Ciudad de México.- Especialistas en derechos humanos urgieron al gobierno mexicano a aceptar la cooperación internacional ofrecida por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, tras la resolución que califica las desapariciones en el país como un posible crimen de lesa humanidad.
El pasado jueves, el CED solicitó al Secretario General de la ONU remitir el caso a la Asamblea General para que se tomen medidas destinadas a prevenir, investigar, castigar y erradicar las desapariciones forzadas en México.
Santiago Corcuera, exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada, señaló que el organismo realizó una evaluación “serena y concienzuda” y concluyó que la situación no mejora y que las desapariciones continúan ocurriendo en números alarmantes.
“No es una bronca contra México, es para ayudar a solucionar el problema”, afirmó Corcuera, quien detalló que el CED propone establecer un mecanismo con financiamiento y cooperación internacional para atender la impunidad y la crisis forense, que ya supera los 80 mil cuerpos sin identificar.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, calificó de “muy lamentable” el rechazo del Estado mexicano a la resolución, ya que impide activar mecanismos de asistencia técnica y financiera.
“Está señalando que la desaparición forzada en México es un problema mundial y está llamando a cooperar”, dijo. Recordó que en el país desaparece una de cada mil personas y hay más de 132 mil desaparecidos y menos de 4 mil carpetas de investigación.
Olivares Ferreto advirtió que la carga de la búsqueda recae principalmente en las familias, sobre todo en mujeres, quienes además enfrentan amenazas, desapariciones y asesinatos.Michael Chamberlin, activista de derechos humanos, indicó que México registra alrededor de 40 desapariciones diarias, con más de dos décadas de crisis sostenida y niveles de impunidad superiores al 98 por ciento.
“El comité no está diciendo que exista una política deliberada como en la guerra sucia, pero sí que hay desapariciones generalizadas y, en algunos casos, patrones sistemáticos”, explicó, citando el reclutamiento forzado de jóvenes en Jalisco.
Andrea Horcasitas, de la Universidad Iberoamericana, señaló que por primera vez un caso relacionado con México se eleva al nivel del artículo 34 de la ONU, considerado el máximo nivel de alerta ante una práctica sistemática o generalizada.
“La disputa del gobierno federal por el diagnóstico retrasa la implementación de la asistencia técnica ofrecida”, criticó.Patricia Olamendi, exconsultora de la ONU, advirtió que con su rechazo México se coloca entre los Estados que niegan la cooperación en derechos humanos, lo que representa un cambio radical en su política exterior, ya que históricamente fue promotor del Consejo de Derechos Humanos.
Adalberto Méndez, exintegrante del Consejo Consultivo de la CNDH, alertó que el rechazo puede derivar en un escarnio público y afectar la imagen del país como destino de inversión y como nación segura, aunque las resoluciones de la Asamblea General no sean vinculantes.
Los especialistas coincidieron en que la respuesta defensiva del gobierno obstaculiza el acceso de las familias a la verdad y la justicia, y desperdicia una oportunidad para recibir apoyo internacional que ayude a frenar las desapariciones y resolver la crisis forense.
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