El PAN, entre la crisis y la sucesión
La crisis desatada por el caso César Jáuregui Moreno está exhibiendo las fracturas del panismo chihuahuense, las ambiciones que se mueven rumbo a 2027 y el costo político de las decisiones de Maru Campos. Lo que comenzó con la situación judicial del exfiscal se ha convertido en una disputa por el control del partido, con acusaciones contra el círculo cercano a la gobernadora, reclamos de la militancia y una confrontación abierta con Santiago de la Peña Grajeda, uno de los aspirantes a la alcaldía de Chihuahua.
Las reacciones ya no se limitan a cuestionar la actuación de la Fiscalía o a exigir que se respete el curso de los procesos judiciales. También ponen sobre la mesa una pregunta incómoda para Palacio de Gobierno: ¿hasta dónde las decisiones relacionadas con Jáuregui están vinculadas con la disputa por la candidatura panista a la alcaldía?
El comunicado del Comité Directivo Estatal del PAN, encabezado por Daniela Álvarez, en respaldo a Maru Campos intenta contener el costo político del caso y rechazar lo que califica como una ofensiva de Morena. Sin embargo, su defensa de la gobernadora deja fuera dos elementos centrales: las declaraciones que Maru difundió en video el lunes por la tarde y el hecho de que fue la Fiscalía General del Estado la que detuvo a Jáuregui y lo puso a disposición de las autoridades judiciales federales.
La omisión es políticamente significativa. El problema no consiste únicamente en determinar la situación jurídica del exfiscal. También importa establecer cómo se llegó a este punto, por qué se produjo la ruptura entre dos personajes que formaron parte del mismo gobierno y qué consecuencias tiene esa ruptura para la sucesión de 2027.
En su video del 19 de octubre, Maru sostuvo que nadie que haya servido en su administración está por encima de la ley y respaldó la actuación de la Fiscalía estatal. También precisó que la investigación federal corresponde a una causa distinta.
El mensaje buscó establecer una separación entre la responsabilidad política de la gobernadora y las actuaciones de las autoridades judiciales. Pero ese deslinde no elimina las preguntas sobre la responsabilidad política de su administración en la investigación estatal que llevó a la detención de quien fuera uno de sus colaboradores más cercanos.
La Fiscalía estatal intervino en el caso relacionado con el operativo en El Pinal, municipio de Morelos, donde fue localizado un narcolaboratorio. A ello se sumó el procedimiento federal por el presunto delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional. Se trata de investigaciones distintas, cuyas acusaciones deberán resolverse conforme a derecho y no deben confundirse con una declaración de culpabilidad.
Lo que no puede separarse de la discusión es la dimensión política de los acontecimientos. La proximidad entre el estallido del caso, la disputa por las candidaturas y las diferencias dentro del panismo ha alimentado interpretaciones que el comunicado de la dirigencia panista no despeja.
Una de las hipótesis que circulan en los mentideros políticos es que, salieron mal los cálculos de Maru y de sus asesores: sacar a Jáuregui de la contienda mediante su involucramiento en un proceso judicial despejaba el camino para Santiago de la Peña, seria como miel sobre hojuelas.
Existe evidencia pública suficiente para presentar esa interpretación como un hecho probado. Lo que fundamenta la hipótesis forma parte de la lectura política que hacen sectores del panismo sobre el momento y las consecuencias de la crisis. Si ese era el cálculo, el resultado ha sido muy distinto al que sus presuntos promotores pudieron esperar: Jáuregui quedó fuera de la disputa inmediata, pero el conflicto se extendió al gobierno estatal, deterioró la confianza entre antiguos aliados y abrió un frente de inconformidad dentro del propio partido.
La controversia, además, alcanzó el ámbito nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum negó públicamente que hubiera pactado con Maru la detención del exfiscal, después de que circularan versiones sobre un supuesto acuerdo. La defensa de Jáuregui, por su parte, sostiene que detrás de su situación judicial existen motivaciones políticas. Son afirmaciones que deben atribuirse a sus respectivos emisores, pero que muestran hasta qué punto el caso dejó de ser un asunto exclusivamente chihuahuense.
La dirigencia estatal del PAN puede respaldar a la gobernadora y denunciar una ofensiva de Morena. Lo que no puede hacer es convertir la exigencia de unidad en una obligación de guardar silencio sobre las preguntas que dejó la detención. Menos aún cuando esas preguntas afectan directamente la confianza entre los grupos que deberán competir, negociar y movilizarse para las elecciones de 2027.
De la Peña entra al conflicto
Mientras el caso Jáuregui sigue produciendo consecuencias, otra confrontación exhibe las dificultades del PAN para ordenar su proceso interno. Santiago de la Peña decidió manifestarse contra la petición de un grupo de militantes que acudió con Daniela Álvarez para solicitar que se aplazaran las definiciones de candidaturas hasta que se resuelva la situación jurídica del exfiscal.
El secretario general de Gobierno fue tajante: “Es un tema con el que yo no coincido”. Sostuvo que la decisión corresponde a los órganos internos del partido y advirtió que no se puede entrar a un juego de fútbol para decirle al árbitro cómo aplicar las reglas, en lugar de ponerse a jugar.
El argumento parece razonable si se considera exclusivamente la autonomía partidista. Sin embargo, adquiere otra dimensión cuando quien lo expresa aspira a una candidatura panista sin pertenecer al PAN y cuando la decisión sobre los tiempos puede afectar sus propias posibilidades de competir.
La respuesta llegó de inmediato. El regidor Félix Martínez calificó a De la Peña de “carroñero” y “político sin principios”. Lo acusó de aprovechar la crisis de Acción Nacional para intervenir en una discusión que corresponde a sus militantes y cuestionó que pretenda decirle al partido qué debe hacer.
“Él no es del PAN, debemos decirlo”, insistió Martínez, quien consideró inoportunas las declaraciones del funcionario en medio de la incertidumbre que atraviesa la organización.
Alejandro Villalobos Bayón fue más lejos. Acusó a De la Peña de pretender ganar por default y sostuvo que la candidatura se habría retrasado porque el secretario general de Gobierno no repuntaba en las encuestas, mientras Jáuregui avanzaba en las preferencias.
Villalobos afirmó que existen mediciones nacionales en las que el exfiscal aparece por encima de otros aspirantes. Esas referencias requieren contrastarse con las encuestas correspondientes, pero su señalamiento refleja la inconformidad de quienes sospechan que los tiempos y las reglas podrían terminar favoreciendo al aspirante respaldado por Maru.
La petición de aplazamiento fue encabezada por el exalcalde Juan Blanco, acompañado por los regidores Félix Martínez e Isaac Díaz y por Roberto “Pony” Lara. La comitiva se reunió con Daniela Álvarez para plantear que las definiciones internas esperen hasta que exista mayor claridad sobre el futuro judicial de Jáuregui.
La presidenta estatal del PAN quedó así ante una decisión difícil. Si acepta la petición, podría interpretarse que concede al grupo del exfiscal capacidad para condicionar el calendario partidista. Si la rechaza, aumentarán las sospechas de que algunos aspirantes tienen prisa por cerrar el proceso antes de que cambien las circunstancias.
En realidad, el conflicto revela algo más delicado: la falta de confianza entre los propios panistas. No todos creen que la competencia interna se desarrollará en condiciones equitativas, y las declaraciones de De la Peña, lejos de disipar esas dudas, contribuyeron a encenderlas.
El funcionario puede sostener que corresponde a la dirigencia decidir, pero no puede ignorar que su aspiración lo convierte en parte interesada. Su comparación futbolística tiene una debilidad evidente: pretende presentarse como alguien ajeno a la disputa cuando busca obtener uno de los premios que están en juego.
Tampoco resulta sencillo exigir que los militantes se limiten a respetar las reglas cuando precisamente están cuestionando si las condiciones de la competencia son las adecuadas. El problema no es que los panistas pretendan sustituir al árbitro, sino que algunos ya desconfían de cómo se está organizando el partido.
El círculo de Maru, bajo fuego
La confrontación adquirió un alcance mayor cuando Villalobos Bayón dirigió sus críticas contra el grupo de asesores que rodea a la gobernadora. Sus declaraciones colocaron el debate más allá de las candidaturas y apuntaron al origen de las decisiones que, según él, están perjudicando tanto a Maru como al PAN.
“Tienen un gran problema en la oficina de la gobernadora”, afirmó, antes de acusar a un círculo de asesores de influir negativamente en las determinaciones de Palacio de Gobierno.
Villalobos señaló a Roberto Gil Zuarth, Diódoro Carrasco y Jordy Herrera, además de mencionar a Ernesto Cordero. A ese grupo lo identificó como los “hijos del Apocalipsis” y le atribuyó haber contribuido al deterioro del partido en otras entidades, con el riesgo de repetir el escenario en Chihuahua.
El exsecretario de Gobierno durante la administración de Francisco Barrio exigió a Maru deshacerse de ese círculo, al que responsabilizó de inducirla a tomar malas decisiones.
Se trata de acusaciones políticas graves, no de hechos que por sí mismos acrediten conductas ilícitas. Su relevancia radica en que expresan una inconformidad pública con la manera en que se conduce el gobierno y con la influencia que, según Villalobos, ejercen asesores ajenos a Chihuahua sobre las decisiones de la mandataria.
La crítica toca un punto sensible. Cuando un gobernador comienza a perder la confianza de sectores de su propio partido, el problema deja de ser exclusivamente administrativo. También se vuelve electoral, porque los aspirantes necesitan creer que las decisiones de quien encabeza el gobierno no comprometerán sus posibilidades de competir ni los expondrán a consecuencias políticas imprevisibles.
En ese contexto, el caso Jáuregui y la disputa por la candidatura de De la Peña son conflictos relacionados, pero no idénticos. El primero obliga a examinar la actuación de las autoridades y las consecuencias políticas de una investigación judicial. El segundo enfrenta a los grupos panistas por las reglas, los tiempos y las condiciones para elegir candidatos. Las acusaciones contra los asesores de Maru, por su parte, abren una discusión sobre quién influye en las decisiones de la gobernadora y si ese entorno contribuye a fortalecerla o a debilitarla.
Los tres asuntos, sin embargo, confluyen en una misma preocupación: la capacidad de Maru para mantener la cohesión de su partido mientras se aproxima el final de su administración.
La gobernadora necesita aliados para defender su gestión, construir acuerdos y entregar el poder a un proyecto que conserve la competitividad del PAN. Pero esa tarea se complica si sus decisiones generan desconfianza entre quienes deberían respaldarla y si los aspirantes consideran que el acceso a las candidaturas depende más de la cercanía con Palacio de Gobierno que de su fuerza política.
La contradicción es evidente. Se pide unidad mientras se multiplican las acusaciones; se reclama respeto a las reglas mientras se cuestiona la equidad del proceso; se defiende a la gobernadora frente a Morena mientras militantes panistas señalan que el principal problema puede estar dentro de su propio círculo.
Maru todavía tiene margen para contener el deterioro, pero no bastará con comunicados de respaldo ni con invocar la disciplina partidista. Tendrá que demostrar que las candidaturas se resolverán mediante procedimientos legítimos y que sus decisiones no están subordinadas a la conveniencia de un grupo.
En política, apartar a un adversario del camino no garantiza que el beneficiario avance. A veces, el costo de la maniobra termina por alcanzar a quien presuntamente la concibió. Y cuando la sospecha se instala entre los propios aliados, la factura puede ser más alta que la ventaja inicial.
La crisis del PAN chihuahuense ya no se reduce a la suerte judicial de César Jáuregui ni a las aspiraciones de Santiago de la Peña. Lo que está en discusión es la confianza en Maru Campos, la autoridad de la dirigencia partidista y la posibilidad de llegar a 2027 con un partido capaz de competir sin que sus principales adversarios sean sus propios compañeros.
Si la gobernadora no consigue despejar las dudas y recomponer las relaciones internas, Morena no necesitará hacer demasiado para aprovechar la fractura. El panismo estará haciendo por sus adversarios una parte del trabajo que debería evitarles.
