Ciudad de México.- Este sábado 15 de noviembre, miles de integrantes de la Generación Z tomaron las calles de la Ciudad de México y más de cincuenta localidades en veintisiete entidades federativas, en una protesta nacional convocada por el colectivo Generación Z México contra la violencia e inseguridad que azotan al país, con una afluencia destacada en la capital donde superaron las diez mil personas según estimaciones iniciales, mientras en estados como Michoacán y Jalisco se sumaron cientos más para rechazar la impunidad y la corrupción, extendiendo el movimiento a plazas públicas desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, donde choques menores con la policía marcaron el cierre de la jornada.
El detonante surgió el 1 de noviembre con el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, durante un evento público, un hecho que movilizó a jóvenes de dieciocho a veinticinco años en redes sociales para organizar la protesta, acumulando en dos semanas más de cien mil interacciones en plataformas como Instagram y X, y atrayendo a participantes no solo de la capital sino de ciudades como Guadalajara, Monterrey y Mérida, donde la afluencia varió de doscientos a quinientos por sede, reflejando un descontento heredado de la guerra contra el narco iniciada en dos mil seis, que ha cobrado cientos de miles de vidas sin soluciones efectivas por parte de las autoridades.
Exigencias por reformas en seguridad y gobernanza
Los manifestantes desplegaron un pliego de doce puntos que incluye la desmilitarización de la Guardia Nacional y la creación de policías locales auditadas, demandas que resonaron en las más de cincuenta ciudades participantes, desde Tijuana hasta Cancún, pasando por Tuxtla Gutiérrez donde mil personas se unieron al reclamo, junto con propuestas para revocación de mandato ciudadano y auditorías independientes a presupuestos federales, estatales y municipales, todo ello para erradicar la influencia del crimen organizado en la política y garantizar justicia accesible, con énfasis en la inclusión de voces juveniles en el Congreso y consultas públicas obligatorias que eviten la concentración de poder en el Ejecutivo.
La marcha central en la Ciudad de México reunió a más de diez mil jóvenes desde el mediodía, divididos en cinco bloques liderados por familiares de desaparecidos michoacanos, avanzando por Reforma hacia el Zócalo con consignas como «Basta de violencia, queremos futuro», mientras en Guadalajara y Monterrey cientos de participantes adicionales bloquearon avenidas principales, y en localidades menores como Tlaxcala o Yucatán se contaron entre cien y trescientas personas por marcha, totalizando una movilización nacional en veintisiete estados que incluyó a Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas y Yucatán, culminando en grafitis y retiro de vallas frente al Palacio Nacional, con veinte detenciones reportadas en la capital.
La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó la convocatoria a una supuesta campaña de desinformación financiada por opositores, minimizando la participación juvenil pese a los miles movilizados en la capital y las decenas de ciudades, prometiendo diálogo sobre seguridad sin plazos concretos, mientras el colectivo rechazó cualquier manipulación partidista y llamó a monitorear respuestas gubernamentales, en un ambiente de polarización que se extendió incluso a manifestaciones en ciudades de Estados Unidos, Canadá, Alemania y Países Bajos, donde decenas de mexicanos en el exterior se sumaron al grito contra la violencia en México.
