodística exhaustiva de N+ Focus, que accedió a registros fiscales públicos y semi-públicos del SAT, así como a datos de transferencias bancarias formales. Según el reportaje, los documentos incluyen declaraciones anuales de impuestos presentadas por el propio López al SAT, que son confidenciales pero pueden filtrarse o investigarse mediante solicitudes de transparencia o fuentes internas. Medios como El Financiero y EL PAÍS México reportan que la filtración podría provenir de «fuentes anónimas» cercanas al SAT o de auditorías previas no publicadas, similar a escándalos pasados como el de la «Estafa Maestra». Sin embargo, no se ha confirmado una brecha de seguridad en el SAT; en cambio, expertos en transparencia señalan que el acceso podría deberse a la intersección entre datos fiscales y patrimoniales obligatorios para servidores públicos, accesibles vía la PNT o denuncias ciudadanas. En redes como X, usuarios y analistas especulan con motivaciones políticas, vinculándolo a tensiones post-elecciones en Morena o presiones de opositores, pero sin evidencia concreta.
Este caso recuerda filtraciones previas en México, como las de Panama Papers o las declaraciones de Enrique Peña Nieto, donde el SAT ha sido acusado de selectividad. Hasta ahora, el SAT no ha emitido un comunicado oficial sobre el origen, pero opositores como el PAN exigen una auditoría inmediata, argumentando que López pagó solo un 2.4% de impuestos sobre esos ingresos (alrededor de 1.9 millones de pesos en ISR e IVA combinados), comparado con tasas del 16-35% para contribuyentes comunes.
