Ciudad de México.- El Gobierno de México solicitó formalmente a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición del exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien gobernó esa entidad entre 2016 y 2022.
La petición fue tramitada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante la Embajada estadounidense y notificada al Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas. Este trámite se activó después de que, el pasado 11 de febrero, un juez federal rechazara el amparo promovido por el exmandatario y cuatro integrantes de su familia para evitar su arresto.
Las autoridades mexicanas consideran a García Cabeza de Vaca prófugo de la justicia, ya que reside en territorio estadounidense según reportes de medios locales. Hasta el momento no se ha reportado su detención ni el inicio formal de un proceso de extradición por parte de las autoridades de ese país.
La Fiscalía General de la República (FGR) fundamenta la solicitud en dos órdenes de captura: la primera emitida en octubre de 2022 por delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros relacionados con el crimen organizado; y la segunda en febrero de 2024 por cargos similares. El juez federal determinó que la evidencia presentada por la FGR justifica mantener activas estas medidas en la etapa procesal actual.
La primera orden de aprehensión permanece bajo revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a un recurso de la defensa. En 2025, el exgobernador afirmó que la ficha roja de Interpol en su contra había sido retirada, versión que la Fiscalía rechazó al señalar que solo fue suspendida temporalmente por decisiones judiciales.
A través de un comunicado emitido este lunes por sus abogados, García Cabeza de Vaca aseguró contar con protección judicial vigente contra su arresto y anunció que recurrirá la resolución del juez ante un tribunal superior. La defensa sostiene que existe una suspensión definitiva desde 2024 que impide su captura y extradición.
Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han emitido pronunciamiento sobre si darán curso a la solicitud diplomática. El caso se enmarca en acusaciones de vínculos con el crimen organizado y manejo irregular de recursos durante su gestión en Tamaulipas.
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