Morena: ética vs. pragmatismo
La dirigencia nacional de Morena ha convertido el proceso de selección de sus candidatos a las gubernaturas en un verdadero laberinto de contradicciones que evidencia una profunda tormenta interna. En apenas un mes, el discurso oficial ha dado giros de 180 grados: primero aseguraron que los nombres se revelarían hasta diciembre; apenas hace quince días insistieron con fuerza en que la definición ocurriría en los últimos días de agosto o principios de septiembre; y ahora, Ariadna Montiel cambia la jugada al declarar que no hay una fecha establecida y que el anuncio será una sorpresa. Este constante cambio de señales no hace más que despertar suspicacias entre los observadores políticos, dejando al descubierto las fracturas y los severos problemas internos que vive el partido de cara a las próximas elecciones a nivel nacional.
El estado de Chihuahua es el ejemplo más claro de esta férrea lucha por el poder, donde se vive una batalla sin cuartel entre el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño. Sin embargo, analistas locales coinciden en que el verdadero obstáculo para ambos precandidatos radica en los nuevos filtros de ética e integridad aprobados por el propio partido, unos requisitos que, según la opinión pública, ninguno de los dos logra superar de manera limpia debido a los severos cuestionamientos que arrastran en sus respectivas trayectorias.
Por un lado, Andrea Chávez padece el desgaste de su extrema cercanía con el llamado Grupo Tabasco, una facción política que actualmente se encuentra bajo la sombra de la barredora interna y cuyos integrantes enfrentan el retiro de visas por parte del gobierno estadounidense, lo que debilita su posición. Por el otro lado, Cruz Pérez Cuéllar enfrenta graves e insistentes señalamientos de corrupción en la frontera. Actualmente existen 14 carpetas de investigación en su contra que permanecen congeladas gracias a la intervención de su amigo, el fiscal anticorrupción del estado.
Además, en los pasillos de la presidencia municipal de Juárez se habla con insistencia de que el verdadero orquestador de la red de corrupción a nivel local es su hermano, el diputado federal del Partido Verde, Alejandro Pérez Cuéllar. En una parodia de la famosa frase bíblica, los empleados y conocedores de la política fronteriza aseguran que en el municipio no se mueve una hoja ni se roba un solo peso si no es con la autorización directa del legislador. Entre los negocios más lucrativos y con mayor futuro que se operan bajo este esquema se encuentra el control de las fincas y terrenos abandonados en la zona centro y los primeros cuadros de la ciudad, propiedades que caen en las garras del municipio bajo el argumento de abandono o altos adeudos de impuesto predial. Esta red de intereses y los cuestionamientos éticos explican por qué la dirigencia nacional prefiere ganar tiempo y mantener las candidaturas bajo llave antes de abrir una caja de Pandora.
PT y Verde rompen la unidad
El escenario político en Chihuahua ha dejado de ser una competencia interna y ordenada para convertirse en una guerra de trincheras donde los partidos aliados de Morena ya tomaron partido de forma abierta y definitiva. La disputa por la candidatura al gobierno del estado no solo mantiene enfrentados a los dos punteros del partido guinda, sino que ha fracturado la cohesión de la coalición oficialista. Mientras el Partido del Trabajo (PT) ha cerrado filas de manera absoluta con Andrea Chávez, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) opera con toda su estructura en favor de Cruz Pérez Cuéllar, profundizando las divisiones en el bloque oficialista.
Esta polarización de los aliados no es una coincidencia, sino un movimiento estratégico que responde a los intereses particulares de cada franquicia política. El PT, históricamente alineado con los sectores más doctrinarios de la izquierda, ve en Andrea Chávez la oportunidad de colgarse de la narrativa de la pureza ideológica y el relevo generacional, además de asegurar su supervivencia en el estado de la mano del grupo político nacional que la respalda. Para el PT local, la figura de la senadora representa una apuesta segura para mantener sus prerrogativas y expandir su influencia en el Congreso local, presentándose como los guardianes de los valores originales del movimiento frente a lo que consideran el pragmatismo desmedido de la acera de enfrente.
En el extremo opuesto, el Partido Verde en Chihuahua se ha convertido prácticamente en una extensión del proyecto político de Cruz Pérez Cuéllar. La alianza del PVEM con el alcalde con licencia de Ciudad Juárez no es ideológica, sino estrictamente de negocios y poder territorial. A través de la influencia directa del diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar, el partido del tucán ha encontrado en la frontera un terreno fértil para operar políticamente y consolidar su base financiera. Los operadores del Verde entienden que la enorme estructura municipal y los recursos que se mueven en Juárez son el motor ideal para garantizar su crecimiento, sin importarles los severos cuestionamientos ni las carpetas de investigación por corrupción que pesan sobre la administración del alcalde juarense.
Esta división abierta de los aliados introduce un factor de alta inestabilidad para la dirigencia nacional que encabeza Ariadna Montiel. Al decantarse el PT por Andrea y el Verde por Cruz, la coalición llega al proceso de encuestas completamente dinamitada desde el interior. Ya no se trata solo de la rivalidad personal entre los dos precandidatos, sino de un choque de estructuras partidistas que competirán entre sí en territorio. Esta situación explica el temor de la cúpula morenista a dar fechas definitivas y su insistencia en el factor sorpresa: saben que en el momento en que se defina al ganador, el aliado perdedor podría desatar una tormenta que ponga en riesgo la estabilidad de la alianza en el estado.
El costo del factor sorpresa
La estrategia de la dirigencia nacional de Morena de mantener bajo llave las fechas de selección y apostar por el factor sorpresa para definir la candidatura gubernamental en Chihuahua contiene un defecto de diseño que puede resultar fatal para el oficialismo. Al prolongar la incertidumbre y jugar al misterio, la cúpula partidista no está aplacando los ánimos de las estructuras locales, sino que está alimentando una bomba de tiempo. El riesgo real y destructivo de esta táctica es que, una vez anunciado el veredicto definitivo en favor de la senadora Andrea Chávez o del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, el partido aliado que quede marginado decida romper la coalición total en el estado, optando por postular de manera independiente a sus propios candidatos en los distritos y municipios clave.
Esta hipótesis de fractura no es un simple amago, sino una posibilidad sustentada en la pérdida de disciplina interna que padece el bloque oficialista. El Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México han dejado de operar como simples acompañantes para convertirse en trincheras armadas de los dos punteros. Si la decisión nacional beneficia al grupo de Juárez, el petismo chihuahuense se sentirá traicionado tras haber apostado todo su capital político por el ala ideológica del movimiento. En sentido opuesto, si la candidatura favorece a la senadora, el Partido Verde, operado en la frontera por los intereses de Alejandro Pérez Cuéllar, difícilmente aceptará una posición de subordinación que ponga en riesgo sus negocios territoriales y el control de las fincas y terrenos valiosos en los primeros cuadros de la ciudad.
El impacto de una ruptura total de la alianza de izquierda en el territorio estatal modificaría por completo el tablero electoral, entregando una ventaja histórica a la oposición. En un estado como Chihuahua, donde el voto conservador mantiene bastiones sumamente sólidos y un fuerte arraigo cultural, la división del voto de la izquierda es el peor escenario imaginable para el proyecto de continuidad oficialista. Si el Partido del Trabajo o el Partido Verde deciden competir con siglas propias en los distritos más competitivos de Ciudad Juárez y la capital, la dispersión del sufragio oficialista terminará por dinamitar las posibilidades de triunfo de Morena, facilitando el camino para que las fuerzas de oposición recuperen espacios prioritarios en el Congreso local y en las principales alcaldías.
El factor sorpresa, lejos de funcionar como un bálsamo de unidad o una genialidad estratégica para evadir las sanciones de las autoridades electorales, se perfila como el detonante de una diáspora política en el estado. Al negarse a procesar de forma abierta y transparente las legítimas ambiciones de sus aliados, Morena está empujando al Partido del Trabajo y al Partido Verde hacia un rincón donde la única salida digna y rentable será la sobrevivencia por cuenta propia. Al final, la obsesión por el control centralizado y el hermetismo de la dirigencia podrían terminar pagando el precio más alto en las urnas: perder la joya de la corona por el simple hecho de no saber tejer una verdadera operación cicatriz a tiempo.
