Maru miente: Godoy
El comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR), fechado el 23 de octubre, no es un simple parte informativo sobre una reunión entre Ernestina Godoy y Maru Campos. Es un documento que compromete políticamente a la gobernadora de Chihuahua, porque confirma que conocía la acusación federal contra César Jáuregui Moreno y que, además, acudió a señalarlo como responsable de los hechos de El Pinal y a denunciar presuntos actos de corrupción relacionados con casinos y prestanombres.
El boletín oficial contradice la narrativa que Maru Campos había sostenido durante su recorrido por medios de comunicación, donde afirmó que desconocía la acusación por traición a la patria contra su exfiscal. La versión difundida por la FGR establece otra cosa: la imputación federal fue uno de los asuntos tratados durante la reunión y, por tanto, la gobernadora fue informada de ella en ese encuentro.
La diferencia no es menor. Una cosa es que la mandataria alegue desconocimiento de los detalles jurídicos de una investigación y otra, muy distinta, que sostenga que no sabía de la acusación. El comunicado deja constancia de que el tema estuvo sobre la mesa y que se habló expresamente de la imputación por traición a la patria en el fuero federal, además de los delitos del fuero común.
Un acuerdo que cambia la lectura del caso
Hay otro elemento que vuelve más comprometedor el comunicado para la gobernadora: la coordinación de las acciones legales. Ernestina Godoy no solamente dijo que Maru conocía la imputación federal; explicó que ambas hablaron de los procedimientos que seguirían la Federación y el estado. Según la fiscal, se acordó que la FGR procedería por los delitos federales y las autoridades estatales por los del fuero común.
Esto contradice la imagen de una gobernadora sorprendida por la acusación contra su exfiscal. La versión de la titular de la FGR es que Maru conocía el rumbo de la investigación y que ambas partes hablaron de sus respectivas actuaciones. Emparejar las carpetas resume políticamente esa coordinación, aunque no aparece literalmente en el comunicado.
La contradicción obliga a revisar también el argumento de que la detención de Jáuregui fue una decisión federal ajena al conocimiento de la gobernadora. El documento no prueba por sí solo que Maru haya participado en la decisión judicial de detenerlo, pero sí respalda que conocía la imputación que se preparaba y que discutió con Godoy la ruta de las investigaciones.
El problema ya no es solamente Jáuregui
La gobernadora también tendrá que responder por sus acusaciones de corrupción. Decir que su exfiscal es corrupto, que tiene casinos y que utiliza prestanombres es una imputación grave. La FGR anunció que abriría una nueva línea de investigación a partir de la información que Campos ofreció entregar. Hasta ahora, esos señalamientos deben tratarse como acusaciones, no como hechos judicialmente probados.
Pero políticamente hay una cuestión inevitable: si Maru tenía información sobre esas presuntas irregularidades, ¿desde cuándo la conocía y qué hizo mientras Jáuregui encabezaba la Fiscalía?
El comunicado 745/26 deja a la gobernadora frente a dos frentes. El primero es explicar por qué su versión pública sobre el desconocimiento de la acusación federal no coincide con lo que sostiene Ernestina Godoy. El segundo es aclarar por qué ahora atribuye a su antiguo fiscal responsabilidades tan graves, tanto por los hechos de El Pinal como por supuestos negocios relacionados con casinos y prestanombres.
La crisis, por tanto, ya no puede presentarse únicamente como un enfrentamiento entre Maru Campos y el Gobierno federal. También involucra las decisiones tomadas dentro de su propia administración y la relación que mantuvo con quien fue uno de sus funcionarios más importantes.
El documento oficial no condena a César Jáuregui ni demuestra la culpabilidad de Maru Campos. Sin embargo, sí deja asentadas declaraciones que comprometen políticamente a ambos y que contradicen la versión pública de la gobernadora.
La pregunta de fondo es quién conocía qué, desde cuándo y qué responsabilidades asumió cada autoridad. Y en ese terreno, el comunicado de Ernestina Godoy cambió por completo la discusión.
Zuany: las firmas de Maru y Santiago
La reincorporación de Guillermo Arturo Zuany Portillo a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), después de recuperar la visa estadounidense que le había sido retirada, abre una interrogante que el gobierno de María Eugenia Campos Galván tendrá que responder: ¿quién decidió su regreso y bajo qué criterios se autorizó?
Las declaraciones del abogado defensor Luis Villegas colocan el asunto en un terreno incómodo para la gobernadora. Según la información que dio a conocer, el oficio de recontratación de Zuany lleva las firmas de Maru Campos y del secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda. Si el documento confirma esos datos, la reincorporación deja de ser un asunto que pueda atribuirse exclusivamente a decisiones internas de la corporación policial.
Hay un antecedente que vuelve más delicada la revelación. En la primera entrevista de su recorrido por los medios de comunicación, Maru Campos sostuvo que el regreso de Zuany, una vez recuperada la visa, ocurrió bajo la protección del entonces fiscal general César Jáuregui Moreno. Ahora, la información expuesta por la defensa introduce un elemento adicional: las firmas de la gobernadora y de su secretario general de Gobierno en el documento que formalizó la recontratación.
La diferencia no es menor. Una cosa es atribuir la reincorporación a la protección de un funcionario y otra muy distinta es establecer qué participación tuvieron las máximas autoridades del Ejecutivo estatal en la decisión administrativa. Si ambas versiones se refieren al mismo procedimiento, corresponde aclarar cómo se distribuyeron las responsabilidades y quién tomó la decisión definitiva.
El problema para Maru es que su propia explicación pública puso a Jáuregui en el centro de la historia. Si el exfiscal protegió el regreso de Zuany, como ella afirmó, falta conocer si actuó por cuenta propia, con autorización de otras instancias o dentro de una decisión respaldada por el gobierno estatal. Las firmas señaladas por Villegas obligan a ampliar las preguntas, no a cerrar el expediente político.
La fecha de ingreso de Zuany también merece atención. De acuerdo con los antecedentes difundidos, comenzó a trabajar en la AEI el 8 de septiembre de 2021, el mismo día en que Maru Campos asumió la gubernatura y Roberto Javier Fierro Duarte fue nombrado fiscal general. La coincidencia no demuestra por sí sola una relación irregular, pero sitúa al exmando dentro de la estructura de seguridad desde el arranque de la administración.
Después vino la salida temporal de diciembre de 2025, atribuida a la pérdida de su visa estadounidense, y posteriormente su reincorporación, una vez recuperado el documento migratorio. La pregunta central es qué evaluaciones se realizaron antes de permitirle volver al mismo puesto. La visa, por sí sola, no acredita culpabilidad ni constituye una prueba automática de falta administrativa. Sin embargo, tratándose de un mando de investigación policial, la decisión de separarlo y después restituirlo exige una explicación institucional clara.
El contexto actual vuelve más relevantes esas preguntas. Zuany aparece relacionado públicamente con las controversias que rodean el caso de El Pinal y las investigaciones contra exmandos de la procuración de justicia, esto obliga a revisar las decisiones administrativas que permitieron su permanencia y regreso a la corporación.
Maru Campos ha intentado explicar su actuación en el caso Jáuregui mediante entrevistas y declaraciones públicas. Sin embargo, cada nueva información abre otro frente: si la responsabilidad era de Jáuregui, ¿por qué aparecen las firmas de la gobernadora y de Santiago de la Peña en el oficio de recontratación? Y si el regreso fue una decisión institucional, ¿por qué la explicación inicial colocó el peso de la responsabilidad sobre el exfiscal?
PAN frena la elección directa de regidores
La campaña de Plan Estratégico de Juárez para reunir firmas en favor de un referéndum pone sobre la mesa una contradicción política que el PAN y sus aliados en el Congreso de Chihuahua tendrán que explicar: aprobaron una ley que abría la puerta a elegir directamente a los regidores y después respaldaron la eliminación de las disposiciones que permitirían aplicarla en el proceso electoral 2026-2027.
El asunto no es menor. No se trata solamente de una diferencia técnica sobre los tiempos de una reforma electoral. Está en juego el derecho de los ciudadanos a decidir quién los representa en los ayuntamientos, sin que esa decisión quede supeditada a las negociaciones entre las dirigencias partidistas y los candidatos a las presidencias municipales.
El pasado 22 de junio, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PVEM aprobaron en el Congreso local la derogación de los artículos transitorios que garantizaban la entrada en vigor de la elección directa de regidores para el próximo proceso electoral. Con esa decisión, la aplicación del mecanismo quedó frenada para 2026-2027.
La contradicción política es evidente: una cosa es aprobar una reforma en el papel y otra permitir que entre en vigor cuando llega el momento de modificar las reglas de acceso al poder. La decisión legislativa dejó a los partidos frente a una pregunta incómoda: ¿para qué aprobar una transformación de la representación municipal si después se retiran las disposiciones que permitirían ponerla en práctica?
Plan Estratégico de Juárez busca que esa pregunta no quede archivada en el Congreso. La organización activó ante el Instituto Estatal Electoral el mecanismo de referéndum para que la ciudadanía pueda pronunciarse sobre la decisión de los diputados. Su iniciativa, identificada con la etiqueta #YoElijoRegidor, pretende restituir el derecho a elegir directamente, por demarcaciones territoriales, a quienes integran los cabildos.
El control de las regidurías
La resistencia a la elección directa tiene una dimensión política que merece atención. Actualmente, las regidurías forman parte de la integración de las planillas municipales y su distribución está vinculada a las candidaturas y a las decisiones de los partidos. Ese esquema permite a las dirigencias negociar posiciones, acomodar grupos internos y reconocer compromisos políticos.
La elección directa cambiaría las condiciones de esa representación. Los aspirantes tendrían que buscar el respaldo de los electores de sus respectivas demarcaciones, en lugar de depender únicamente de su lugar en una planilla. La relación entre representantes y ciudadanos podría ser más directa, y la evaluación de su trabajo tendría un referente territorial concreto.
Ese cambio reduciría el margen de decisión de las cúpulas partidistas sobre una parte de los espacios municipales. No significa que los partidos desaparecerían de la competencia, sino que tendrían que compartir con los ciudadanos una facultad que hoy ejercen mediante sus mecanismos de selección y negociación.
Ahí se encuentra una de las claves del conflicto. La discusión no afecta solamente la forma de votar por los regidores; también toca los mecanismos con los que los partidos distribuyen poder dentro de los ayuntamientos.
Por eso, la decisión de PAN y sus aliados de frenar la aplicación de la reforma abre un debate sobre la congruencia entre el discurso democrático y las decisiones legislativas. Si los partidos defienden la representación ciudadana, deben explicar por qué respaldaron la derogación de las disposiciones que permitían hacer efectiva la elección directa en el próximo proceso.
Las firmas, contra la decisión del Congreso
Plan Estratégico tiene hasta el 21 de diciembre para reunir poco más de 15 mil 322 apoyos válidos, equivalentes al 0.5 por ciento de la Lista Nominal de Electores de Chihuahua. El periodo de 90 días comenzó el 23 de septiembre.
La organización recibe firmas en sus oficinas de la calle 20 de Noviembre número 4305, de nueve de la mañana a cinco de la tarde, además de instalar módulos itinerantes. También informó que las personas interesadas en organizar la recolección en sus comunidades pueden comunicarse al (656) 625 0640, extensión 222.
Otra alternativa es utilizar la aplicación Apoyo Ciudadano INE, disponible para teléfonos con sistemas iOS y Android. Para registrar el respaldo se requiere una credencial para votar expedida en Chihuahua, así como la fotografía y la firma de la persona participante, conforme al procedimiento de la plataforma.
El reto de la organización consiste ahora en convertir una inconformidad política en apoyos válidos suficientes para avanzar por la vía institucional. Alcanzar la cifra requerida no garantiza por sí mismo que se restablezca la elección directa, pues todavía deberán cumplirse los procedimientos legales correspondientes. Pero sí permitiría llevar la controversia más allá de las posiciones de los partidos.
El referéndum pone a prueba, además, la disposición de la ciudadanía juarense para intervenir en una decisión que afecta la integración de su Ayuntamiento. La discusión ya no puede reducirse a un enfrentamiento entre una organización civil y los legisladores. Se trata de determinar si una reforma aprobada para modificar la representación municipal debe quedar sin aplicación para el proceso electoral inmediato por una nueva decisión del propio Congreso.
PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PVEM tienen la responsabilidad política de explicar sus votos. La ciudadanía, por su parte, tiene la posibilidad de respaldar o no la iniciativa mediante los mecanismos previstos en la ley.
La cuestión de fondo permanece: si los diputados aprobaron una ley que abría paso a la elección directa de regidores, ¿por qué después quitaron las disposiciones que garantizaban su entrada en vigor en 2026-2027?
Esa es la pregunta que Plan Estratégico busca llevar a las urnas. Y es también la contradicción que los partidos no pueden resolver únicamente con discursos sobre democracia: tendrán que justificar por qué, cuando llegó el momento de hacer efectiva la reforma, optaron por detenerla.
