Maru reparte cartas
Maru Campos encontró en Alejandro Moreno el socio que necesita para vestir de acuerdo partidista lo que en Chihuahua tiene nombre y apellido: Santiago de la Peña Grajeda. La gobernadora habla de la vida, la verdad, la familia y la libertad, pero detrás de ese catálogo de virtudes se mueve una disputa por el poder, una candidatura que divide al PAN y una negociación con el PRI cuyo costo político todavía está por conocerse.
“Alito y Maru lograrán acuerdos para el bienestar, para el mayor impacto positivo a las familias, no nada más en Chihuahua, sino en México”, declaró este lunes la gobernadora. La frase tiene una virtud para la propaganda y una debilidad para la política: habla de beneficios generales sin explicar qué acuerdos se negocian, qué compromisos están sobre la mesa ni qué recibirán los partidos a cambio de esa coincidencia tan conveniente.
Porque si algo necesita Maru es margen de maniobra para impulsar a Santiago de la Peña a la alcaldía de Chihuahua. Y la interlocución con Alito le viene como anillo al dedo: permite presentar como entendimiento entre fuerzas políticas lo que también puede convertirse en una operación para imponer una candidatura desde Palacio de Gobierno.
El problema es que Santiago no llega con credenciales panistas impecables. Su familia arrastra tres generaciones de militancia priista, una historia que no desaparece por ocupar un cargo en un gobierno del PAN. Pero hay un dato todavía más incómodo: Alejandro Domínguez, dirigente estatal del PRI, ha desconocido reiteradamente que De la Peña sea militante o representante del priismo. Así que, si Maru pretende convertirlo en moneda de cambio, primero tendrá que explicar por qué el propio PRI estatal no lo reconoce como uno de los suyos y claramente ha dicho que no es un nombre que ellos pondrían sobre la mesa.
¿Negociará Alito una candidatura para un personaje al que el priismo chihuahuense no necesariamente considera su representante? ¿O la alianza servirá para que Maru consiga por fuera lo que no puede imponer sin resistencia dentro de su propio partido?
Ahí está la verdadera disputa. Una corriente del PAN rechaza abiertamente a Santiago por su origen priista y cuestiona que se pretenda entregarle una candidatura panista. Sus promotores panistas prácticamente son los que están en la nómina del gobierno estatal. Si el respaldo se sostiene más en la nómina que en la militancia, Maru podrá tener operadores, pero no necesariamente tendrá un partido convencido.
La gobernadora respondió a las inconformidades con un tajante: “No, eso no es cierto, eso no es cierto”, al negar que exista una postura definida para impedir que un perfil priista llegue a la candidatura. La respuesta no resuelve nada. Nadie necesita un veto formal cuando el poder político, los recursos del gobierno y las señales desde Palacio pueden inclinar una contienda interna.
Maru invoca la libertad, pero la prueba de esa libertad no será un discurso pronunciado ante los reporteros: será permitir que el PAN decida sin que la gobernadora le dicte el nombre del candidato.
Jáuregui paga el precio
Pero la jugada tiene otra pieza que no puede separarse de la disputa municipal: César Jáuregui Moreno, el antiguo aliado de Maru que hoy permanece en el penal del Altiplano.
El 25 de octubre, un juez federal lo vinculó a proceso por presunta traición a la patria y ratificó la prisión preventiva. La acusación de la Fiscalía General de la República sostiene que permitió la participación de agentes de la CIA en un operativo contra un narcolaboratorio en la Sierra de Chihuahua, en abril de 2026, sin la autorización federal correspondiente. La defensa impugna la resolución y cuestiona que los hechos encuadren en ese delito.
Aquí conviene mirar el tablero completo. Jáuregui no era un funcionario cualquiera: fue fiscal general, amigo y colaborador político de Maru durante años, y su nombre figuraba entre los perfiles con posibilidades de competir por la alcaldía de Chihuahua. Su encarcelamiento lo saca de esa carrera en el momento en que la gobernadora busca consolidar la opción de Santiago.
¿Significa eso que el proceso federal fue diseñado para favorecer a De la Peña? No existe evidencia pública suficiente para afirmarlo como un hecho. Pero tampoco se puede ignorar quién gana políticamente con la desaparición de Jáuregui del escenario electoral. La coincidencia de intereses es demasiado evidente como para fingir que carece de importancia.
La paradoja es que el mismo expediente también le sirve a Claudia Sheinbaum. La presidenta ha convertido la defensa de la soberanía en uno de los ejes de su discurso frente a Estados Unidos. La acusación contra el exfiscal le ofrece un caso concreto para sostener que la participación de agentes extranjeros en territorio mexicano debe sujetarse a las instituciones federales. La vinculación a proceso no demuestra por sí misma que la acusación sea correcta, pero sí le permite al gobierno presentar una actuación judicial como parte de esa defensa soberana.
Así, el expediente tiene una rentabilidad política para dos gobiernos que mantienen diferencias públicas: en Chihuahua, Jáuregui queda fuera de la contienda y Santiago gana espacio; en Palacio Nacional, el caso alimenta la narrativa de que la soberanía se defiende con hechos y no solamente con discursos.
El único que no obtiene beneficio político es Jáuregui, que tendrá que defenderse ante los tribunales. La justicia debe determinar su responsabilidad con pruebas y conforme a la ley, no de acuerdo con las conveniencias de Maru o de Sheinbaum.
Y ésa es precisamente la cuestión incómoda: cuando una acusación tan grave produce ventajas políticas tan claras, la exigencia de rigor judicial tiene que ser todavía mayor. La traición a la patria no puede convertirse en una etiqueta útil para resolver disputas de poder.
Maru dice que busca acuerdos para el bienestar de las familias; Alito negocia una eventual alianza para 2027; Santiago espera su oportunidad y Jáuregui enfrenta dos procesos penales. Cada quien juega su partida, pero no todos tienen las mismas cartas ni el mismo poder para moverlas.
La gobernadora puede invocar “la vida, la verdad, la familia y la libertad”. Lo que no puede evitar es que se le juzgue por sus decisiones políticas. Si su apuesta es Santiago, que lo diga sin rodeos y que lo defienda ante los panistas. Si quiere una alianza con el PRI, que explique qué se negocia y a quién pretende beneficiar.
Porque una cosa es construir acuerdos y otra muy distinta utilizar el discurso de los principios para disfrazar una operación sucesoria. En Chihuahua, la pregunta ya no es si Maru y Alito pueden ponerse de acuerdo. Es si ese acuerdo pretende fortalecer a los partidos o asegurarle a la gobernadora el control de las candidaturas.
Y mientras Santiago avanza y Jáuregui permanece en Almoloya, la coincidencia resulta políticamente rentable para Maru. Demasiado rentable como para que el círculo rojo deje de preguntar quién está moviendo las piezas y quién termina pagando la cuenta.
Caso Taddei salpica a Chihuahua
La exigencia del diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar de que Guadalupe Taddei termine en la cárcel tiene mucho más fondo político que el simple reclamo de justicia. Detrás de sus declaraciones se advierte una operación de deslinde que busca salvar a Morena del escándalo de corrupción que estalló en el Instituto Nacional Electoral (INE), repartir responsabilidades entre administraciones anteriores y, sobre todo, evitar que el costo político alcance a quienes impulsaron y protegieron a la expresidenta del organismo.
«La señora Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel», declaró Ramírez Cuéllar, quien además exigió responsabilidades administrativas y penales y pidió que la Fiscalía General de la República abra una investigación de oficio. No fue una declaración menor: el vicecoordinador de Morena en San Lázaro habló de un «sistema de coyotaje electoral» y de la necesidad de abrir un «maxiproceso» para investigar a proveedores y funcionarios involucrados.
Lo significativo es quién lo dice. Ramírez Cuéllar no es un legislador marginal ni un personaje ajeno al círculo político de Claudia Sheinbaum. Su cercanía con la presidenta obliga a leer sus palabras también en clave de poder. Resulta difícil separar el mensaje de la estrategia presidencial que, desde las mañaneras, intenta colocar la corrupción del INE en el pasado, atribuirla a Lorenzo Córdova y presentar a Taddei como una herencia incómoda, una criatura de Morena que ahora conviene sacrificar.
El problema para Palacio Nacional es que las investigaciones periodísticas destaparon una red de contratos, proveedores y presuntas operaciones irregulares que no puede borrarse con un cambio de presidenta ni con una campaña de deslinde. Y, además, las ramificaciones ya no se quedan en el ámbito federal.
La ofensiva de Morena tiene, además, una ramificación que toca directamente a Chihuahua. Citlalli Hernández, una de las figuras de mayor peso político dentro del partido, pidió este lunes, durante una intervención radiofónica, que Claudia Arlett Espino también sea investigada por los presuntos actos de corrupción relacionados con las contrataciones electorales. La declaración tiene importancia porque ya no se trata solamente de repartir culpas entre Taddei y sus antecesores: Morena está poniendo sobre la mesa a una funcionaria que hoy forma parte del gobierno de Maru Campos.
Y hay razones para que Espino esté bajo escrutinio. En 2021, cuando encabezaba provisionalmente el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, el organismo adjudicó a Cajas Graf un contrato por 33 millones 881 mil pesos. La empresa está vinculada con José Alfredo Hernández Casillas, el contratista que aparece en las investigaciones periodísticas sobre la red de proveedores del INE.
Pero hay algo más comprometedor políticamente: el video difundido por Latinus en el que Claudia Arlett Espino aparece conversando con Hernández Casillas en la residencia de Picacho 259. No es una fotografía circunstancial ni un encuentro protocolario. La grabación muestra una conversación en un ambiente de confianza y familiaridad, en la que ambos hablan de asuntos internos del entorno del INE y de las molestias que provocaban las publicaciones periodísticas sobre Guadalupe Taddei.
El video no constituye una prueba de responsabilidad penal, pero sí hace mucho más difícil sostener que Espino era una funcionaria completamente ajena a las relaciones personales y profesionales que rodeaban al contratista. Y cuando se coloca esa conversación junto al contrato millonario adjudicado en Chihuahua, las preguntas dejan de ser gratuitas.
La decisión de Maru Campos de incorporar nuevamente a Espino a su administración tampoco ayuda a despejar las dudas. Por el contrario, le proporciona a Morena un argumento político para extender el escándalo hasta el gobierno panista de Chihuahua. La gobernadora puede sostener que no existe responsabilidad acreditada, pero no puede pretender que la relación documentada en video y los antecedentes contractuales desaparezcan por arte de magia.
Pus por todas partes
El caso poblano agrega otra pieza. Blanca Yassahara Cruz García, actual presidenta provisional del INE, también aparece vinculada con una contratación millonaria realizada cuando encabezaba el Instituto Electoral del Estado de Puebla. En 2024, ese organismo otorgó a Comercializadora JVLY un contrato por 129 millones 700 mil 584 pesos para materiales electorales. La empresa está relacionada con los hermanos Hernández Casillas.
El problema para Sheinbaum es que la estrategia de repartir culpas no está funcionando como esperaba. Cada nuevo nombre exhibe que la red de proveedores y las decisiones cuestionadas atraviesan distintos organismos electorales, administraciones y filiaciones partidistas.
La pregunta ya no es solamente qué responsabilidad tuvo Taddei. Es quiénes participaron, quiénes autorizaron los contratos, quiénes conocían las relaciones con los proveedores y quiénes los protegieron después.
Morena puede intentar convertir a la Taddei de 2014 en la responsable de todos los males del INE, pero el argumento no alcanza para explicar en lo que se convirtió Taddei al ponerse a disposición de Morena: mayoría calificada para cambios constitucionales, ceguera ante campañas anticipadas, aceptación del fraude mediante boletas planchadas, acordeones validados en la elección judicial y un etcétera por las omisiones del columnista.
En síntesis Maru Campos, con la recontratación de Arlett Espino, le da munición a Sheinbaum para su narrativa de deslinde de Taddei, voluntaria o involuntariamente. Imposible no pensar en el latinajo quid pro quo.
