Llega el operador de Cruz
La renuncia de Alejandro Pérez Cuéllar a la diputación federal que ganó bajo las siglas del PVEM tiene una finalidad política de mayor alcance: convertirse en el coordinador de la campaña de su hermano Cruz Pérez Cuéllar por la gubernatura de Chihuahua. Su encomienda será hacer el milagro de la multiplicación de los votos, pero también poner al servicio del proyecto familiar la maquinaria política, las relaciones y las redes económicas que se le atribuyen en Ciudad Juárez.
Alejandro deja San Lázaro para meterse de lleno en la operación electoral. No se trata de un colaborador circunstancial, sino del hombre de mayor confianza de Cruz, su operador político y, según los señalamientos que circulan en los mentideros políticos y las investigaciones periodísticas, una figura central en el manejo de intereses económicos no necesariamente claros y contractuales vinculados al grupo político del alcalde con licencia.
Su fama se construyó en 2024, cuando obtuvo 97 mil 981 votos en el Distrito 04 federal, equivalentes al 52.11 por ciento de la votación. La participación llegó al 54.42 por ciento, un salto considerable frente a jornadas anteriores en las que, históricamente se mantenía por debajo del 40 por ciento.
¿Cómo se consigue semejante movilización? Esa es la pregunta que acompaña la leyenda de Alejandro como operador electoral. En otros tiempos, a esa capacidad de sacar gente a votar se le llamaba acarreo. Hoy se habla de estructura territorial, movilización, promotores y defensa del voto. Cambian los nombres, pero la interrogante permanece: cuánto corresponde a la organización partidista y cuánto a las redes de intereses que se construyen alrededor del poder municipal.
El resultado electoral está documentado; las sospechas sobre los métodos requieren pruebas específicas, por ejemplo se desconoce le numero de boletas planchadas contabilizadas. Pero la dimensión de la votación explica por qué Cruz necesita a su hermano a tiempo completo. La apuesta es reproducir en todo Chihuahua la operación que le dio a Alejandro casi 98 mil votos en Juárez.
Los votos y los negocios
La otra cara de Alejandro no está en las urnas, sino en las relaciones políticas y económicas que se han tejido alrededor de la administración municipal. En mayo de 2026, una investigación de La Verdad Juárez documentó que dos colaboradores cercanos al diputado recibieron 20 contratos de obra pública del gobierno municipal, por casi 74 millones de pesos, entre 2021 y 2025. Uno de los casos descritos fue el de Irvin Alonso Ruiz Orozco, quien pasó de trabajar en la Dirección de Obras Públicas a convertirse en proveedor municipal.
No es un dato menor. La investigación periodística plantea preguntas sobre los vínculos entre funcionarios, operadores políticos y contratistas que comenzaron a obtener adjudicaciones millonarias durante el gobierno de Cruz. Esos hechos deben examinarse a la luz de los procedimientos de contratación, los posibles conflictos de interés y la relación de los beneficiarios con el círculo político del alcalde. No prueban que Alejandro haya intervenido ilegalmente, pero la sospecha es inevitable.
En los mentideros políticos fronterizos, Alejandro carga con la fama de ser mucho más que el hermano que organiza campañas: se le atribuye ser el operador de los negocios y las decisiones económicas de Cruz. Los señalamientos periodísticos sobre contratos y colaboradores cercanos dan elementos para examinar esa reputación. La cuestión política es inevitable: ¿hasta dónde llega su influencia en el gobierno municipal y qué intereses podrían acompañarlo en la operación electoral de 2027?
Catorce carpetas bajo la sombra
El proyecto de Cruz tampoco llega limpio de cuestionamientos. Reportes periodísticos recientes sitúan en 13 las carpetas de investigación por presuntos hechos de corrupción relacionadas con el alcalde con licencia ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua. A ello se suma la denuncia presentada por los exalcaldes panistas Ramón Galindo y Gustavo Elizondo por un presunto daño patrimonial de 105.6 millones de pesos relacionado con el arrendamiento de ocho barredoras para el servicio de limpieza urbana.
Las carpetas de investigación no equivalen a sentencias condenatorias. Sin embargo, tampoco pueden desaparecer del análisis político cuando el investigado pretende gobernar el estado. La pregunta sobre el destino de los recursos públicos y la transparencia de los contratos es parte de la discusión que acompañará a Cruz durante la carrera por la gubernatura.
En ese escenario, la incorporación de Alejandro adquiere una doble dimensión. Será el encargado de organizar votos y sumar operadores, pero también estará bajo el escrutinio de quienes exigen aclaraciones sobre las relaciones económicas que rodean al grupo familiar. La eficacia electoral que se le atribuye no elimina esas interrogantes; por el contrario, aumenta la importancia de saber cómo se construye y a qué intereses responde la estructura que encabeza.
Alejandro deja el Congreso para concentrarse en el proyecto de su hermano. Su tarea será multiplicar los votos; el desafío público será esclarecer las sombras que acompañan a la maquinaria que pretende poner en marcha. En 2027, la operación electoral de los Pérez Cuéllar tendrá que medirse tanto por los sufragios que consiga como por las respuestas que ofrezca sobre el oscuro manejo del poder y los recursos públicos.
Renuncia que multiplica sospechas
La justicia mexicana enfrenta un episodio que, por sus circunstancias y consecuencias políticas, exige explicaciones. La jueza federal Mariana Vieyra Valdez, quien tuvo a su cargo el caso de César Jáuregui Moreno en el Estado de México, habría presentado su renuncia apenas un día después de que se reportara su intervención en el procedimiento que llevó al exfiscal de Chihuahua a prisión por la acusación de traición a la patria. La información fue difundida por medios locales a partir de datos atribuidos a la defensa del exfuncionario. Hasta ahora no se han hecho públicos los motivos oficiales de la renuncia.
La coincidencia resulta difícil de ignorar. En un expediente de enorme repercusión nacional, relacionado con la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en Chihuahua, la salida de la juzgadora abre preguntas que el Poder Judicial debe responder: ¿por qué renunció?, ¿la decisión fue personal?, ¿existió alguna presión externa?, ¿o hay circunstancias administrativas que expliquen su separación? Mientras no haya respuestas, cualquier conclusión sobre las causas sería prematura, pero el silencio institucional tampoco ayuda a despejar las dudas.
En los círculos políticos y jurídicos circula una interpretación más delicada: que Vieyra Valdez no habría estado dispuesta a convertirse en una jueza de consigna. Se trata de una hipótesis, no de un hecho acreditado. Sin embargo, cobra relevancia en un proceso donde la acusación de traición a la patria, por su gravedad y sus implicaciones, exige pruebas sólidas, respeto al debido proceso y absoluta independencia judicial.
La jueza no es una improvisada. Su nombre adquirió notoriedad nacional en agosto de 2025, cuando ordenó la liberación de Israel Vallarta Cisneros, quien había permanecido casi 20 años en prisión sin recibir sentencia. La juzgadora concluyó que no existían pruebas suficientes para demostrar plenamente su responsabilidad penal. Aquel caso la colocó en el centro de una discusión sobre la prisión prolongada, las deficiencias de las investigaciones y la obligación de los tribunales de resolver conforme a derecho.
Ese antecedente no demuestra qué ocurrió ahora, pero sí permite entender por qué su renuncia despierta interés. Una jueza que tomó una decisión de alto impacto en el caso Vallarta vuelve a quedar asociada a otro expediente controvertido, esta vez con repercusiones directas en la política de Chihuahua y en la relación entre los gobiernos estatal y federal.
Jáuregui permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano bajo prisión preventiva oficiosa. La Fiscalía General de la República sostiene que el exfiscal habría permitido la intervención no autorizada de agentes extranjeros en territorio mexicano, durante un operativo realizado en abril en el municipio de Morelos, Chihuahua. La defensa, por su parte, rechaza que los elementos presentados acrediten la responsabilidad de su cliente y cuestiona el trasfondo de la acusación. La situación jurídica del exfuncionario todavía debe resolverse conforme a las etapas del proceso penal.
Pero el expediente judicial ya rebasó los tribunales. La ruptura entre Jáuregui y la gobernadora María Eugenia Campos ha provocado una fractura política dentro del PAN. La decisión de Maru de respaldar la actuación contra quien fue uno de sus colaboradores más cercanos ha sido interpretada por sectores panistas como una traición política. Esa percepción, documentada en la cobertura nacional del caso, alimenta la desconfianza hacia la gobernadora y pone en entredicho la solidez de sus alianzas.
En ese contexto, la renuncia de la jueza añade un elemento incómodo. Si su salida obedece a razones personales o administrativas, corresponde explicarlo. Si hubo presiones, la sociedad tiene derecho a conocerlas. Lo que no puede aceptarse es que una decisión judicial de semejante trascendencia quede rodeada de sospechas sin una explicación institucional clara.
La pregunta de fondo no es si Mariana Vieyra Valdez favorecía o perjudicaba a César Jáuregui, sino si el sistema de justicia puede garantizar que un expediente de esta magnitud se tramite sin interferencias políticas. La acusación contra el exfiscal debe probarse; su defensa debe contar con garantías plenas y las autoridades deben rendir cuentas sobre sus decisiones.
En política, las coincidencias suelen convertirse en munición para las sospechas. En justicia, la única manera de desactivarlas es con hechos, documentos y explicaciones verificables. La renuncia de la jueza no prueba que haya existido una consigna, pero tampoco es un dato menor que pueda despacharse sin aclaraciones. En un caso que ya sacudió al PAN, confrontó a gobiernos y llevó a un exfiscal al Altiplano, la opacidad solamente profundiza la crisis de confianza.
Zuany, la pieza que falta
La fuga de Guillermo Arturo Zuany Portillo, exdirector de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y después fiscal de Operaciones Estratégicas, mantiene abierta una de las interrogantes centrales del escándalo que llevó a la detención de César Jáuregui Moreno: quién organizó, autorizó y conocía realmente los alcances del operativo contra el narcolaboratorio de El Pinal.
Zuany no es un personaje secundario. Su posición dentro de la Fiscalía estatal y sus presuntos vínculos con los agentes estadounidenses que participaron en el operativo lo colocan en el centro de una investigación que ya rebasó las fronteras de Chihuahua y se convirtió en un problema de seguridad nacional.
El 17 de octubre, medios locales reportaron que un juez había librado órdenes de aprehensión contra Jáuregui y Zuany. Al exfiscal se le atribuyen presuntos delitos relacionados con el ejercicio del servicio público, mientras que a Zuany se le señala por falsedad ante las autoridades, de acuerdo con la información publicada sobre el caso. Hasta el 21 de octubre, Zuany permanecía prófugo.
Su detención es fundamental para esclarecer los hechos. No sólo por las responsabilidades que pudieran fincársele, sino porque su testimonio y la información que pueda aportar permitirían reconstruir la cadena de decisiones que condujo al operativo y a sus consecuencias.
La relevancia de Zuany quedó documentada antes de que se convirtiera en prófugo. El 8 de mayo, La Jornada informó que había declarado ante la Fiscalía General de la República (FGR), junto con otros funcionarios estatales, y que se investigaba su posible papel como enlace con los agentes estadounidenses. El 12 de mayo, la Fiscalía estatal reportó que sus investigaciones habían identificado interacciones entre los extranjeros y mandos de la corporación, así como indicios de que no se había informado a los superiores sobre su presencia e incorporación al convoy.
Pero hay otra línea de señalamientos que merece atención.
El periodista Ramón Alberto Garza García, director de Código Magenta, difundió una versión según la cual Zuany había perdido su visa estadounidense y habría intentado recuperar la confianza de las autoridades de ese país proporcionando información sobre la ubicación del narcolaboratorio. De acuerdo con esa misma versión, habría avisado también a integrantes del grupo criminal asociado con Fausto Isidro Meza Flores, alias el Chapo Isidro, para que abandonaran el lugar antes de la llegada de las autoridades.
Se trata de acusaciones graves, que deben investigarse y probarse. No corresponde presentarlas como hechos judicialmente acreditados. Sin embargo, su contenido plantea una pregunta ineludible: ¿cómo pudo localizarse y desmantelarse una instalación de semejante dimensión sin que hubiera detenidos?
El operativo de El Pinal se desarrolló entre el 17 y el 19 de abril. La Fiscalía estatal informó que participaron alrededor de 80 elementos en el aseguramiento del laboratorio, mientras que las investigaciones posteriores se concentraron en la presencia de extranjeros, la coordinación del despliegue y las posibles omisiones de funcionarios. El regreso de la caravana terminó en tragedia: murieron dos agentes estadounidenses y dos integrantes de la corporación estatal.
La pregunta no es menor: si el objetivo era desmantelar una instalación de producción de drogas sintéticas, ¿quién tenía información previa sobre sus operadores?, ¿quién conocía los movimientos del grupo criminal?, ¿quién decidió cómo y cuándo ejecutar el operativo? Y, sobre todo, ¿qué sabía Zuany?
La investigación también necesita aclarar por qué el exfuncionario salió de México horas antes de que el convoy reanudara su marcha hacia El Pinal, según un reporte publicado por La Razón el 21 de octubre. Ese dato, por sí solo, no demuestra culpabilidad ni permite establecer que conociera de antemano el desenlace. Pero, unido a las demás circunstancias, exige una explicación puntual de las autoridades.
La detención de Zuany es, por ello, una pieza indispensable para reconstruir los hechos. Su posición jerárquica, sus contactos con los extranjeros y la información que pudo manejar durante la preparación del operativo lo convierten en un personaje central para esclarecer las responsabilidades.
Mientras César Jáuregui enfrenta un proceso penal y Zuany permanece prófugo, la investigación no puede reducirse a establecer quién firmó, quién omitió informar o quién permitió la presencia de agentes extranjeros. También debe determinar si hubo filtraciones, protección a grupos criminales o una operación que, por razones todavía no aclaradas, terminó sin detenidos y con cuatro muertos.
Si los señalamientos sobre una posible doble actuación de Zuany son falsos, la investigación debe descartarlos con pruebas. Si tienen fundamento, deben establecerse las responsabilidades penales correspondientes.
Lo que no puede ocurrir es que la ausencia del exfuncionario se convierta en la salida que deje sin respuesta las preguntas más delicadas del caso. Porque mientras Zuany no comparezca ante la justicia, seguirá faltando una pieza fundamental para saber qué ocurrió realmente en El Pinal y quiénes conocían la verdad desde el principio.
