Chihuahua, Chihuahua.- El Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Morelos emitió un acuerdo de cumplimiento de amparo que ordena la reapertura inmediata de la carpeta de investigación 2475/2021, relacionada con el delito de extorsión, revocando decisiones previas que habían archivado el caso.
La resolución obedece a la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, en el recurso de revisión 2055/2024, que concedió la protección de la Justicia Federal al quejoso —cuya identidad se reserva por motivos de seguridad ante amenazas recibidas— en el juicio de amparo 1053/2023-III-1.
Con esta medida se deja sin efectos la determinación del 14 de abril de 2023, mediante la cual el Ministerio Público había abstenido del ejercicio de la acción penal. Ahora se instruye a la fiscalía retomar las indagatorias y desahogar pruebas clave, entre ellas declaraciones de familiares de la víctima y evidencia tecnológica consistente en capturas de pantalla de WhatsApp que acreditarían la asociación delictuosa entre Carlos Emanuel Aguirre, alias «El Meño», y Maclovio Murillo.
El órgano jurisdiccional precisó que el Ministerio Público conserva plena libertad para allegarse de cualquier otro elemento probatorio útil para esclarecer los hechos y, de ser procedente, solicitar la vinculación a proceso de los imputados.
En cumplimiento del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez Miguel Alejandro Balderrama Aguilar convocó a audiencia de control judicial para este martes a las 13:30 horas en el Centro de Justicia. A ella fueron citados los imputados Maclovio Murillo. y Carlos Emmanuel Aguirre, sus defensores técnicos y los asesores jurídicos de la víctima.
El juzgador advirtió que la inasistencia injustificada de los abogados defensores acarreará multas y, en caso de la defensa particular, se declarará su abandono, procediéndose a designar defensores de oficio para salvaguardar el debido proceso.
El delito de extorsión investigado prevé penas de 15 a 40 años de prisión, según el marco penal aplicable.
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