Maru vs. Jáuregui, sin disimulos
La ruptura en el panismo de Chihuahua ya es un secreto a voces que se alimenta desde las entrañas del Palacio de Gobierno. El reciente almuerzo masivo convocado por el ex fiscal César Jáuregui en el salón Lago Di Como no sólo desbordó las expectativas de asistencia, sino que dejó en claro que la orden oficial de boicotear el evento fracasó. Al agradecer públicamente a las mujeres que desafiaron la instrucción de no asistir, Jáuregui formalizó un choque frontal con la gobernadora Maru Campos, fracturando la alianza que los llevó al poder.
El fondo de este conflicto radica en la intención de la gobernadora de imponer una candidatura externa, repitiendo los mismos errores que casi le cuestan la carrera en el pasado. El choque inminente se dará contra la base militante, la cual rechaza de forma tajante la postulación de Santiago de la Peña. El actual secretario general de Gobierno tiene un pasado tricolor; hasta hace apenas diez años militaba formalmente en el PRI y fue el secretario del Ayuntamiento de Chihuahua durante el gobierno priista entre 2014 y 2016. Su acercamiento al PAN ocurrió mucho después, cuando fue requerido para puestos administrativos en el regreso de Acción Nacional al municipio en 2021. Para la vieja guardia panista, abrirle las puertas de una candidatura a un perfil externo y de origen priista es una afrenta directa a la identidad del partido.
Parece que la gobernadora nada aprendió de la historia reciente de 2021. En aquel año, el entonces mandatario Javier Corral intentó utilizar todo el aparato del Estado para imponer a su propio candidato a la gubernatura. En esa ocasión, la estructura panista de Chihuahua se rebeló con fuerza contra la voluntad de Palacio, cerrando filas para defender y favorecer la candidatura de la propia Maru Campos.
Hoy, la historia se repite pero con los papeles invertidos. Al intentar imponer a De la Peña por encima de los cuadros tradicionales, la mandataria menosprecia la memoria y la dignidad de las bases que la encumbraron. El desafío abierto de Jáuregui en el Lago Di Como demuestra que la militancia está lista para resistir otra imposición, profundizando una fractura interna de cara a los próximos procesos electorales.
Cruz: del volante a la opulencia
La narrativa política contemporánea en Chihuahua posee pasajes que desafían las leyes de la gravedad financiera. El más vistoso de ellos lo protagoniza Cruz Pérez Cuéllar, actual alcalde de Ciudad Juárez, cuya biografía reciente describe una transición económica tan veloz que ha despertado el escrutinio de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y probablemente, aunque no necesariamente de la Fiscalía Anticorrupción. La frontera entre la cultura del esfuerzo y el enriquecimiento inexplicable se volvió el epicentro del debate público regional.
El propio Pérez Cuéllar ha integrado a su discurso de cercanía popular un dato biográfico muy específico: tras su salida del PAN y su posterior derrota electoral en 2016, recurrió al autoempleo como conductor de Uber en la capital del estado entre 2016 y 2017 para completar sus ingresos familiares. No obstante, la mística del «chofer que emergió de la adversidad» choca frontalmente con la cronología de su posterior bonanza inmobiliaria, iniciada apenas un año después de haber asumido un escaño en el Senado de la República por Morena en 2018.
La disparidad es estrictamente matemática. En su declaración patrimonial inicial, el edil transparentó un patrimonio inmobiliario modesto de 2.6 millones de pesos, integrado por una casa de 1.6 millones y un departamento de un millón de pesos. No obstante, las investigaciones y denuncias presentadas por la oposición —particularmente por diputados de Acción Nacional— exponen un universo de propiedades bajo sospecha que no guardan proporción con la dieta neta de un legislador federal, la cual rondaba los 105,000 pesos mensuales.
El primer gran foco de sospecha se materializó a través de su propia voz, no en una filtración anónima, sino en un comentario directo confiado a este columnista, donde admitió la adquisición de una granja en el municipio de Aldama. Dicha propiedad, pactada en el periodo 2019-2020 —a escasos 24 meses de haber dejado el volante de Uber—, jamás figuró en las modificaciones de su declaración patrimonial. Aunque la defensa técnica argumente la ausencia de títulos legales formalizados a su nombre, la revelación periodística aportó el indicio más sólido de una aparente estrategia de simulación de bienes.
Este patrón de discrepancias alcanzó su punto más álgido en Ciudad Juárez con el escándalo de la lujosa residencia ubicada en la zona del Club Campestre. El inmueble, valuado por peritos entre los 26 y 30 millones de pesos, fue habitado por el alcalde bajo un esquema de arrendamiento que, según cálculos del mercado, exigiría un pago mensual cercano a los 200,000 pesos; es decir, el doble de su sueldo neto formal como presidente municipal. El hecho de que la propiedad esté ligada contractualmente a excolaboradores de su confianza refuerza la hipótesis de la Fiscalía sobre un esquema de ocultamiento.
La evolución financiera de Pérez Cuéllar no resiste un análisis de flujo de efectivo convencional. Pasar de las ganancias de una plataforma digital a la capacidad de adquirir o usufructuar fincas campestres y mansiones millonarias en menos de un trienio es una anomalía que la retórica de la Cuarta Transformación no alcanza a cobijar. Mientras el terreno judicial define si estas omisiones constituyen formalmente el delito de enriquecimiento ilícito, en el plano de la opinión pública el veredicto es nítido: los números no cuadran y la opacidad terminó por sepultar el relato de austeridad y honestidad.
Humillación a AMLO y Sheinbaum
La entrega de información sobre la captura de Ismael «El Mayo» Zambada directamente a un periodista, tras meses de ignorar las peticiones formales de dos administraciones presidenciales de México, consolida un mensaje de subordinación y desconfianza en la relación bilateral de seguridad. Durante su mandato, Andrés Manuel López Obrador exigió de forma sistemática y pública los detalles del vuelo que aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México, enviando incluso notas diplomáticas que cuestionaban la violación de la soberanía nacional. Claudia Sheinbaum dio continuidad a este reclamo casi a diario al iniciar su gestión, bajo la premisa de que el fin no justifica los medios. Sin embargo, la Casa Blanca mantuvo una política de absoluto silencio institucional.
La paradoja se consuma cuando el Buró Federal de Investigaciones decide romper este hermetismo no mediante los canales oficiales de la diplomacia, sino filtrando el reporte de la «Operation Air Kings» al periodista Luis Chaparro. Que los datos técnicos, las fotografías del arresto y las evidencias del forcejeo dentro de la aeronave trasciendan a través de un portal especializado en crimen organizado constituye una humillación pública para el Estado mexicano, evidenciando que las solicitudes de sus mandatarios fueron menospreciadas de forma deliberada.
Frente a esta actitud del gobierno estadounidense, surgen dos teorías principales que explican el ninguneo institucional a favor de la vía mediática.
La primera hipótesis se fundamenta en la desconfianza estructural. Washington opera bajo la premisa de que las instituciones de seguridad y justicia en México sufren de una infiltración sistémica por parte de los carteles. Compartir detalles sobre una operación de alta sensibilidad con el Ejecutivo mexicano implicaba el riesgo latente de filtraciones hacia las redes criminales o su instrumentalización política en la conferencia «mañanera». Desde esta perspectiva, la filtración a un periodista independiente permite a las agencias estadounidenses controlar la narrativa y validar el éxito de su operativo sin comprometer datos de inteligencia ni fortalecer institucionalmente a un aliado del que recelan.
La segunda teoría apunta a una calculada arrogancia geopolítica. Al entregar la exclusiva a un reportero especializado, las agencias de seguridad norteamericanas envían un mensaje de poder: la capacidad de actuar de manera unilateral en territorio extranjero y la facultad de decidir cuándo y a través de quién se esclarecen los hechos. Ignorar los canales diplomáticos formales y exponer la información en los medios de comunicación funciona como un mecanismo de presión y exhibición pública, dejando en claro que, para los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos, la soberanía formal de su vecino del sur es un factor secundario.
