Ciudad de México.- Ante el avance de las investigaciones de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios y exfuncionarios de su círculo, Morena modificó su estrategia: abandonó la defensa cerrada y optó por tomar distancia para proteger la imagen de Claudia Sheinbaum y del partido.
La nueva línea interna, según fuentes consultadas, es clara: no defender a nadie de forma personal, evitar confrontaciones directas con Washington y centrar el discurso en la defensa de la soberanía nacional y el rechazo al intervencionismo.
Este lunes, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, marcó el tono: “Vamos a respetar el resultado de esa investigación de la Fiscalía y actuaremos en consecuencia sin encubrir a nadie”. En contraste con las primeras reacciones, ahora prevalece la cautela.
Entre los principales implicados se encuentran el senador Enrique Inzunza, exsecretario de Gobierno y hombre cercano a Rocha Moya, así como los exsecretarios Gerardo Mérida y Enrique Díaz, quienes se encuentran bajo custodia estadounidense. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias de los presuntos involucrados, medida confirmada por la propia presidenta Sheinbaum como un procedimiento preventivo.
El caso ha generado alarma en el oficialismo, no solo por el desgaste mediático, sino porque podría convertirse en una narrativa internacional de presuntos vínculos entre Morena y el crimen organizado, justo cuando el gobierno busca estabilidad en su relación con Estados Unidos y se prepara para los procesos electorales de 2027, incluida la gubernatura de Sinaloa.
Sheinbaum evitó mencionar directamente a Rocha Moya durante sus declaraciones y comunicados oficiales se refirieron a los involucrados como “personas políticamente expuestas de Sinaloa”. En los pasillos del partido se admite que el senador Inzunza prácticamente perdió cualquier posibilidad de ser candidato a gobernador.
Aunque Morena evita una ruptura abierta, legisladores y dirigentes han recibido la instrucción de no involucrarse en debates sobre la inocencia o culpabilidad del mandatario sinaloense. El objetivo es dejar que las investigaciones sigan su curso, minimizar daños al gobierno federal y evitar que el caso domine la agenda política.
En paralelo, el partido busca desviar la atención hacia Chihuahua con denuncias y la promoción de un juicio político contra la gobernadora panista Maru Campos.
Con esta maniobra, Morena intenta sortear la crisis manteniendo una delgada línea: no encubrir, pero tampoco validar sin reservas las acusaciones provenientes de Estados Unidos.
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