St. Paul, Minnesota. — El conflicto entre Minnesota y el gobierno federal escaló este martes luego de que el fiscal general Keith Ellison presentara una demanda contra el gobernador de Texas, Greg Abbott, con el fin de forzar la extradición inmediata de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El oficial Christian Castro se encuentra detenido en el condado de Cameron tras ser acusado formalmente en Minnesota de herir de bala a un civil durante un operativo y de mentir en los informes para justificar el tiroteo ocurrido en enero.
Las autoridades de Minnesota temen que el agente pueda quedar en libertad en los próximos días al cumplirse el plazo legal de noventa días de reclusión en Texas. Según el fiscal Ellison, existen indicios de que Castro podría escapar hacia México, país con el que ha mantenido conversaciones telefónicas desde la cárcel acerca de establecerse allí tras su liberación. La demanda presentada ante un tribunal federal subraya que el cumplimiento de la cláusula constitucional de extradición es obligatorio y no otorga discrecionalidad a los gobernadores estatales.
El caso ha profundizado las tensiones jurisdiccionales entre los gobiernos estatales y la administración federal en torno a quién posee la autoridad para investigar y procesar a agentes federales por conductas delictivas cometidas en el desempeño de sus funciones. Mientras que el Departamento de Seguridad Nacional ha descalificado el proceso judicial impulsado en Minnesota catalogándolo como una maniobra política carente de validez, las fiscalías locales defienden firmemente la autonomía de sus tribunales.
Por su parte, la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, lamentó que la vía judicial sea necesaria para concretar el traslado, señalando que Texas ha colaborado previamente en otras extradiciones sin generar controversias. Hasta el momento, la oficina del gobernador Abbott ha evitado emitir comentarios públicos sobre los procedimientos pendientes, mientras que las autoridades judiciales de Minnesota insisten en que el agente debe comparecer ante la justicia estatal para responder por las graves acusaciones que enfrenta.
